Los principales problemas de la economía española se pueden resumir en tres déficit estructurales: un déficit comercial que es el más elevado del mundo desarrollado; un déficit de servicios sociales que coloca a España en el pelotón de la semiperiferia europea, junto a Rumanía, Bulgaria, Lituania y similares; y un déficit de empleos que se traduce en las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea.
Ninguno de estos problemas deriva ni del cierre de la financiación internacional del endeudamiento de familias y empresas, ni del estallido de la burbuja especulativa de la construcción. Por tanto, no es con los 150.000 millones de euros destinados a avalar y rescatar bancos y cajas de ahorros ni mediante los 11.000 millones para obras públicas municipales como se van a resolver los males de la economía española. Tampoco, por supuesto, aplicando las recetas neoliberales consistentes en debilitar la protección de los trabajadores frente al despido, reducir las pensiones de los que se jubilan y disminuir los ingresos fiscales.
En estos momentos, el sector privado se muestra incapaz de generar empleo, y a los empresarios desde la patronal, y a sus coadjutores desde la academia, sólo les preocupa, ante una demanda en retroceso, abaratar el despido y las contrataciones, y reducir el salario indirecto para intentar mantener su tasa de ganancias a costa de los salarios.
Sólo la actuación del sector público puede ser eficaz ante el marasmo en que ha sumido a los mercados el 'laissez faire' practicado durante años en materia de finanzas y edificación. Pero no cualquier intervención es válida en las actuales circunstancias. Se precisa sobre todo de actuaciones que afronten directamente los tres desequilibrios señalados al principio.
Y siendo cierto que la mejor política pública de empleo es una política de empleo público, es mediante el desarrollo de las políticas de protección social como se puede contribuir a resolver, en una sola actuación, la gran cuestión de la economía española: ¿Cómo aumentar a corto plazo el empleo y el consumo, sin deteriorar la balanza de pagos -ni, por supuesto, el déficit fiscal-?
caso sea necesario recordar desde Euskadi que en las sucesivas recesiones soportadas en la primera mitad de los 80, o en los años 1992-94, esta comunidad autónoma se comportó mejor, o menos mal que el resto, precisamente por el mayor peso de la Administración tanto en términos de empleo como de demanda agregada. Y la autonomía fiscal, con una mejor supervisión de la evasión fiscal y el fraude (aunque todavía lejos del óptimo), hizo viable esa política que, a la postre, fue también una política de empleo, aunque nunca se planteara como tal.
En la presente coyuntura, actuar para mejorar el excedente bruto empresarial por la vía de la reducción de los costes salariales es un error, porque el efecto negativo sobre el consumo será doble: ya que los empresarios no están por la labor de aumentar las inversiones, los mayores ingresos sólo irán al ahorro -es decir, al colchón del empresario o al del banquero, que tampoco quiere dar créditos- o al consumo empresarial. Y dado que los propietarios tienen una tendencia mucho mayor a consumir productos importados que los asalariados, el déficit por cuenta corriente seguirá tan campante.
Por el contrario, una política de mejora de la recaudación fiscal, y destinar los ingresos fiscales a la creación de empleo en servicios sociales y en otros déficits estructurales como la sanidad y sobre todo la educación, mejorará el empleo, el bienestar general de la población y la productividad de la economía española. Situarnos con un nivel de servicios sociales proporcional a la media de la Eurozona requeriría crear no menos de 1,2 millones de empleos en servicios sociales y otros 300.000 en sanidad y educación. Esos nuevos empleos activarían en gran medida la demanda. Y como los salarios en el sector de servicios sociales no son especialmente elevados, ni la inversión en la generación de esos empleos ni los salarios de esos nuevos trabajadores repercutirían negativamente en la balanza comercial.
Por lo tanto, dos cambios de rumbo de gran calado: por la vía de los ingresos, abandonar la tendencia actual al excesivo endeudamiento y acudir a una política fiscal más activa. Es intolerable desde una perspectiva democrática que la recaudación fiscal haya caído hasta un 25% en algunas comunidades autónomas, cuando la economía no se ha reducido más de un 5%. Si las haciendas no actúan contra la tendencia a sumergir actividades productivas, se afianzará el modelo tercermundista de la economía informal. Pero también reforma fiscal: no se entiende, por ejemplo, por qué la progresividad del impuesto de la renta se detiene en los 62.000 euros anuales, cuando son varios cientos de miles los contribuyentes cuyos ingresos superan esa cifra tres o cuatro veces.
Y por la vía del gasto, pasar de intentar crear empleo mediante la reanimación del endeudamiento doméstico de familias y empresas, o por medio de la generación de empleos de coyuntura en obras públicas, y acometer de una vez la modernización del sector público, que significa fundamentalmente una expansión de su presencia en la actividad económica, con un liderazgo claro en la mejora de la protección y el bienestar de los ciudadanos. La gran incógnita es si hay espacio en la política española para Robin Hood o sólo les está permitido jugar a quienes asumen el papel del sheriff de Nottingham. O, en términos menos épicos, si existe hoy en España un equivalente a Franklin D. Roosevelt, o estaremos condenados a tener que elegir entre un remedo de Herbert C. Hoover (el presidente que creía que la crisis del 29 era pasajera) y otro de Calvin Coolidge (el presidente de la reducción del Estado y de los impuestos en puertas de la crisis mundial).
JOAQUÍN ARRIOLA PROFESOR DE ECONOMÍA POLÍTICA DE LA UPV-EHU Y MIEMBRO DE BAKEAZ
Ninguno de estos problemas deriva ni del cierre de la financiación internacional del endeudamiento de familias y empresas, ni del estallido de la burbuja especulativa de la construcción. Por tanto, no es con los 150.000 millones de euros destinados a avalar y rescatar bancos y cajas de ahorros ni mediante los 11.000 millones para obras públicas municipales como se van a resolver los males de la economía española. Tampoco, por supuesto, aplicando las recetas neoliberales consistentes en debilitar la protección de los trabajadores frente al despido, reducir las pensiones de los que se jubilan y disminuir los ingresos fiscales.
En estos momentos, el sector privado se muestra incapaz de generar empleo, y a los empresarios desde la patronal, y a sus coadjutores desde la academia, sólo les preocupa, ante una demanda en retroceso, abaratar el despido y las contrataciones, y reducir el salario indirecto para intentar mantener su tasa de ganancias a costa de los salarios.
Sólo la actuación del sector público puede ser eficaz ante el marasmo en que ha sumido a los mercados el 'laissez faire' practicado durante años en materia de finanzas y edificación. Pero no cualquier intervención es válida en las actuales circunstancias. Se precisa sobre todo de actuaciones que afronten directamente los tres desequilibrios señalados al principio.
Y siendo cierto que la mejor política pública de empleo es una política de empleo público, es mediante el desarrollo de las políticas de protección social como se puede contribuir a resolver, en una sola actuación, la gran cuestión de la economía española: ¿Cómo aumentar a corto plazo el empleo y el consumo, sin deteriorar la balanza de pagos -ni, por supuesto, el déficit fiscal-?
caso sea necesario recordar desde Euskadi que en las sucesivas recesiones soportadas en la primera mitad de los 80, o en los años 1992-94, esta comunidad autónoma se comportó mejor, o menos mal que el resto, precisamente por el mayor peso de la Administración tanto en términos de empleo como de demanda agregada. Y la autonomía fiscal, con una mejor supervisión de la evasión fiscal y el fraude (aunque todavía lejos del óptimo), hizo viable esa política que, a la postre, fue también una política de empleo, aunque nunca se planteara como tal.
En la presente coyuntura, actuar para mejorar el excedente bruto empresarial por la vía de la reducción de los costes salariales es un error, porque el efecto negativo sobre el consumo será doble: ya que los empresarios no están por la labor de aumentar las inversiones, los mayores ingresos sólo irán al ahorro -es decir, al colchón del empresario o al del banquero, que tampoco quiere dar créditos- o al consumo empresarial. Y dado que los propietarios tienen una tendencia mucho mayor a consumir productos importados que los asalariados, el déficit por cuenta corriente seguirá tan campante.
Por el contrario, una política de mejora de la recaudación fiscal, y destinar los ingresos fiscales a la creación de empleo en servicios sociales y en otros déficits estructurales como la sanidad y sobre todo la educación, mejorará el empleo, el bienestar general de la población y la productividad de la economía española. Situarnos con un nivel de servicios sociales proporcional a la media de la Eurozona requeriría crear no menos de 1,2 millones de empleos en servicios sociales y otros 300.000 en sanidad y educación. Esos nuevos empleos activarían en gran medida la demanda. Y como los salarios en el sector de servicios sociales no son especialmente elevados, ni la inversión en la generación de esos empleos ni los salarios de esos nuevos trabajadores repercutirían negativamente en la balanza comercial.
Por lo tanto, dos cambios de rumbo de gran calado: por la vía de los ingresos, abandonar la tendencia actual al excesivo endeudamiento y acudir a una política fiscal más activa. Es intolerable desde una perspectiva democrática que la recaudación fiscal haya caído hasta un 25% en algunas comunidades autónomas, cuando la economía no se ha reducido más de un 5%. Si las haciendas no actúan contra la tendencia a sumergir actividades productivas, se afianzará el modelo tercermundista de la economía informal. Pero también reforma fiscal: no se entiende, por ejemplo, por qué la progresividad del impuesto de la renta se detiene en los 62.000 euros anuales, cuando son varios cientos de miles los contribuyentes cuyos ingresos superan esa cifra tres o cuatro veces.
Y por la vía del gasto, pasar de intentar crear empleo mediante la reanimación del endeudamiento doméstico de familias y empresas, o por medio de la generación de empleos de coyuntura en obras públicas, y acometer de una vez la modernización del sector público, que significa fundamentalmente una expansión de su presencia en la actividad económica, con un liderazgo claro en la mejora de la protección y el bienestar de los ciudadanos. La gran incógnita es si hay espacio en la política española para Robin Hood o sólo les está permitido jugar a quienes asumen el papel del sheriff de Nottingham. O, en términos menos épicos, si existe hoy en España un equivalente a Franklin D. Roosevelt, o estaremos condenados a tener que elegir entre un remedo de Herbert C. Hoover (el presidente que creía que la crisis del 29 era pasajera) y otro de Calvin Coolidge (el presidente de la reducción del Estado y de los impuestos en puertas de la crisis mundial).
JOAQUÍN ARRIOLA PROFESOR DE ECONOMÍA POLÍTICA DE LA UPV-EHU Y MIEMBRO DE BAKEAZ
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