Florida no seguirá los pasos de Arizona. Al menos, por este año. El intento de sacar adelante una ley de inmigración sobre los indocumentados fracasó en el Congreso de Tallahassee por falta de acuerdo y tiempo. Ninguno de los dos proyectos de ley planteados se llegó a votar en el último día hábil del periodo legislativo y ambos murieron en la orilla pese a que uno de ellos había sido aprobado por el Senado dos días antes.
Los republicanos más conservadores no pudieron sacar adelante bajo ninguna formulación una ley que criminalizaría a los sin papeles. El proyecto HB7089 permitiría a la policía verificar la situación migratoria de cualquier individuo alegando simplemente "una sospecha razonable". Pero el hecho de que concurriera con el SB2040 -aprobado el miércoles en el Senado y mucho más suave porque no autorizaba a identificar a los inmigrantes con el sistema federal E-Verify- anunciaba el principio del fin. Pronto se impuso la imposibilidad de reunir ambos proyectos en una sola ley, la confirmación de una derrota para el gobernador, Rick Scott, en su vasta guerra conservadora y radical. Scott, sin embargo, tardó poco en anunciar que volverá a intentarlo en 2012.
La alegría fue enorme en los miles de activistas que presionaron los últimos días por todo el Estado para impedir que prosperara la ley. Tuvieron que sufrir en una tensa espera durante todo el día y sabiendo que nada estará ganado hasta que se apruebe en Washington una ley federal. "Yo es lo que prefiero, que al menos haya una ley para saber a qué atenerme", dijo Jorge, un peruano lavacoches ya cansado de amenazas y que tiene sus papeles encaminados, pero sigue en situación ilegal. "Entonces veré lo que puedo hacer".
El daño que podía suponer un paso así lo había resumido días antes con gesto compungido el alcalde de Miami, Tomás Regalado: "La idea que va a tener todo el mundo es que Florida se ha convertido en otra Arizona, aunque los detalles sean distintos".
El rechazo ya era nacional. Varias organizaciones hispanas y defensoras de los derechos civiles anunciaron el martes su intención de boicotear a Florida. Señalaron que actuarían con cautela para no perjudicar a los ciudadanos que representan, pero hicieron hincapié en que no se quedarían de brazos cruzados
Los indocumentados trabajan en su mayoría en la agricultura, la construcción y los puestos menos codiciados de la industria turística por sueldos ínfimos de cinco o seis dólares la hora que casi ningún trabajador con papeles aceptaría.
Un estudio hecho por el Congreso de Estados Unidos indicó ayer que apenas la mitad de los 11 millones de "sin papeles" que se calcula que viven en el país entraron de forma ilegal. La otra mitad simplemente no lo abandonó al caducar sus visados de trabajo.
Temor entre los 'sin papeles
El temor a que pasara la ley se mantuvo hasta el último momento. Existía el precedente del Senado, pues el proyecto SB2040 se aprobó a toda prisa cuando parecía lo contrario tras quedar gravemente tocado. Incluso su promotor final, J. D. Alexander, votó en contra. Algo insólito que explicó con un discurso muy sentimental: "Es fácil hablar de esto en el bar o en otro sitio, pero cuando uno mira a los ojos de las personas y siente que respiran y viven como nosotros, hay que pensarlo con mucho cuidado". Alexander tiene una empresa de cítricos y emplea a inmigrantes. Buen ejemplo de navegación entre dos aguas, la presión política y la de los indocumentados.
Todo sucedió en dos días finales de legislatura con un maratón de leyes impulsadas por la mayoría conservadora y un recorte en el presupuesto. Desde poner más trabas burocráticas a los nuevos votantes (una iniciativa con el mismo aroma antiinmigrante) hasta la reducción de ayudas a la educación pública con la apertura de puertas a la enseñanza privada. Desde la obligatoriedad de pasar exámenes de adicciones a drogas a los que reciben asistencia social y subir los seguros de las propiedades hasta poner limitaciones al aborto, lo que llegó a indignar a las propias senadoras republicanas. "Menos intervencionismo moral y más soluciones a la crisis económica", llegó a resumir una de ellas.
Bill Snyder, el promotor del proyecto de ley HB7089, ya era un viejo militante contra los indocumentados. También acompañó al fiscal general Bill McCollum en su fracasada campaña para ser gobernador del Estado en noviembre. McCollum, que parecía un moderado republicano, se desmadró al presentar en agosto una ley similar a la de ahora, estilo Arizona. Fue un claro ejemplo de oportunismo político que le salió mal. Apostó por la marca Snyder y tres meses después fue derrotado. Le venció Rick Scott con sus planes empresariales pero el mismo espíritu antiinmigrante que coló y caló en el fragor del Tea Party radical. "Manos a la obra, traigamos la ley de Arizona a la Florida ahora", llegó a decir a sus partidarios. Por eso, en cuanto ganó, recuperó al insaciable Snyder. El expolicía y azote de los sin papeles justificó su proyecto con argumentos muy particulares: "Es un asunto de dignidad y derechos humanos para los propios inmigrantes, pues al estar indocumentados no tienen derechos, viven con miedo y en condiciones precarias".
Enfado hispano
Los senadores hispanos republicanos mostraron ya su enfado el miércoles con la aprobación del primer proyecto de ley sin debates pese a tratarse de una jugada de su propio partido. Incluso anteriormente habían consignado por escrito su postura contraria: "La inmigración ilegal es un serio problema para Florida y Estados Unidos. Entendemos la necesidad de aprobar una reforma", señalaron, "pero lamentablemente los proyectos planteados no son soluciones sensatas. No apoyamos una legislación tipo Arizona que tiene un gran poder para perfilar un cierto grupo de individuos y dar la posibilidad de garantizar sus arrestos. Apreciamos las intenciones de los patrocinadores de los proyectos pero entendemos que no servirán en el futuro y para nuestros fines sin marcar racialmente y hostigar a un cierto segmento de la población". A esta nota se adhirió Anitere Flores, la senadora que empezó a promover el proyecto SB2040 entre críticas de traición, que trató de suavizarlo, y acabó sustituida y mal con todos.
Desde ese día, además de la presión directa en Tallahassee, se inició otra en Miami para evitar el disgusto definitivo en el Congreso. Un grupo de activistas acampó delante de las oficinas del congresista Gregorio López Cantera, líder de la mayoría republicana. El representante declaró desde la misma sede gubernamental en Tallahassee que la ley no saldría adelante porque no contaba con los 80 votos necesarios, es decir, los dos tercios de la Cámara Baja. Entre los desertores hispanos de la mayoría y los demócratas hubiesen sumado más de 40.
La Casa Blanca anunció ayer que Barack Obama estará el martes en Texas. Allí hablará sobre inmigración en El Paso, ciudad fronteriza con México. Será en el fragor de otro debate legislativo estatal sobre los sin papeles. En la agenda del presidente han abundado en las últimas semanas reuniones y renovación de promesas sobre una reforma federal. Como hizo en Miami hace una semana. Pero si no se llevó adelante nada en Washington con mayoría demócrata parece un tanto difícil ahora con el dominio republicano. Primero, según creen activistas pragmáticos, debería aprobarse la ley del Dream Act - que fue rechazada hace unos meses- para regularizar a los hijos de indocumentados.
Los republicanos más conservadores no pudieron sacar adelante bajo ninguna formulación una ley que criminalizaría a los sin papeles. El proyecto HB7089 permitiría a la policía verificar la situación migratoria de cualquier individuo alegando simplemente "una sospecha razonable". Pero el hecho de que concurriera con el SB2040 -aprobado el miércoles en el Senado y mucho más suave porque no autorizaba a identificar a los inmigrantes con el sistema federal E-Verify- anunciaba el principio del fin. Pronto se impuso la imposibilidad de reunir ambos proyectos en una sola ley, la confirmación de una derrota para el gobernador, Rick Scott, en su vasta guerra conservadora y radical. Scott, sin embargo, tardó poco en anunciar que volverá a intentarlo en 2012.
La alegría fue enorme en los miles de activistas que presionaron los últimos días por todo el Estado para impedir que prosperara la ley. Tuvieron que sufrir en una tensa espera durante todo el día y sabiendo que nada estará ganado hasta que se apruebe en Washington una ley federal. "Yo es lo que prefiero, que al menos haya una ley para saber a qué atenerme", dijo Jorge, un peruano lavacoches ya cansado de amenazas y que tiene sus papeles encaminados, pero sigue en situación ilegal. "Entonces veré lo que puedo hacer".
El daño que podía suponer un paso así lo había resumido días antes con gesto compungido el alcalde de Miami, Tomás Regalado: "La idea que va a tener todo el mundo es que Florida se ha convertido en otra Arizona, aunque los detalles sean distintos".
El rechazo ya era nacional. Varias organizaciones hispanas y defensoras de los derechos civiles anunciaron el martes su intención de boicotear a Florida. Señalaron que actuarían con cautela para no perjudicar a los ciudadanos que representan, pero hicieron hincapié en que no se quedarían de brazos cruzados
Los indocumentados trabajan en su mayoría en la agricultura, la construcción y los puestos menos codiciados de la industria turística por sueldos ínfimos de cinco o seis dólares la hora que casi ningún trabajador con papeles aceptaría.
Un estudio hecho por el Congreso de Estados Unidos indicó ayer que apenas la mitad de los 11 millones de "sin papeles" que se calcula que viven en el país entraron de forma ilegal. La otra mitad simplemente no lo abandonó al caducar sus visados de trabajo.
Temor entre los 'sin papeles
El temor a que pasara la ley se mantuvo hasta el último momento. Existía el precedente del Senado, pues el proyecto SB2040 se aprobó a toda prisa cuando parecía lo contrario tras quedar gravemente tocado. Incluso su promotor final, J. D. Alexander, votó en contra. Algo insólito que explicó con un discurso muy sentimental: "Es fácil hablar de esto en el bar o en otro sitio, pero cuando uno mira a los ojos de las personas y siente que respiran y viven como nosotros, hay que pensarlo con mucho cuidado". Alexander tiene una empresa de cítricos y emplea a inmigrantes. Buen ejemplo de navegación entre dos aguas, la presión política y la de los indocumentados.
Todo sucedió en dos días finales de legislatura con un maratón de leyes impulsadas por la mayoría conservadora y un recorte en el presupuesto. Desde poner más trabas burocráticas a los nuevos votantes (una iniciativa con el mismo aroma antiinmigrante) hasta la reducción de ayudas a la educación pública con la apertura de puertas a la enseñanza privada. Desde la obligatoriedad de pasar exámenes de adicciones a drogas a los que reciben asistencia social y subir los seguros de las propiedades hasta poner limitaciones al aborto, lo que llegó a indignar a las propias senadoras republicanas. "Menos intervencionismo moral y más soluciones a la crisis económica", llegó a resumir una de ellas.
Bill Snyder, el promotor del proyecto de ley HB7089, ya era un viejo militante contra los indocumentados. También acompañó al fiscal general Bill McCollum en su fracasada campaña para ser gobernador del Estado en noviembre. McCollum, que parecía un moderado republicano, se desmadró al presentar en agosto una ley similar a la de ahora, estilo Arizona. Fue un claro ejemplo de oportunismo político que le salió mal. Apostó por la marca Snyder y tres meses después fue derrotado. Le venció Rick Scott con sus planes empresariales pero el mismo espíritu antiinmigrante que coló y caló en el fragor del Tea Party radical. "Manos a la obra, traigamos la ley de Arizona a la Florida ahora", llegó a decir a sus partidarios. Por eso, en cuanto ganó, recuperó al insaciable Snyder. El expolicía y azote de los sin papeles justificó su proyecto con argumentos muy particulares: "Es un asunto de dignidad y derechos humanos para los propios inmigrantes, pues al estar indocumentados no tienen derechos, viven con miedo y en condiciones precarias".
Enfado hispano
Los senadores hispanos republicanos mostraron ya su enfado el miércoles con la aprobación del primer proyecto de ley sin debates pese a tratarse de una jugada de su propio partido. Incluso anteriormente habían consignado por escrito su postura contraria: "La inmigración ilegal es un serio problema para Florida y Estados Unidos. Entendemos la necesidad de aprobar una reforma", señalaron, "pero lamentablemente los proyectos planteados no son soluciones sensatas. No apoyamos una legislación tipo Arizona que tiene un gran poder para perfilar un cierto grupo de individuos y dar la posibilidad de garantizar sus arrestos. Apreciamos las intenciones de los patrocinadores de los proyectos pero entendemos que no servirán en el futuro y para nuestros fines sin marcar racialmente y hostigar a un cierto segmento de la población". A esta nota se adhirió Anitere Flores, la senadora que empezó a promover el proyecto SB2040 entre críticas de traición, que trató de suavizarlo, y acabó sustituida y mal con todos.
Desde ese día, además de la presión directa en Tallahassee, se inició otra en Miami para evitar el disgusto definitivo en el Congreso. Un grupo de activistas acampó delante de las oficinas del congresista Gregorio López Cantera, líder de la mayoría republicana. El representante declaró desde la misma sede gubernamental en Tallahassee que la ley no saldría adelante porque no contaba con los 80 votos necesarios, es decir, los dos tercios de la Cámara Baja. Entre los desertores hispanos de la mayoría y los demócratas hubiesen sumado más de 40.
La Casa Blanca anunció ayer que Barack Obama estará el martes en Texas. Allí hablará sobre inmigración en El Paso, ciudad fronteriza con México. Será en el fragor de otro debate legislativo estatal sobre los sin papeles. En la agenda del presidente han abundado en las últimas semanas reuniones y renovación de promesas sobre una reforma federal. Como hizo en Miami hace una semana. Pero si no se llevó adelante nada en Washington con mayoría demócrata parece un tanto difícil ahora con el dominio republicano. Primero, según creen activistas pragmáticos, debería aprobarse la ley del Dream Act - que fue rechazada hace unos meses- para regularizar a los hijos de indocumentados.
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