AGENCIAS / L. G.
MADRID / A CORUÑA El Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO sellaron ayer un acuerdo nacional para propiciar una equiparación de las empleadas del hogar y los asalariados en el régimen general de la Seguridad Social. El pacto trata de corregir la falta de protección de un colectivo formado por 700.000 personas en España (más de 20.000 en Galicia) y damnificado por una legislación que, según opinión común de partidos y organizaciones sindicales, ha favorecido la economía informal y el empleo precario. Las principales mejoras acordadas atañen a la cotización y a la prestación por enfermedad. Queda sobre la mesa el acceso a la prestación por desempleo. Los cambios fueron incluidos mediante una enmienda al proyecto de ley de reforma de las pensiones, que el Gobierno logró aprobar ayer en el Congreso gracias al apoyo de CiU.
El acuerdo afecta a las 300.000 personas -mujeres en un 90% y en un 60% inmigrantes- que están de alta en el régimen especial de los empleados del hogar, pero potencialmente también alcanza a otros 400.000 que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), desempeñan trabajos domésticos sin cotizar. En Galicia hay 20.300 cotizantes (4.194 extranjeros), de los que 19.960 son mujeres. Pero puede haber muchas más personas que no constan en la Seguridad Social.
Ahora, los cambios acordados ayer determinan que deberá existir cotización y protección desde la primera hora de trabajo, con independencia del número total de horas y también de cuántos sean los hogares que empleen al trabajador.
Durante unos años se aplicará un sistema transitorio según el cual la base de cotización tendrá una escala de 15 tramos según los salarios percibidos y la cuota a pagar irá desde un mínimo de 19,84 euros al mes a un máximo 164,6 euros. Este modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y se dará un plazo de seis meses para que las empleadas y los hogares puedan adaptarse.
El citado régimen de cotizaciones funcionará hasta 2018. A partir de 2019 se completará la equiparación de la cotización de las empleadas del hogar con la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, destacó ayer el Ministerio de Trabajo.
Cuando una trabajadora afiliada al régimen especial se quede de baja por enfermedad la prestación por incapacidad temporal (enfermedad o accidente no laboral) la prestación correrá por cuenta del instituto público a partir del noveno día -y no del día 25 como ocurría hasta ahora-. Se atiende también otra reivindicación histórica: las empleadas del hogar deberán tener un contrato en el que como mínimo se estipulen las horas de trabajo, el salario y otras condiciones básicas.
El Gobierno introdujo además otras seis enmiendas fruto de la negociación con CiU para poder aprobar la reforma de las pensiones, que retrasa la edad legal de jubilación a los 67 años -aunque podrán retirarse a los 65 quienes hayan cotizado 38 años y medio-, y alarga el período de computo para calcular la pensión, de 15 a 25 años. Ningún otro grupo votó a favor de la norma: el PNV se abstuvo, y PP, ERC-IU-ICV y BNG votaron en contra. El dictamen del proyecto de ley pasa ahora al Senado.
Entre los principales cambios, destaca una enmienda que permite que las viudas, cuya base reguladora de la pensión subirá del 52% al 60%, no se vean perjudicadas fiscalmente. El Ejecutivo también se comprometió a aprobar en un año el desarrollo reglamentario de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia. Mientras que otra de las enmiendas establece ayudas a titulados académicos para subvencionar estancias de formación.
Gobierno, patronal y sindicatos se reunirán el próximo jueves para tratar alternativas al fondo de capitalización, también llamado modelo austriaco, después de que el Gobierno haya decidido aplazar su creación un año ante la falta de recursos.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo decidió prorrogar un año más el régimen transitorio del Fogasa previó a la constitución del fondo de capitalización a la vista de que sería "muy complejo" crear el fondo sin subir hasta 3 puntos porcentuales las cotizaciones de los empresarios -el equivalente a 7.300 millones-, algo que quedaba prohibido en la reforma laboral. La ministra de Economía, Elena Salgado, también puntualizó que ahora "no es buen momento" para elevar las cotizaciones.
El fondo es un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido o de movilidad geográfica para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
Rodríguez abrió la puerta a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sólo pague ocho días de indemnización en el caso de los contratos indefinidos con despidos procedentes, mientras que ahora cubre también los improcedentes, salvo los disciplinarios. Una opción que los sindicatos rechazan.
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