Cuba: economía informal y contradicciones sociopolíticas

“Toda ciencia sería superflua si la forma fenoménica y la esencia de las cosas coincidieran inmediatamente”[1]

La economía informal es un fenómeno socioeconómico inherente al proceso de circulación mercantil de todo sistema económico. El mercado negro que la acoge es un canal de distribución paralelo al formalizado institucionalmente. Su existencia, intensidad y dinámica está dada por múltiples factores objetivos. Entre ellos están la oferta de productos, su demanda, los precios, las políticas regulatorias macro y microeconómicas. La condición primaria que lo propicia es la carencia en el mercado formalizado de alguna oferta demandada. Su estudio exige un esfuerzo complejo de investigación, cuyo fin es proporcionar los instrumentos de política económica que logren minimizar cualquier impacto negativo en la satisfacción de las necesidades de la población, la acumulación excluyente de capital y el funcionamiento de la economía.

En condiciones de una economía de la carencia, como se da en Cuba, la intervención administrativa (y/o policial) del Estado para tratar de eliminar o controlar el mercado negro tiene, por lo general, efectos contraproducentes. Sucede así incluso en las economías de mercado capitalistas en condiciones de carencia de la oferta. Ha tenido lugar siempre de manera pronunciada en momentos de crisis como en Europa después de la II Guerra Mundial o, por ejemplo, en España inmediatamente después de terminada la Guerra Civil. Con respecto a este último caso Carlos Barciela L. (1985), explica “Puede hablarse, pues de un fracaso del sistema de intervención en la agricultura practicado por el Nuevo Estado. Los agricultores rechazaron los cauces oficiales y, a pesar del riesgo que implicaba la participación en el mercado negro, éste se vio más concurrido que el propio mercado oficial”[2].

Con la publicación de sondeos de precios en el mercado informal del país la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE) asume no sólo una obligación profesional institucional, sino una responsabilidad política.

En uno de sus más recientes sondeos[3], la -ONE- se concentra en el análisis de la estructura y los precios de la economía informal que como tal llega a identificar. Las informaciones que se han podido conocer evidencian un sesgo metodológico que compromete el alcance del análisis.

Cuando se decide como ámbito de la economía informal a estudiar, aquel que considera las “unidades económicas que se dedican a la venta de bienes y servicios que son operados por los trabajadores por cuenta propia, estén legalizados o no”, se contamina políticamente el análisis técnico. Las premisas cognitivas entre economía informal y mercado informal y entre su naturaleza regular o ilegal tienden a diluirse. Con la economía informal estaríamos analizando un proceso o subsistema de producción no formalizado. En el mercado informal (negro), en cambio, estarían confluyendo tanto productos de dicho circuito de producción como bienes del sistema económico estatal. Esa contaminación metodológica no tiene sus causas dentro de la -ONE. El hecho de considerar como agentes de la economía informal unidades económicas “legalizadas o no” constituye un reflejo pasivo de las contradicciones de fondo del sistema político.

El trabajo por cuenta propia legalizado es considerado ideológica y burocráticamente como una actividad económica informal. A pesar de que dichas unidades económicas cumplan con la formalidad de pagar las tasas prohibitivas de impuestos con que son grabadas por el Estado, son mantenidas de facto en el estatus político de actividades económicas anormales.

En efecto, el presupuesto metodológico de la -ONE- se enmarca dentro de la asunción ideológica que ha estigmatizado el trabajo por cuenta propia como uno de los males “capitalistas” necesarios del periodo especial en tiempos de paz. En contraste, tal como sabemos, el mal necesario superior sigue siendo el turismo internacional, cuya industria, sin embargo, no está considerada oficialmente como perteneciente al mercado informal. La diferencia política que calza la discriminación ideológica estriba en que los cuentapropistas legales se representan a ellos mismos como ciudadanos, mientras que el turismo internacional representa una fuente crucial de acumulación de capital a disposición del Estado.

Múltiples constataciones de la realidad cubana, justo como la anterior, estarán develando recurrentemente las características del socialismo de estado que se cultiva. Estarán evidenciando la omnipresencia no de la sociedad socialista sino de un estado supra-societal.

Discernir entre actividad económica ilegal y legal, es decir, entre aquella registrada y acogida al régimen fiscal y de seguridad social vigente y aquella que no lo está, es la condición de partida para establecer los ámbitos de la economía informal en Cuba. Apunto los ámbitos, en plural, porque la economía informal en la realidad cubana constituye un fenómeno complejo imposible de reducir a un censo empresarial discriminatorio.

El registro de las empresas en Cuba arroja un aproximado de 3500 entidades estatales. No es posible, sin embargo, definir con precisión la población flotante de unidades económicas informales, es decir, las ilegales a la luz de la actual legislación. Si se toman las informaciones sobre las actividades de prevención del delito se puede ilustrar la situación. Según el periódico Tribuna de la Habana, sólo en el mes de setiembre del 2008 y sólo en la Habana grupos operativos de enfrentamiento al delito cerraron 82 almacenes, 72 fábricas y 31 talleres clandestinos. No es un fenómeno nuevo. Ya en 1997 se publicaba la noticia sobre la intervención de 46 almacenes, 6 fábricas (productoras de artículos de plástico, como en varias fábricas de las ahora cerradas) y dos talleres (quincallería). En los años 1980s grupos de la policía económica de la ciudad de Santiago de Cuba cerraban micro-brigadas informales de constructores que edificaban viviendas con mayor eficacia que las micro-brigadas estatales.

Estas unidades económicas ilegales funcionan esencialmente con insumos estatales. Es decir, se aprovisionan con productos semi-elaborados y elaborados extraídos del sistema económico formal. Pero los insumos que utilizan los cuentapropistas legales provienen mayoritariamente de iguales fuentes. Puesto que no existe un mercado mayorista de suministro formal y estabilizado para dicha actividad. Recordemos que esa actividad es un mal menor, y como tal es inducida a arreglárselas como pueda. Eso es lo que justamente hace ante las inconsecuencias de las reformas económicas. Por lo tanto, según la interpretación del fenómeno por el Vicepresidente del Consejo de Estado, Carlos Lage D., “la primera tarea de un jefe (administrativo) es que no le roben” (08.06.2008)[4]. La afirmación expresa el calado de la disfunción del sistema empresarial y el abordaje doctrinario en términos políticos. No puede ser de otra manera cuando a rango de primer objetivo se eleva la vigilancia sobre los trabajadores bajo el presupuesto de su susceptibilidad al robo. Lo cual, contradictoriamente, se asume como si el jefe administrativo no fuera en sí mismo objeto y víctima de las disfuncionalidades estructurales del sistema económico.

Si se respeta la opinión pública generalizada en Cuba acerca de la imposibilidad para una familia de cubrir sus necesidades básicas sin los productos y servicios del mercado negro, la dimensión de la economía informal debe tratarse como un fenómeno complejo. Es decir, aquel que no puede ser estudiado concluyentemente desde la perspectiva de una disciplina econométrica, aún cuando la investigación técnica llegue a ser muy bien diseñada.

El reciente estudio presenta una lista de 13 mercancías y 1 servicio de producción o comercialización ilegal en la cabecera de los más demandados. Todo cubano conoce por experiencia propia que en el mercado informal se comercializa una vasta gama de mercancías y servicios, desde los más elementales hasta los más técnicos - como llega a ser, por ejemplo, el servicio de acceso pirata a internet al precio de 50 dólares que le ahorra al usuario cerca de 200 dólares si se pagara el precio legalizado del servicio estatal. Singularmente, los productos alimentarios de mayor demanda en el mercado informal reflejan la estructura culinaria tradicional cubana. La evaluación desideologizada del problema indica la existencia de un mercado paralelo altamente competitivo. Sucede así porque además de contentarse dichos actores del mercado con un margen de ganancias muy inferior a los establecidos por los mercados estatales recaudadores de divisas (hasta 300% en determinados bienes), no asumen los costes normales de inversión y carga fiscal. De hecho lo que se demuestra es la vulnerabilidad y la anomia del monopolio de la economía estatal.

En el trabajo “Cuba: pensamiento crítico y libertad de expresión” [5], pongo de relieve el hecho de resultar: “… altamente sintomático y preocupante que el pueblo, ante la disfuncionalidad de la economía estatal – marcada por la sostenida carencia alimentaria y material y la insuficiencia e ineficiencia de los más diversos servicios sociales – se desentienda de su responsabilidad ciudadana y política y asuma respuestas díscolas a sus urgencias. Caotizantes más aún de la disfuncionalidad de la economía. La conciencia de clase trabajadora en el poder muestra su inconsistencia. Trabajadores argentinos, venezolanos o bolivianos resuelven asumir el riesgo y ocupar una unidad de producción y decidir su autogestión, a contracorriente de los poderes fácticos y de los modelos de gestión que las hacen ineficientes. Ante la amenaza de perder las fuentes de sustento propias y familiares y, dada la renuencia de las autoridades y los propietarios del capital, toman una iniciativa colectiva, social, emprendedora y ponen en funcionamiento los medios de trabajo. Lo hacen con eficiencia y sin patrones encima de sus cabezas. Una apreciable parte, si no mayoritaria, de los trabajadores cubanos, ante la disfuncionalidad de las empresas estatales, opta por la sustracción de sus recursos y el fomento de un abarcador “contrabando” mercantilista (reconocido por las autoridades como un extendido fenómeno de corrupción) o la implementación de cada vez mayores producciones informales fuera de cualquier regulación y atención sistémica. Todo ello eludiendo la iniciativa frontal de tomar autónomamente en sus manos las empresas y definirse por una proyección reconstructora de la realidad socioeconómica. Tales respuestas responderían a verdaderos intereses sociales y develarían en toda su dimensión las contradicciones subyacentes que se desestiman y minan los cimientos de la modelación socioeconómica. Puesto que ante problemas estructurales no resulta determinante aquella parte del sistema que pueda estar funcionando con eficiencia. En consecuencia, la alienación con respecto a los medios de producción estatales, una cultura económica lastrada por la práctica del centralismo económico, el descreimiento en la fuerza renovadora del Partido, el lado paternalista del Estado asegurando a todo coste los servicios universales de salud y educación, el temor a la represión del Estado, se conjugan de manera singular para crear el inmovilismo social ante contradicciones que amenazan con la implosión del Proyecto Socialista. A primera vista puede parecer desacertado el contraste analítico expuesto por tratarse de realidades sociopolíticas decididamente diferentes, las de otros países latinoamericanos y la de Cuba. Sin embargo, es eso precisamente lo que fundamenta el parangón. El análisis crítico del fenómeno social apunta hacia la conciencia de clase del trabajador y hacia la conciencia que posea de su poder revolucionario y transformador.

En “Cuba: hacia el consenso sobre la transformación socialista. Contribución crítica para una Plataforma Programática sobre la transición hacia el Socialismo. Primera y Segunda Parte” (publicado el 11 septiembre de 2008 en Kaos en la Red)[6], retomo la reflexión anterior por lo imperativo de la transformación sistémica del modelo socioeconómico, de cuya ejecutoria depende la reorganización racional de las fuerzas productivas y la liberación de la capacidad emprendedora de la sociedad.

Es ésa la oportunidad que aprovecha una voz de un rotativo digital cubano para confesar diligentemente en un artículo (“W.Bush y algunos en Kaos en la Red”)[7] que: “… por la efeméride seleccionada y este desatinado contenido, difícil me resultó discernir si Cobas estaba homenajeando a Pinochet o a Allende. Amén de la ofensa que implícitamente lleva el mensaje de este neocubanólogo a trabajadores argentinos, el disparate alcanza vuelo extremo desde la ética martiana: ¿cómo es posible justificar un acto delictivo como robar, aun cuando uno necesite determinado producto? ¿Acaso es incierto que para el Héroe Nacional de Cuba la pobreza pasa pero la deshonra no? ¿Queda fuera de la tela de juicio que con ese pensamiento cobasiano se asiste a una convocatoria para que los pobres de la Tierra acudan a sustraer lo que conciban para su bienestar, en vez de luchar por desterrar al Capital y todo lo engendrado por la sociedad de consumo? - fin de a cita. El recurrente empaque demagógico que se hace de las ideas martianas no pasa la coraza que protege las virtudes de dicho ideario.

La incapacidad del pensamiento indoctrinado para discernir sobre el fondo de los contenidos políticos, lleva al periodista cubano al vulgarismo de “interpretar” las necesidades de cambios conceptuales en el sistema socioeconómico y político como una convocatoria para que los pobres de la Tierra se conviertan en ladrones.

La lectura que del contenido expuesto hace el “comunicador social” del medio de prensa cubano no es reducible a un simple ejercicio de demagogia personal. Lo importante no es el análisis crítico del trabajo en cuestión, sino imponerles a los lectores cubanos la imagen de un hereje contrarrevolucionario de baja catadura moral[8]. El método no es nuevo, forma parte de ese legado castrense contra la autonomía de pensamiento y expresión revolucionarias que encontró refugio en la ideología de embates como el de aquel Quinquenio Gris.

Teniendo la oportunidad de poner al alcance del criterio de los lectores y del pueblo en general el trabajo que provoca el desasosiego intelectual y político en la dirección editorial, el periódico Adelante prefiere acoger la ignorancia beligerante. El periódico cubano no pone sus páginas al servicio del debate de ideas, sino a disposición del ataque inquisidor a un pensamiento que por independiente y crítico transgrede las percepciones adocenadas sobre la realidad cubana.

La reprimenda de nuestro periodista es interesante en la medida que refleja mucho del estado mental de una prensa apresada en los maniqueísmos integristas de esa línea de pensamiento único que atina a ver en la posibilidad del debate lúcido sobre la transición socialista en nuestro país, “una crítica acérrima del Socialismo en la Mayor de las Antillas”[9]. Más allá del estudio sobre la ceguera a que convida la obnubilación política, escudriñemos cuan subversiva puede ser la realidad objetiva.

El trabajador argentino que asume la responsabilidad de la autogestión de esa fábrica que el propietario ha decidido declarar en bancarrota porque no le trae los beneficios privados esperados, es un trabajador cuya conciencia de clase para sí se ha acrisolado desde la alienación de su condición de fuerza de trabajo asalariada siempre depreciada. En esas condiciones el conciente colectivo ha madurado para dictarle a esos trabajadores el imperativo de la expropiación del capital privado. No ha habido aquí lugar para un comportamiento díscolo individualista, sino espacio político para la concertación de un comportamiento solidario en su condición de clase ninguneada por el orden económico capitalista. Ese trabajador no es un transgresor antisocial, a pesar de que así lo pueda considerar el cuerpo jurídico del estado burgués.

El trabajador cubano que extrae productos de “su” fábrica para venderlos privadamente en ese mercado informal (mercado negro) objeto de investigación por la -ONE- y de represión por el Estado, lo que está exponiendo es un comportamiento díscolo alejado de los presupuestos de conciencia revolucionaria en los que se supone ha sido formado como clase para sí por la propia obra social de la Revolución. Ese trabajador no es necesariamente un transgresor antisocial, a pesar de que así lo pueda considerar el cuerpo jurídico del estado “socialista”. Entonces, ¿Qué ha sucedido con el conciente social del cubano? ¿Por qué falla el trabajo ideológico? ¿Estará la respuesta en el escapismo de que toda sociedad tiene su escoria social incorregible y por eso ahí están los tribunales y las prisiones? Ya que el trabajo ideológico no satisface las expectativas puestas en él, ¿encarcelaremos, en vez de liberar, toda la potencia emprendedora de las fuerzas productivas? Al mismo tiempo desde el Estado se aduce, por paradójico que parezca, sobre la falta de mano de obra como una de las barreras en el incremento de las edificaciones de viviendas.

Tal como indica la realidad cubana, el problema de la economía informal no habla sobre el comportamiento aislado de “elementos lumpen-proletarios”, sino de un problema de “corruptela” generalizada en todo el espacio socioeconómico del país. He destacado corruptela entrecomillas. Porque el hecho de la corrupción como conducta antisocial puede ser calificado en condiciones donde el supuesto acto delictivo carece de premisas potenciales sistémicas. La magnitud y las características del problema hoy en Cuba exigen que el mismo sea tratado como fenómeno socioeconómico y no como accidente ideológico o ético-moral. ¿No lo indica así la evaluación política de la dirigencia partidista acerca de que la primera tarea del jefe administrativo de una empresa es evitar la proclividad del trabajador cubano al robo? ¿Por cuáles razones de mérito la prensa cubana, es decir, la prensa del pueblo, no se plantea el cuestionamiento de semejantes evaluaciones políticas? ¿No es la prensa – plana, radial y televisiva – el vehículo para la articulación de la batalla de ideas, independientemente que sea de la dirigencia partidista y estatal de donde provengan apreciaciones infundadas sobre la realidad?

Mientras tanto, la relevancia socioeconómica del fenómeno la señala más contundentemente el Ministro de Economía (José Luis Rodríguez), cuando afirma que el mercado informal movía a principio de los años 1990 alrededor de 12 mil millones de pesos[10]. Es decir, cerca del equivalente en magnitud a la extraordinaria caída del PIB que provocó la devastadora crisis económica estructural de los años 1990-1993. Ese volumen de la economía informal representa hoy un 25% del producto interior bruto del país (2007).

Parecerían suficientes esas estimaciones para comprender la naturaleza económica y política del fenómeno en cuestión. Sin embargo, a esta situación deben añadirse otras estimaciones que indican la existencia de una importante masa monetaria de divisas libremente convertibles sumergidas en la economía del país. Es decir, de una acumulación de capital privado en potencia y fuera de la posibilidad de ser capitalizado productivamente por la economía estatal. Un ejemplo puede ilustrar la dinámica de tal concentración informal de dinero. En el lapso de tiempo de sólo 10 días, a raíz de la coyuntura dada por los estragos de los huracanes Gustav e Ike, entró a Cuba proveniente de los EEUU un cuarto de millón de dólares en remesas familiares[11]. Gran parte de este flujo monetario engrosa la acumulación exclusiva de sus receptores, puesto que la oferta del mercado interno se encuentra en mínimos críticos por el impacto de la catástrofe natural.

En el año 2007 en la economía informal directa, es decir, aquella donde se trabaja a tiempo completo de manera ilegal, se emplearon probablemente no menos de 450 mil personas. He dicho probablemente, porque las estadísticas de la -ONE- no lo recogen con rigor. En Cuba, según la oficina de estadística, existen 589.5 miles de trabajadores privados (año 2007). De ello, la información diferencia 138.4 miles de cuentapropistas formalmente legales, aunque puedan estar ideológica y administrativamente cuestionados.

Si la evaluación política y la dimensión económica reflejan la magnitud del problema de la economía informal, la “receta” para la acción es profundamente desenfocada. Desde la perspectiva socioeconómica del problema lo que amerita asumir es que hoy funciona en autogestión no irregular sino irregularizada, cuando menos un 9% de la fuerza de trabajo estadísticamente empleada. El desenfoque del diagnóstico político sobre el problema no se refleja solamente en la medida acerca de la vigilancia sobre los trabajadores, sino que se extiende a todo el ámbito de solución que se les propone a los delegados del Poder Popular. Ese ámbito de soluciones (ver la intervención del Vicepresidente del Consejo de Estado ya citada) se centra en factores eminentemente subjetivos. Ninguno de los cuales se relaciona con un fundamento de organización estructural del sistema de producción que allane el camino a la objetividad del idealismo revolucionario del deseado hombre nuevo.

Esos trabajadores cubanos que han sido reprimidos por haber montado, según nos ha revelado la propia prensa cubana, esas 72 fábricas y 31 talleres ilegales no reflejan un comportamiento díscolo individualista, no desde el punto de vista sociológico. Todo lo contrario. Están demostrando un espíritu de emancipación y creación muy lejos de ser estigmatizado ideológicamente ni manipulado con máximas del pensamiento martiano. Esos trabajadores cubanos, muy cercanamente al comportamiento de clase para sí de aquellos trabajadores argentinos, han decidido emanciparse a través de la autogestión productiva. Esos argentinos han rechazado la hegemonía del capital privado sobre su fuerza de trabajo, estos cubanos han rechazado la del capital estatal. Los argentinos, una vez tomadas las fábricas en autogestión, han logrado aprovechar toda la estructura del sistema económico capitalista para producir y comercializar sus mercancías y apropiarse del proceso de reproducción ampliada de su fuerza de trabajo. Los cubanos, una vez creadas las fábricas y talleres precarios, han entrado en un conflicto estructural con el sistema económico “socialista”. No hay comercio mayorista al cual acudir y adquirir libremente los insumos necesarios para la enajenación de sus producciones (problema que sufren por igual los cuentapropistas legales); no hay mercado minorista que sirva de espacio socioeconómico para la realización de su oferta de productos y servicios. No podrán pagar impuestos ni asociarse a título de esa actividad económica a la seguridad social. Se trata de trabajadores, cuya preparación educacional es mayoritariamente de nivel secundario y superior. Las circunstancias los convierten en sujetos socioeconómicos emancipados y al mismo tiempo en entes delincuentes objeto de represión policial y política. Estamos hablando de trabajadores, cuya delincuencia radica, en última instancia, en operar al margen del modo de producción estado-centrista impuesto mediante la relación asalariada que nos ha legado el contrato laboral burgués sobre la fuerza de trabajo.

En el ensayo “Cuba: dialéctica de la transformación socialista”[12] (08.10.2007), expongo que: “Por tales motivos, el fomento de las PYMEs (no-estatales) por el Estado está dado a establecer estructuras productivas que pueden hacer auto sostenible la oferta para el mercado interno de la más amplia gama de bienes y servicios de aprovechamiento individual y doméstico”. En consecuencia: “El tratamiento integral a la estructuración de un sector PYMEs (no-estatal) ha de obedecer a criterios que prioricen su eficiencia sistémica y se evite con ello el fenómeno corrosivo de la apertura hacia una economía informal precarizada, sin capacidad de desarrollo propio ni aportación a la economía nacional – fenómeno típico de las realidades socioeconómicas del capitalismo periférico”[13].

El objeto de investigación de la -ONE- podía concebir la interrogante: ¿qué producían esas fábricas y talleres ilegales y qué necesidades de la población cubrían y a qué precios? Sin embargo, el análisis socioeconómico y político del fenómeno plantea otras interpretaciones dialécticas de la realidad social: ¿Cómo organizaban la producción y la circulación de sus productos? ¿Cómo operaban en autogestión? ¿Cuáles y qué normas se establecían en cuanto al principio de democracia económica interna? ¿Cuáles y qué características asumían como negocios capitalistas orientados a la creación de plusvalía aprovechando el trabajo asalariado? ¿Constituyen tales brotes de autonomía ciudadana la pauta que marca la realidad objetiva hacia la reestructuración del sistema de propiedad estatal y el modo de producción actual? ¿Cómo aprovechar esa pauta para establecer, en vez de la represión policial, el debate creativo acerca de la renovación socialista de la participación socioeconómica? A estas interrogantes y sus muchas colaterales intentan acercarse ideas vertidas en trabajos como los publicados por este autor sobre el tema. Ese debate no puede ser contaminado por el fundamentalismo militante de “comunicadores” como el del periódico camagüeyano Adelante.

El periodismo y el sistema de medios de comunicación cubano está llamado a viabilizar el intercambio de ideas en la sociedad y no a fomentar la práctica reaccionaria de la cacería de brujas, propias de los fascismos corrientes y no de una sociedad que puja por la emancipación socialista. Los oportunismos políticos pelean por los espacios que mantengan a la sociedad cubana en el inmovilismo conceptual, pero los medios cubanos tienen que ser vehículos de cultura política, económica y social. Ser cultos para ser libres exige facilitar el libre acceso a la información. Significa acabar con las simulaciones y creer realmente en que al pueblo no se le dice cree, sino lee.

Roberto Cobas Avivar