La formalización es, además de costosa, inaccesible e insufrible
Recientemente, el presidente Álvaro Colom solicitó a las autoridades del IGSS que incorporaren al régimen de seguridad social a los trabajadores que laboran en el sector informal de la economía, es decir que están empleados por las empresas que operan en la clandestinidad o al margen de la ley.
Esta petición no tiene sentido sin que previamente se hayan formalizado las empresas informales. Recordemos que el financiamiento del régimen de seguridad social proviene tanto de las cuotas patronales como de las de los trabajadores, así como de la cuota estatal, que jamás ha sido presupuestada ni honrada. La formalización de la economía informal, que en nuestro país se estima que representa el 75 por ciento de la actividad económica, no se reduce a combatir la evasión tributaria, a base de endurecer los castigos y encarcelar a los defraudadores del Fisco, como creen o apuestan los militantes tributarios.
La economía informal, que habría que diferenciarla de la economía brutal (alimentada por la delincuencia organizada), prospera en países como el nuestro debido a un problema sistémico.
El sistema es excluyente y no otorga carta de naturaleza a los informales. Les niega la titulación de sus propiedades y negocios, les niega el acceso al crédito y a los seguros contra pérdidas, les niega que puedan constituirse como empresas de responsabilidad limitada, no los protege legalmente y, por ende, no les garantiza el acceso a una justicia imparcial.
Los empresarios informales, que como los formales ponen su capital en riesgo, operan bajo constantes amenazas. Son víctimas de una inseguridad completa. Son vulnerables a la extorsión, al soborno, a la expropiación y a la agresión en general. Su vida y su integridad física están en constante peligro. Sobreviven siempre temerosos de ser aplastados por el sistema.
Sus márgenes de ganancia están condicionados a la minimización de sus costos. Manejan productos que muchas veces provienen del contrabando, de la piratería, de la fabricación clandestina y de demás ilícitos, que la misma ausencia de legalidad alienta y estimula. La formalización es, además de costosa, inaccesible e insufrible. El centralismo y la burocratización son verdaderos azotes. Para hacer los trámites requeridos hay que transportarse de lugares lejanos. Asimismo, abundan los requisitos, el expedienteo, las colas, las demoras y, por supuesto, la corrupción.
En mi opinión, la economía informal no debe ser vista como un mal, sino como un potencial de capitalismo popular. No debe ser combatida, sino incorporada a base de garantizar a los informarles oportunidades, incentivos y protección legal. Cuestión de sentido común ¿O no?
Recientemente, el presidente Álvaro Colom solicitó a las autoridades del IGSS que incorporaren al régimen de seguridad social a los trabajadores que laboran en el sector informal de la economía, es decir que están empleados por las empresas que operan en la clandestinidad o al margen de la ley.
Esta petición no tiene sentido sin que previamente se hayan formalizado las empresas informales. Recordemos que el financiamiento del régimen de seguridad social proviene tanto de las cuotas patronales como de las de los trabajadores, así como de la cuota estatal, que jamás ha sido presupuestada ni honrada. La formalización de la economía informal, que en nuestro país se estima que representa el 75 por ciento de la actividad económica, no se reduce a combatir la evasión tributaria, a base de endurecer los castigos y encarcelar a los defraudadores del Fisco, como creen o apuestan los militantes tributarios.
La economía informal, que habría que diferenciarla de la economía brutal (alimentada por la delincuencia organizada), prospera en países como el nuestro debido a un problema sistémico.
El sistema es excluyente y no otorga carta de naturaleza a los informales. Les niega la titulación de sus propiedades y negocios, les niega el acceso al crédito y a los seguros contra pérdidas, les niega que puedan constituirse como empresas de responsabilidad limitada, no los protege legalmente y, por ende, no les garantiza el acceso a una justicia imparcial.
Los empresarios informales, que como los formales ponen su capital en riesgo, operan bajo constantes amenazas. Son víctimas de una inseguridad completa. Son vulnerables a la extorsión, al soborno, a la expropiación y a la agresión en general. Su vida y su integridad física están en constante peligro. Sobreviven siempre temerosos de ser aplastados por el sistema.
Sus márgenes de ganancia están condicionados a la minimización de sus costos. Manejan productos que muchas veces provienen del contrabando, de la piratería, de la fabricación clandestina y de demás ilícitos, que la misma ausencia de legalidad alienta y estimula. La formalización es, además de costosa, inaccesible e insufrible. El centralismo y la burocratización son verdaderos azotes. Para hacer los trámites requeridos hay que transportarse de lugares lejanos. Asimismo, abundan los requisitos, el expedienteo, las colas, las demoras y, por supuesto, la corrupción.
En mi opinión, la economía informal no debe ser vista como un mal, sino como un potencial de capitalismo popular. No debe ser combatida, sino incorporada a base de garantizar a los informarles oportunidades, incentivos y protección legal. Cuestión de sentido común ¿O no?
Por: Mario Fuentes Destarac
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