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Entre la explotación laboral y el trabajo forzoso: una línea difusa

CHIPATA, Zambia (OIT EnLínea) – Landilani tiene 22 años y es uno de los siete hijos de una familia de Mushoro, una aldea de Chiapata.

A la edad de 19 años, su padre organizó para que Landilani trabajará para una empresaria de Chipara, que había conocido porque iba a la aldea a comprar piedras preciosas. Cuando Landilani llegó a Chipara, su empleadora y él acordaron un salario de 150.000K mensuales.

Landilani se alojaba en el restaurante donde comía. Además, trabajaba como guardián para el restaurante. Sus deberes incluían barrer, limpiar, lavar los platos, regar las flores y trabajar en la granja.

Landilani trabajó durante tres meses en Chipata sin recibir salario, sólo apenas 10.000K para comprar indumentos. Más tarde, fue instigado a dejar el trabajo por el sobrino de la empleadora, que le prometió un trabajo en Katete. Landilani trabajó en la mina de piedras preciosas de su nuevo empleador durante dos semanas, antes de que lo transfirieran a un local nocturno donde trabajó dos años sin recibir remuneración.

Cuando Landilani comenzó a preguntar por el dinero, le dijeron que su trabajo había terminado y que otra persona había tomado su puesto. Le ofrecieron transporte hasta su aldea. Mientras tanto, el hermano menor de Landilani había sido reclutado por su primera empleadora en Chipata para reemplazarlo...

“Este caso demuestra cómo la vulnerabilidad de un joven puede ser explotada a través de promesas falsas, privándolo de su salario de manera sistemática y manteniéndolo en un empleo en contra de su voluntad. Pero en otros casos la línea entre la explotación laboral y el trabajo forzoso es menos nítida”, dijo Rogert Plant, jefe del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso.

Según el Convenio No. 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso, para calificar como víctima de trabajo forzoso, un trabajador debe estar imposibilitado de abandonar su trabajo a causa de una amenaza de castigo y debe realizar un trabajo en contra de su voluntad.

Según el nuevo Informe Global de la OIT, “El costo de la coacción”, “la mayoría de las veces, las personas víctimas del trabajo forzoso trabajan durante jornadas más largas y más días por semana que los trabajadores libres, a veces hasta 16 horas diarias y siete días por semana. Las horas extraordinarias no se retribuyen según tasas superiores a las correspondientes a las horas ordinarias de trabajo”.

Además de estar obligados a trabajar más horas por día, los “trabajos excesivos” incluyen a veces el trabajo de otros miembros de la familia, incluyendo los niños, que contribuyen a la producción de bienes y servicios sin recibir retribución alguna.

Durante los primeros meses de 2006, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Zambia solicitó ayuda a la OIT para determinar si existía trabajo forzoso en el país. El Ministerio estaba preocupado sobre todo por las actividades de algunos “intermediarios laborales” en el sector minero, que habían sido acusados de explotar a los trabajadores que colocaban reteniendo una parte consistente de los salarios bajo concepto de comisión.

Fueron analizadas 1.500 demandas laborales registradas por el Ministerio y la Comisión de Derechos Humanos a lo largo de 5 años, la gran mayoría de nacionales de Zambia. Las demandas estaban relacionadas sobre todo con la falta de pago de salarios y prestaciones de fin de contrato; amenazas de despido o despido si el trabajador se quejaba; engaño en cuanto al tipo de trabajo; retención de documentos personales; salarios excesivamente bajos; traslado a un lugar de trabajo distante, sin repatriación posterior; y condiciones de trabajo muy precarias. Algunos trabajadores no habían recibido salario durante varios meses y, en pocos casos, durante varios años.

Se vieron tres sectores en los cuales los trabajadores eran particularmente vulnerables a la explotación, debido a la naturaleza informal del trabajo o el uso de intermediarios en la contratación: minería, trabajo doméstico y agricultura. Ulteriores investigaciones de campo buscaron las interrelaciones entre migración, trata y trabajo forzoso.

“El gobierno de Zambia es pionero en enfrentar estos problemas que, por supuesto, afectan a muchos países de África y de otros continentes”, explicó Rogert Plant. “Estimularemos a otros países a seguir este ejemplo, a investigar y abordar los factores que empujan a mujeres, hombres y niños pobres a asumir riesgos que pueden desembocar en casos de trata o trabajo forzoso. Debemos poner fin a la impunidad de sus explotadores”.

Para combatir estos problemas, el gobierno de Zambia desarrolló una política anti trata y nuevas leyes, y estableció una comisión interinstitucional sobre el tráfico de seres humanos. Se están organizando servicios para las víctimas de la trata, como centros de acogida y asesoría. El ministerio de Trabajo y Seguridad Social está revisando las disposiciones legales e institucionales para la reglamentación de las agencias privadas de empleo, y fortaleciendo sus servicios de inspección laboral, una tarea difícil en un país de las dimensiones de Zambia.

“El trabajo forzoso es la antítesis del trabajo decente. Al transmitir su mensaje de manera clara, demostrar lo que puede hacerse e ilustrar las implicaciones políticas, la OIT puede ejercer un liderazgo mundial sobre el tema de los derechos humanos, que cada día despierta mayor preocupación en el mundo” concluyó Roger Plant.

From labour exploitation to forced labour: a fine line

CHIPATA, Zambia (ILO Online) – Landilani is a 22 year old boy of a family of seven children, from Mushoro village in Chipata.

At the age of 19, his father arranged for Landilani to be employed by a businesswoman he knew in Chipata who would come to their village buying gemstones. When he got to Chipata, Landilani and the employer agreed on a salary of K150,000 per month.

He was accommodated at a restaurant where he had his meals. He further served as the guard at this restaurant. His duties included sweeping, cleaning, washing plates, watering flowers, and work at the farm.

Landilani worked for three months in Chipata without receiving his salary apart from an occasional K10,000 to buy clothes. He was enticed to leave this employment by the nephew of the employer and promised a job in Katete. Landilani started out by working at his new employer’s gemstone mine for two weeks before he was moved on to a night club where he worked for two years without receiving a salary.

When Landilani started to ask his employer for his money he was told to stop work as another person had been recruited in his place. Landilani was offered transport to the village. In the meantime, Landilani’s younger brother had been recruited by his first employer in Chipata to replace him there….

“This case shows how the vulnerability of a young man can be exploited – through false promises, systematically depriving him of his wages and keeping him in a job against his free will. But in other cases, the line between labour exploitation and forced labour is less clear cut”, says Roger Plant, head of the ILO’s Special Action Programme to combat Forced Labour.

Under ILO Convention No.29 on Forced Labour, to qualify as a forced labourer, a worker must be unable to leave the job because of a menace of penalty and be doing a job against their free will.

According to the ILO’s new Global Report, The Cost of Coercion, “forced labourers typically work longer days and longer weeks than free workers, sometimes up to 16 hours a day for seven days a week. This overtime is not remunerated at a higher rate than regular working hours; at best forced labourers receive their usual hourly wage”.

In addition to the longer working hours, the “excessive work” sometimes includes the work of family members, including children, who contribute to the production of goods and services but receive no payment in return.

In early 2006, the Zambian Ministry of Labour and Social Security (MLSS) approached the ILO for help in determining whether forced labour existed in Zambia. The MLSS was concerned especially about the operations of some “labour brokers” in the mining sector, who were accused of exploiting the jobseekers they placed by retaining a significant portion of their wages as a fee.

An analysis was undertaken of some 1,500 labour complaints recorded at the Ministry and the Human Rights Commission over a 5 year period, almost all from Zambian nationals. Complaints related mainly to unpaid wages and terminal benefits; threats of dismissal, or dismissal if the worker complained; deception as to the nature of the work; withholding of personal documentation; excessively low wages; transportation to a distant work site and non-repatriation; and very poor conditions of service. Some workers had not been paid for months on end and, in a few instances, several years.

Three sectors emerged in which workers were particularly vulnerable to exploitation due to the informal nature of the work, or the use of intermediary labour contractors, namely: mining, domestic work and agriculture. Further field research sought to look into the interlinked issues of migration, trafficking and forced labour.

“The Government of Zambia has taken a lead in facing up to these issues which of course affect many countries in Africa and elsewhere”, explains Roger Plant. “We would encourage other countries to follow suit by looking into and addressing the factors which push poor women, men and children to take risks which might end in trafficking or forced labour. We must put an end to the impunity of their exploiters”.

To tackle the problems, the Government of Zambia has developed an anti-trafficking policy and new legislation, and set up an inter-agency committee on human trafficking. Services for victims of trafficking, such as shelters and counselling, are being set up. The MLSS is reviewing the legal and institutional provisions for the regulation of private employment agencies, and reinforcing its labour inspection services – a difficult task in a country the size of Zambia.

“Forced labour is the antithesis of decent work. By conveying its message clearly, demonstrating what can be done, and drawing the policy implications, the ILO can exercise global leadership on a human rights issue that is daily arousing more concern around the world”, concludes Roger Plant.