Tijuana, Baja California.- En manos del gobierno de Baja California y sus municipios está el prevenir el contrabando de mercancías, especialmente automóviles, ya que se les otorgó facultades para actuar en materia fiscal, que van desde practicar embargos precautorios, procedimientos aduaneros y declaraciones de abandono de bienes, pero carecen de instalaciones y personal para ejercer.
También tienen facultades para habilitar como recintos fiscales los lugares para el depósito de mercancías, resolver recursos administrativos, participar en juicios, interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito competente y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.
El vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC de la Zona Costa, Fabián Soto Gálvez, declaró lo anterior, explicando que con fecha de tres de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al acuerdo de colaboración en materia fiscal federal del gobierno del estado de Baja California.
Ese acuerdo explica que tiene a partir del primero de enero de 1997 la razón de esta modificación, que obedece a que el gobierno federal, actualmente carece de la capacidad real para combatir combate a la informalidad y a la introducción ilegal de mercancías y vehículos al territorio nacional.
Toda vez que por la falta de una planeación real de la operatividad aduanera y de fiscalización, actualmente es común ver que se está fortaleciendo, fomentado a la economía informal, anotó Soto Gálvez.
Ya que las acciones reales para el combate al contrabando deja mucho que desear, puesto que el mismo gobierno federal en sus acciones en contra de la introducción ilegal de mercancías, de la tenencia ilegal de las mismas y de la impunidad, corrupción que existen en las 49 aduanas del país, están dando un total fortalecimiento a la Economía Informal, constituida, afectando seriamente a los empresarios y comerciantes legalmente establecidos.
Por lo que la intención de otorgar más facultades a los gobiernos de los estados, concretamente al de Baja California, es la de promover la fiscalización de mercancías de comercio exterior mediante convenios de colaboración administrativa con los gobiernos de las entidades federativas.
Los cuales colaborarán con el gobierno federal en la vigilancia de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, y para tal efecto ejercerán diversas facultades, entre las cuales se encuentran las de:
practicar embargos precautorios, llevar a cabo en su totalidad el procedimiento administrativo en materia aduanera, formular la declaración de abandono de mercancía, habilitar como recintos fiscales los lugares para el depósito de mercancías, resolver recursos administrativos, participar en juicios, interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito competente y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.
"Esto nos lleva a pensar que las autoridades estatales aún no cuentan con la capacidad personal, así como las instalaciones correspondientes que se deben tener para poder aplicar este acuerdo de colaboración", subrayó Soto Gálvez.
Manifestó que "no hay que olvidar que la acción en sí es buena, sin embargo, como siempre sucede en nuestro país, las autoridades estatales aún no están preparadas para tal fin y como siempre se va a improvisar con la finalidad de aplicar el acuerdo, nos da a pensar que esta acción es una arma de doble filo".
Esto es porque en primer lugar es bueno que se pretenda atacar la introducción ilegal de las mercancías, el contrabando y sobre todo la piratería, que es un cáncer que afecta a la industria nacional y sobre todo a los empresarios; así como a la mediana y pequeña industria que éstos se encuentran legalmente establecidos, pagan sus impuestos además de que generan fuentes de empleos y riquezas, indicó el entrevistado.
"Lo malo en ese sentido es que la autoridad encargada de aplicar este acuerdo, puede usar sus facultades discrecionales y empezar una cacería de industriales y comerciantes y pequeñas empresas que no comulgan con la ideología del gobierno en funciones", dijo.
Esto significa, que si algún empresario independiente o agrupación se atreve a comentar o criticar las acciones del gobierno tanto estatal como municipal, es candidato seguro a que se le ordene una visita domiciliaria por parte del estado y hacer efectivo este acuerdo.
Cuando se habla de "visita", consiste en "ordenar y practicar" visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento, distribución o comercialización; ya que al encontrarse irregularidades, éstos decretarán el embargo precautorio de las mercancías, expuso.
"Quiere decir que secuestrarán las mercancías, por lo que la pregunta de rigor es ¿hacia dónde?; ya que si actualmente las aduanas están rebasadas en su capacidad física en los almacenes de las mismas autoridades, por lógica se tendrían que construir almacenes nuevos y/o habilitar éstos para el resguardo de las mercancías secuestradas (embargadas)".
Puntualizó que "no hay que olvidar" que también los municipios de Baja California podrán ejercer el acuerdo en contra de los comerciantes, tianguis o lotes donde se realice la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública.
Así como realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte, aún cuando no se encuentren en movimiento, que en la realidad sucede todo lo contrario; sin embargo no hay que olvidar que el mismo municipio en el caso de Tijuana fomenta la irregularidad y la venta de mercancías ilegal y sobre todo pirata.
"Pues se tienen acuerdos con los distintos líderes populares que efectúan su actividad dentro de los tianguis, mercados sobre ruedas, toda vez que sólo se concretan a expedir un permiso para el vendedor ambulante, y/o al sobre ruedas, sin preguntar el origen de las mercancías que se pretenden comercializar", manifestó.
Soto Gálvez concretó que el Servicio de Administración Tributaria, de quien dependen las aduanas y las diversas autoridades en materia de comercio exterior y aduanas, han sido rebasadas en su totalidad, que actualmente recurrirán a los gobiernos de los estados y municipios del país que tengan firmado el acuerdo de colaboración en materia fiscal federal, se desconoce cuántas entidades del país tienen estas facultades.
por Sonia García Ochoa
sgarcia@elsoldetijuana.com.mx
También tienen facultades para habilitar como recintos fiscales los lugares para el depósito de mercancías, resolver recursos administrativos, participar en juicios, interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito competente y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.
El vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC de la Zona Costa, Fabián Soto Gálvez, declaró lo anterior, explicando que con fecha de tres de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al acuerdo de colaboración en materia fiscal federal del gobierno del estado de Baja California.
Ese acuerdo explica que tiene a partir del primero de enero de 1997 la razón de esta modificación, que obedece a que el gobierno federal, actualmente carece de la capacidad real para combatir combate a la informalidad y a la introducción ilegal de mercancías y vehículos al territorio nacional.
Toda vez que por la falta de una planeación real de la operatividad aduanera y de fiscalización, actualmente es común ver que se está fortaleciendo, fomentado a la economía informal, anotó Soto Gálvez.
Ya que las acciones reales para el combate al contrabando deja mucho que desear, puesto que el mismo gobierno federal en sus acciones en contra de la introducción ilegal de mercancías, de la tenencia ilegal de las mismas y de la impunidad, corrupción que existen en las 49 aduanas del país, están dando un total fortalecimiento a la Economía Informal, constituida, afectando seriamente a los empresarios y comerciantes legalmente establecidos.
Por lo que la intención de otorgar más facultades a los gobiernos de los estados, concretamente al de Baja California, es la de promover la fiscalización de mercancías de comercio exterior mediante convenios de colaboración administrativa con los gobiernos de las entidades federativas.
Los cuales colaborarán con el gobierno federal en la vigilancia de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, y para tal efecto ejercerán diversas facultades, entre las cuales se encuentran las de:
practicar embargos precautorios, llevar a cabo en su totalidad el procedimiento administrativo en materia aduanera, formular la declaración de abandono de mercancía, habilitar como recintos fiscales los lugares para el depósito de mercancías, resolver recursos administrativos, participar en juicios, interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito competente y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.
"Esto nos lleva a pensar que las autoridades estatales aún no cuentan con la capacidad personal, así como las instalaciones correspondientes que se deben tener para poder aplicar este acuerdo de colaboración", subrayó Soto Gálvez.
Manifestó que "no hay que olvidar que la acción en sí es buena, sin embargo, como siempre sucede en nuestro país, las autoridades estatales aún no están preparadas para tal fin y como siempre se va a improvisar con la finalidad de aplicar el acuerdo, nos da a pensar que esta acción es una arma de doble filo".
Esto es porque en primer lugar es bueno que se pretenda atacar la introducción ilegal de las mercancías, el contrabando y sobre todo la piratería, que es un cáncer que afecta a la industria nacional y sobre todo a los empresarios; así como a la mediana y pequeña industria que éstos se encuentran legalmente establecidos, pagan sus impuestos además de que generan fuentes de empleos y riquezas, indicó el entrevistado.
"Lo malo en ese sentido es que la autoridad encargada de aplicar este acuerdo, puede usar sus facultades discrecionales y empezar una cacería de industriales y comerciantes y pequeñas empresas que no comulgan con la ideología del gobierno en funciones", dijo.
Esto significa, que si algún empresario independiente o agrupación se atreve a comentar o criticar las acciones del gobierno tanto estatal como municipal, es candidato seguro a que se le ordene una visita domiciliaria por parte del estado y hacer efectivo este acuerdo.
Cuando se habla de "visita", consiste en "ordenar y practicar" visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio en centros de almacenamiento, distribución o comercialización; ya que al encontrarse irregularidades, éstos decretarán el embargo precautorio de las mercancías, expuso.
"Quiere decir que secuestrarán las mercancías, por lo que la pregunta de rigor es ¿hacia dónde?; ya que si actualmente las aduanas están rebasadas en su capacidad física en los almacenes de las mismas autoridades, por lógica se tendrían que construir almacenes nuevos y/o habilitar éstos para el resguardo de las mercancías secuestradas (embargadas)".
Puntualizó que "no hay que olvidar" que también los municipios de Baja California podrán ejercer el acuerdo en contra de los comerciantes, tianguis o lotes donde se realice la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública.
Así como realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte, aún cuando no se encuentren en movimiento, que en la realidad sucede todo lo contrario; sin embargo no hay que olvidar que el mismo municipio en el caso de Tijuana fomenta la irregularidad y la venta de mercancías ilegal y sobre todo pirata.
"Pues se tienen acuerdos con los distintos líderes populares que efectúan su actividad dentro de los tianguis, mercados sobre ruedas, toda vez que sólo se concretan a expedir un permiso para el vendedor ambulante, y/o al sobre ruedas, sin preguntar el origen de las mercancías que se pretenden comercializar", manifestó.
Soto Gálvez concretó que el Servicio de Administración Tributaria, de quien dependen las aduanas y las diversas autoridades en materia de comercio exterior y aduanas, han sido rebasadas en su totalidad, que actualmente recurrirán a los gobiernos de los estados y municipios del país que tengan firmado el acuerdo de colaboración en materia fiscal federal, se desconoce cuántas entidades del país tienen estas facultades.
por Sonia García Ochoa
sgarcia@elsoldetijuana.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario