Madrid, 29 Abr (Notimex).- El gobierno español aprobó hoy un plan para regularizar la situación de trabajadores que están en la economía informal, el cual incluye incentivos para aflorar trabajo no declarado, endurece las sanciones y el control por las autoridades.
El Consejo de Ministros del gobierno español autorizó el plan que estará en vigor hasta el 31 de julio de este año.
Consideró que hay efectos negativos para el mercado laboral por los empleos que crea la economía informal, conocida en España como "sumergida", ya que carece de un registro fiscal y no inscribe a los trabajadores en la seguridad social.
Entre esos efectos, el plan refiere "la competencia desleal respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, así como para las posibilidades de recuperación económica y de logro de objetivos nacionales de reducción del déficit público".
La medida abre un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular, hasta el 31 de julio de 2011, en el que las empresas que decidan hacerlo de manera voluntaria deberán registrar el alta de los trabajadores en la seguridad social dentro del plazo señalado.
Tras ese plazo, se aplicarán sanciones administrativas en los casos detectados de empleo "sumergido".
Las sanciones serán aplicadas tanto a las empresas como a los trabajadores que hayan reportado solicitud de subsidio por desempleo y a la vez trabajen sin haber declaro nuevo empleo.
En el caso de las empresas que tengan trabajadores sin darlos de alta, las multas suben de los actuales 626 euros a seis mil 250 euros (de unos 920 a casi nueve mil 200 dólares), y de tres mil 126 a 10 mil euros (de más de cuatro mil 500 dólares a unos 14 mil 500 dólares).
Para los trabajadores que cobren prestaciones por desempleo y otras y a la vez trabajen de forma "sumergida", las multas son de los actuales seis mil 251 a 187 mil 515 euros (casi nueve mil 200 a 270 mil dólares), y de 10 mil a 187 mil 515 euros (unos 14 mil 500 a 270 mil dólares).
Para ello, la norma establece un "endurecimiento de las sanciones administrativas relacionadas con las conductas fraudulentas de empleo irregular o sumergido en sus distintas variantes o modalidades".
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