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La informalidad laboral resulta hoy una categoría conceptual primaria en la interpretación de los mercados de trabajo en los países en desarrollo.

El fenómeno supone la proliferación de puestos de trabajo sujetos a una mayor inestabilidad, fuertemente penalizados por ingreso y con escaso o nulo nivel de protección laboral y social, características que, con mayor o menor intensidad, afectan hoy a más de la mitad de los ocupados en la Argentina.

Aun cuando se mantienen algunos debates en torno a cuáles serían sus atributos definitorios, existe un acuerdo más o menos amplio que destaca la incapacidad estructural en nuestro país de generar suficientes oportunidades de empleo de calidad, más evidente a partir del paulatino abandono del modelo sustitutivo a mediados de los ’70.

Distintos episodios de apertura comercial, atraso cambiario y retracción del Estado en distintas esferas que se sucedieron desde entonces hasta la crisis de fines de 2001 pusieron de manifiesto las fuertes brechas de competitividad que nos separaban del mundo industrializado. Su compensación fue el más profundo deterioro de capacidades sociales del que se tenga memoria, con varios canales de transmisión.

En primer lugar, la creciente valorización financiera fue desplazando a la producción de bienes industriales como el eje central de la actividad económica, desatando una continua reestructuración del tejido productivo en detrimento de eslabones productivos intermedios principalmente orientados al mercado interno, que fueron afectados a la vez por el abaratamiento de las importaciones.

En segundo lugar, y asociado a lo anterior, muchas firmas sin capacidad de fijar precios quedaron atadas a una lógica perversa en la que el salario aparecía como única forma de ajuste en sus costos de producción, lo que derivó en una caída tendencial en los niveles de empleo pleno y de los salarios reales, afectando la distribución de ingresos en detrimento de las empresas de menor tamaño y de la clase trabajadora.

Sobre esta base, se verificaron asimismo dos trayectorias principales hacia la informalidad. Por un lado, se fue generando un estrato de ocupaciones cuya lógica parecía responder a la subsistencia, ante la falta de oportunidades de empleo a niveles adecuados de productividad. Por otro lado, y como estrategia de reducción de costos de muchas firmas, se dio una creciente tercerización de las actividades sujetas a una mayor competencia hacia establecimientos más pequeños, con menor visibilidad y mayor capacidad de recurrir a la informalidad. Esta reorganización de la producción, que responde incluso a una lógica global de división del trabajo, derivó en una fuerte fragmentación de los procesos productivos, afectando asimismo las relaciones entre los distintos eslabones de una misma cadena.

El correlato de esta particular interacción entre macro, meso y microeconomía abierta desde el ocaso de la industrialización por sustitución de importaciones ha sido en definitiva una dramática alteración no sólo de la estructura económica sino también de la ocupacional y social: el PBI per cápita prácticamente no creció (promedió el 0,2% durante 25 años), el desempleo subió del 4,7% al 24,3%, la distribución del ingreso se deterioró sistemáticamente (el ratio entre el decil más rico y el más pobre se amplió de 8 a 33 veces) y la incidencia de la pobreza saltó del 5 al 37% de los hogares. El marco: un persistente proceso de extranjerización y concentración en la generación de valor agregado. Todo esto generó círculos viciosos de subdesarrollo. El desenlace se puso de manifiesto a fines de 2001, con la crisis socioeconómica más aguda de la historia argentina.

Rupturas y continuidades. Con el cambio de patrón de crecimiento económico en la Argentina a partir de 2002 se desató un proceso de elevado crecimiento económico con generación de empleo y paulatina recuperación salarial en términos reales, primero en los tramos formales de actividad y luego en los informales, traccionados por la recuperación de instituciones como el salario mínimo y la negociación colectiva.

De forma subyacente, se produce una recuperación –de forma heterogénea y no sin problemas– del entramado pyme industrial hacia dentro de numerosos complejos de producción, con mejores resultados que el promedio en elementos clave como innovación, valor agregado y complementariedades. Esto ha supuesto una reversión de las tendencias previas, con particular intensidad en lo que se refiere a la informalidad laboral hacia dentro del sector industrial.

Comienza asimismo un paulatino cierre de brechas sociales luego de más de 25 años de deterioro, el cual sirvió además para dinamizar la demanda agregada, de vital importancia para captar economías de escala en contextos de oferta elástica de factores.

Dada esta nueva realidad, una breve digresión respecto de las condiciones de sustentabilidad dinámica de este proceso, en particular por los efectos que pueda tener la creciente puja distributiva tanto entre trabajo y capital como hacia dentro de este último. La cuestión remite nuevamente al grado de desarrollo de la estructura productiva de nuestro país, que presenta aún una fuerte dominancia de actividades con bajo valor agregado (promedio u$s700 por tonelada exportada) y una fuerte propensión a importar (con un valor cercano a los u$s1.800 por tonelada), en las que muchas firmas y sectores transitan un sendero inestable de producción local exacerbado por la suba de costos y la apreciación cambiaria. En este marco, vuelven a emerger las contradicciones entre rentabilidad y salarios, particularmente en aquellos establecimientos de menor productividad.

Dada las interacciones que existen entre tipo de cambio real (como motor de la competitividad precio de la economía), capacidad de acumulación y reconversión productiva, las tramas con mayor debilidad relativa reciben de forma más intensa los efectos del cierre de la protección cambiaria, cercenando sus posibilidades de inversión y tránsito hacia la formalidad.

Son varios los desafíos que se presentan en el camino de reducir la fuerte incidencia de la ocupación informal en la economía argentina, los que se vuelven más acuciantes hacia el interior de micro y pequeñas empresas con bajos niveles de productividad y escaso acceso a todo tipo de recursos, sean económicos o técnicos. La pregunta del millón: ¿cómo lograr que sostengan un sendero de inversión que mejore su productividad y les permita competir sobre la base del conocimiento y no de bajos salarios?

Un principio de respuesta supone un complejo proceso en el que se entremezclan cuestiones macro (en particular una macroeconomía que garantice la acumulación de capital reproductivo y desaliente la especulación, la fuga de capitales y las actividades rentísticas), institucionales (en materia de infraestructura, innovación, educación) y de fuerte apoyo hacia actividades que propicien la sustitución de importaciones, la generación y difusión de innovaciones y el desarrollo de complementariedades, dados sus efectos en términos de demanda (reduciendo la propensión a importar) como de oferta (externalidades, economías de aglomeración, especialización).

Estas premisas aparecen como el eje de gravitación para la transformación paulatina del patrón de inserción externa, la estructura del empleo y la matriz distributiva. Sin embargo, el concepto mismo de cambio estructural conlleva importantes consideraciones en el campo de la economía política, requiriendo de una acción deliberada del Estado para suplir la ausencia de inversión privada, corregir eventuales desajustes distributivos en detrimento de los sectores más postergados y velar por el cumplimiento de objetivos de productividad pactados previamente.

La transición hacia estos esquemas globales de política no es sencilla. Los conflictos que pueden sucederse entre los derechos, recursos, patrones distributivos y diseños institucionales muestran la necesidad de profundizar las instancias de diálogo social que consagren un proyecto de país social y territorialmente integrado.

* Economista y miembro del Departamento de Empleo y Política Social de la SID - capítulo Buenos Aires.