Como la vivienda no es un fruto silvestre sino el resultado de la compleja convergencia de talentos, gestión administrativa, trabajo físico, terrenos, equipamientos urbanos y numerosos insumos de distinto origen, en la cual participan centenares, incluso millares de personas, es descabellado concebirla como un bien de disponibilidad gratuita: inevitablemente ella debe ser pagada para a su vez poder compensar a todos los factores involucrados en su fabricación. En última instancia otorgar de manera generalizada viviendas gratuitamente o con fuertes subsidios implicaría el sacrificio de las remuneraciones del albañil que levantó las paredes, del obrero siderúrgico que fabricó las cabillas o los perfiles metálicos, de los equipos de gerentes, ingenieros y obreros que les garantizan la dotación de agua potable y así al infinito. Por supuesto, siempre es posible pensar en un “ogro filantrópico” dotado de una bolsa inagotable que, en una típica operación de caridad con uñas y pretensiones de impacto político-electoral, se dedique a esa benéfica actividad. La exagerada incidencia de la renta petrolera en nuestra economía ha llevado a los gobiernos ‑al de hoy sobre todo, pero también a los de ayer- a alimentar ese mito donde, se supone, la factura estaría siendo pagada por el “imperio” importador del crudo venezolano.
Los problemas que ese enfoque plantea y lo hacen inviable son varios, desde el carácter no renovable del recurso hasta la autonomía de sus precios, no controlados por el productor sino dependientes de múltiples variables en un complejo mercado internacional. Eso lo saben los dirigentes del Gobierno, pero, como se ha dicho hasta la saciedad, tal cuestión es irrelevante porque para ellos lo que importa es que esa trampa para cazar incautos garantice el oxígeno que les permita sobrevivir hasta las próximas elecciones. Después ya se verá.
Si este país aspira a un futuro tiene que abordar sin más dilación un modelo de desarrollo completamente nuevo y en materia de vivienda se debe comenzar reconociendo la imposibilidad de garantizar un techo para todos cuando casi el 50% de la fuerza de trabajo se desempeña en el sector informal y más del 50% de los trabajadores del sector formal gana menos de Bs 2.800 al mes: la condición para acceder a una vivienda digna es tener un empleo digno. Lo demás es demagogia de la más cínica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario