El Gobierno quiere atajar la mora y los impagos al Fisco, aunque en 2009 sólo aumentará en un 1% los recursos de la Agencia Tributaria.
Otra debilidad de España a la hora de arrostrar la crisis financiera es su elevado nivel de economía sumergida, que representa el 23% del PIB, sólo superado por Grecia, según los últimos datos de la Comisión Europea. La principal consecuencia del fraude fiscal, que se ha disparado en los últimos meses por el aumento de impagos, es un ataque directo al Estado del Bienestar.
Con el dinero no declarado por los contribuyentes, que ascendió a 88.617 millones de euros en 2005, el último año del que se disponen datos oficiales, se podría cubrir el déficit de gasto social en todas las comunidades autónomas: de unos 85.000 millones.
Nuevo plan antifraude
Para evitarlo, el Gobierno pretende reorientar el actual plan de fraude fiscal, que ha permitido recaptar 20.000 millones desde 2005, según anunció el miércoles el presidente Zapatero, en respuesta a ERC. Aunque el plan ha sido criticado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes reprochan que no haya resuelto el mal endémico de escasez de personal entre los inspectores. Mientras en los países más avanzados de la UE hay un funcionario del Fisco por cada 200 contribuyentes, en España tienen que inspeccionar a 1.680. El resultado es una economía sumergida 10 puntos por encima de la UE-15, según el Banco de España, lo que supone un montante de 240.000 millones de euros que se desvían, anualmente, de las arcas públicas.
Si nos homologáramos a niveles europeos, la Agencia Tributaria podría recaudar 25.000 euros adicionales al aflorar cerca de 90.000 millones, según Gestha.
Más impagos
Sin embargo, el futuro camina en dirección contraria, como ya ha demostrado la caída de recaudación por IVA, en un 9%, en los últimos meses. La crisis reduce la actividad y muchos profesionales retrasan sus obligaciones fiscales, cuando no las ignoran.
De ahí, que el Gobierno esté pensando en nuevos objetivos de fiscalización, más allá del fraude inmobiliario, el blanqueo de capitales, las facturas falsas, las tramas de IVA y los paraísos fiscales, en los que se centraba hasta ahora. El ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció en el Parlamento que se fijará como prioridades “los pagos que se posponen y el incremento de la morosidad”.
El problema es que, con la política de austeridad, los medios de la Agencia Tributaria sólo crecerán un 1% en 2009, según el proyecto de Presupuestos. De manera que 16.903 funcionarios, 217 más que en el año pasado, tendrán que afrontar unas nuevas responsabilidades. Unos 550 millones se destinarán a asistir al contribuyente en el pago de sus obligaciones.
Pero la experiencia de la Agencia Tributaria demuestra que donde existe un vacío de comprobación de empresas por falta de medios se produce el fraude con mayor intensidad. Es decir, tal y como avalan los datos, el aumento de la inspección reduce la llamada economía informal.
Los intentos legislativos anteriores, con amenazas de sanciones, sobre ciertos sectores, como el inmobiliario o la inmigración, no han sido exitosos. Seis de cada diez alquileres no se declaran al Fisco, según Gestha.
No es de extrañar que la mitad de los españoles, según el barómetro Global de la corrupción 2007, consideren ineficaz la actuación del Gobierno contra el fraude. Existe en España una cultura de dinero negro que ha sido imposible desterrar y mucho menos en tiempos de crisis.
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