Los números bailan, pero la última estimación de la Encuesta de Población Activa sugiere que más de 800.000 hogares españoles cuentan con una persona trabajando como empleada en casa. En su inmensa mayoría se trata de mujeres extranjeras, buena parte de ellas en situación irregular.
No son trabajadoras como las demás. Sus jornadas pueden llegar a ser de 14 y 16 horas; no tienen derecho al paro; solo cobran sus bajas laborales a partir del segundo mes; y a menudo están sujetas a un mero contrato verbal. Cuando se trata de extranjeras, el miedo a perder el permiso de trabajo o a ser expulsadas las hace vulnerables a todo tipo de excesos, desde las jornadas abusivas hasta la retención de pasaportes por parte del empleador o el acoso sexual más o menos explícito. Las internas pueden recibir hasta un 30% de su salario en especie (comer y dormir en la casa en la que trabajan), lo que supone enviar a sus hogares menos de 300 euros limpios al mes.
Estos y otros mucho datos son parte de un informe que se hará público en las próximas semanas, realizado por los investigadores del programa Abriendo Mundos: mujeres migrantes, mujeres con derechos. Se trata de una iniciativa que trabaja con mujeres emigrantes de cuatro países andinos (Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador) facilitándoles información y orientación, recopilando buenas prácticas, apoyando sus esfuerzos de organización e influyendo en la reforma del Régimen Especial de Empleados del Hogar que se negocia desde hace algún tiempo. En su espacio web y en las reuniones presenciales las mujeres hablan y escuchan, comparten sus ilusiones y sus temores, desahogan la frustración de educar a unos hijos que están a miles de kilómetros de distancia.
Este es el testimonio de Mariela, una mujer colombiana que lleva tres años en España y que ha participado activamente en CEDOAC, organización que comparte causa con Abriendo Mundos:
Como este blog hablará a menudo de inmigración y políticas migratorias, es justo que ponga cuanto antes mis cartas sobre la mesa: historias como la de Mariela demuestran que el régimen migratorio que se aplica en España (y en casi cualquier otro país desarrollado, ya que estamos) no solo es inmoral, sino que también es idiota. La obsesión enfermiza por restringir el movimiento internacional de trabajadores es una invitación directa a la precariedad y la irregularidad (que en el conjunto de la UE podría superar los 10 millones de personas). Con ello se vulneran de forma sistemática los derechos civiles y laborales de centenares de miles de trabajadores y de paso se minimizan los beneficios del proceso para los países de origen y los países de destino. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, un importante think-tank ha calculado que la irregularidad de los inmigrantes supone al fisco más de 1.100 de euros anuales no ingresados.
La alternativa no es un modelo de puertas abiertas, pero sí un sistema mucho más flexible y menos atado a las miserias políticas de corto plazo. Un sistema que permita a los trabajadores llegar legalmente con más facilidad cuando existen oportunidades de empleo y retornar con incentivos cuando esas oportunidades desaparecen. Pero ningún incentivo es más eficaz que la posibilidad de volver a intentarlo en el futuro, precisamente un aspecto que se obstaculiza en la reciente reforma de la Ley de Extranjería, cuyo reglamento está a punto de entrar en vigor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario