LA MINISTRA Evelyn Matthei ha señalado la necesidad de generar mayores consensos a fin de incorporar a la agenda laboral reformas más de fondo. Entre éstas están las iniciativas que permitirían negociar al interior de las empresas diferentes jornadas de trabajo y modificar el régimen de indemnizaciones, que establece el pago de un mes por año a favor de los trabajadores que enfrentan un despido por causal imputable.
Se trata de temas en los cuales, a pesar de los esfuerzos realizados desde hace años, no ha sido posible lograr consensos políticos ni acuerdos entre las cúpulas sindicales y empresariales. Entre ellos está el intento realizado en la Comisión Meller, que, si bien logró acercar posiciones, en definitiva dejó las cosas en el punto de partida.
Un buen acuerdo en estas materias podría generar beneficios para todos. Hoy, con la legislación vigente, sólo existen perdedores.
En el caso de las jornadas de trabajo, la experiencia ha mostrado que transitar desde la jornada rígida obligatoria de 45 horas semanales distribuidas en 5 ó 6 días, a otra en donde se pueden establecer jornadas con mayor número de días de trabajo continuo, y así acumular como contrapartida más días de descanso, ha resultado exitosa para todos los involucrados. Esto ocurre en sectores como la minería y la construcción, cuando se trata de faenas que se desarrollan en lugares apartados. La experiencia de las llamadas jornadas excepcionales, especiales o flexibles en los centros mineros ha permitido potenciar la competitividad de las empresas, subir la productividad, reducir el número de horas trabajadas e incrementar las remuneraciones, entre otros beneficios. Los propios trabajadores las respaldan, al percibirlas como un factor que genera trabajos de mejor calidad.
En el caso de las indemnizaciones por años de servicio, el estado vigente es perjudicial para todos. La Dirección del Trabajo estima que menos del 10% de los trabajadores despedidos recibe el beneficio. Asimismo, estudios demuestran que el diseño estimula a los trabajadores a reducir su productividad con el propósito de ser despedidos y así acceder al pago del beneficio. Por otra parte, genera un estímulo adverso a subir las remuneraciones, pues ello incrementa los pasivos de las empresas.
Existe una experiencia muy exitosa. Años atrás, el Congreso consensuó una modalidad diferente para devengar el pago de las indemnizaciones en el caso de las nanas que prestan servicio doméstico en los hogares, las que, a esa fecha, prácticamente no recibían pago al momento del despido. Hoy, gracias a ese acuerdo político, ellas reciben a todo evento el equivalente a medio sueldo por año, independiente sean despedidas o cambien de trabajo voluntariamente. De ser, en esta materia, las trabajadoras más discriminadas, pasaron a una posición de vanguardia.
Un buen consenso en materias como jornadas e indemnizaciones podría potenciar la productividad laboral, ampliar el espacio de negociación de los trabajadores, reducir el trabajo informal y lograr ganancias de competitividad que permitan a las empresas competir mejor, expandirse, ofrecer mejores condiciones laborales y entregar mayor estabilidad en el empleo.
Andrés Concha
SOFOFA
El efecto perverso de provocarse el despido para acceder a las indemnizaciones se ve estimulado, por un lado, por la reforma procesal que ha reducido drásticamente la duración de los juicios y, por el otro, por el buen desempeño de la defensoría laboral pública, que se impone en los juicios debido al hecho que la gran mayoría de los empresarios carece de asesoría legal al momento de decidir y ejecutar el despido, lo que hace muy dificil la defensa.
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