¿Seguimos en la foto?

Desde 1975 en adelante, aquel Estado de Bienestar fue progresivamente reemplazado por el Estado de Malestar, cuyo eje es la doctrina del derrame que alcanzó su apoteosis en la década infame menemista.Es urgente terminar con la ausencia de Estado en la Política Magna. Terminar con la negación a pensar y actuar, en términos del Proyecto nacional de largo plazo concertado

Por » Carlos Leyba correo@losocial.com.ar

¿Nada nuevo bajo el sol? “Los jueces de Berkshire…el 6 de mayo de 1795, en una época de dificultades, decidieron que deberían otorgarse subsidios…con una escala dependiente del precio del pan, de modo que se asegurara un ingreso mínimo, (a todos) independientemente de sus salarios. La recomendación decía: para el sostén de su esposa y cada uno de los demás miembros de su familia” Karl Polanyi.
Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito en el Informe de Desarrollo Humano de la Argentina (1996), propusieron el ingreso garantizado a la niñez y adolescencia. Lo Vuolo inspiró a Elisa Carrió. Claudio Lozano y la CTA impulsaron un proyecto similar.
Muchos años de desigualdad de trato entre trabajadores formales y desempleados e informarles; y también años de conciencia de esta situación social crítica. La universalización de la protección a niños y adolescentes fue una propuesta de progresistas y liberales; y de casi todas las organizaciones sociales y comunitarias. La universalización de las “asignaciones familiares” –tan vieja como la escala de Speenhanland mencionada en La Gran Transformación (1944) – se hizo políticamente casi universal.
La mayor temperatura mediática opositora fue la reunión de la Coalición Cívica con la jerarquía de la Iglesia Católica para consensuar un proyecto. Dirigentes de la Iglesia ya habían entregado su propuesta al gobierno.
El impacto mediático arrinconaba al gobierno encerrado en propuestas nada urgentes como la reforma política. Néstor Kirchner con reflejos políticos excepcionales le arrebató a la oposición y a las organizaciones sociales su bandera social de mayor altura. Sin trámite parlamentario se sancionó por decreto un programa de subsidio directo (hasta 18 años) que lo percibirán padres desempleados o con empleo informal. El ANSES llegará a siete millones de menores. El objetivo es incorporar a todos. Un paso adelante.
Democracia es la igualdad de derechos. Ahora el sistema de asignaciones familiares tiende a la igualdad y reconoce el estado social crítico. Saludable reflejo oficial que pone en discusión la calidad de la mirada sobre la realidad. Las cifras oficiales insistían en la reducción drástica de la pobreza y la indigencia. Profesionales y políticos, incluso oficialistas, avalaban cifras de crecimiento de la indigencia y la pobreza. La decisión del gobierno reconoce la emergencia social. Acordar cuál es la situación en la que estamos es otro paso adelante.
Estos dos pasos adelante inician un camino. Pero aproximarse a destino todavía queda muy lejos.
Los trabajadores formales que disponen de los beneficios de la seguridad social (jubilación, salud, etc.) eran, hasta ahora, los únicos que recibían ayuda para la paternidad y la escolaridad. Con una lógica inexplicable los desempleados (¿cuál es su culpa?) y los trabajadores informales (¿cuál es la suya?) no sólo carecen la posibilidad de ganarse la vida con un trabajo decente y por lo tanto carecen de los beneficios de la seguridad social (jubilación, salud, etc.) sino que sus hijos además estaban abandonados por el Estado. A partir de ahora el tratamiento de los hijos es igual. Pero todas las demás conquistas sociales de las que unos (formales) disponen siguen siendo ajenas para los demás. Subsiste la desigualdad de trato legalizada. Veamos.
La referencia histórica pone la dimensión adecuada a la inexplicable morosidad del Estado (varios gobiernos como veremos más adelante). Cualquiera hubiese sido el momento de aplicación de una norma como la que comentamos le hubiésemos ahorrado o morigerado, a millones de indigentes o pobres, en el comienzo de la vida, ese sufrimiento y sus consecuencias. Y a la sociedad el fracaso colectivo de futuro que esa situación asegura. No garantizar ciertas cosas en el comienzo de la vida es asegurar el lastre social del fracaso colectivo a futuro. El Dr. Abel Albino nos recuerda que la mayor parte de los condenados a cadena perpetua, en las cárceles de Mendoza, fueron indigentes en sus primeros años de vida. Cerebros y almas, vidas, mal alimentadas, sin familia, forman sombras desesperadas que pueblan la violencia de hoy que se incubó hace décadas. “Este hecho de demoníaca violencia está sólo superpuesto a una corriente de cambio silencioso que devora al pasado sin provocar ondulación en la superficie. Un análisis de la catástrofe deberá explicar la acción tempestuosa y la disolución callada por igual” Karl Polanyi. La tardanza, el destiempo, en política tiene costos (personales y sociales) irreversibles de los que nadie se hará responsable pero que la sociedad sufrirá.
Celebramos la decisión. Todo comienzo es positivo. ¿Pero cuál es la cuestión real?
Alcanzamos el Estado de Bienestar pleno a partir de 1945. Desde entonces y hasta 1974, fuimos un país de pleno empleo. En 1974 la tasa de desempleo era del 3/4 por ciento. Desempleo friccional. Durante esos 30 años se instrumentó la política económica a través del trabajo y de políticas universales de bienestar. Es lo que desarrolló el y al peronismo. Ejemplo, el Dr. Ramón Carrillo hizo salud pública universal por el Hospital Público. Un solo sistema de salud de excelencia como derecho ciudadano. También se universalizó la educación pública. En 1974 bajo la línea de pobreza estaba el 5 por ciento de la población. El Coeficiente de Gini estaba en el nivel de los países europeos desarrollados. Otra situación social. Durante el período de 1945/74 la política económica, – con sus más y menos – creo condiciones de pleno empleo y máxima productividad; de pleno acceso a los bienes públicos y de mejora en la distribución del ingreso. Comparar ayer y hoy con países vecinos es un ejercicio doloroso.
Desde 1975 en adelante, aquel Estado de Bienestar fue progresivamente reemplazado por el Estado de Malestar, cuyo eje es la doctrina del derrame que alcanzó su apoteosis en la década infame menemista. Esa propuesta fue “deje actuar al mercado, saque al Estado; y si bien primero se concentrará la riqueza - lo que incentivará el espíritu animal- luego, una vez llena, la copa se derramará”. Desde entonces se derogó el pleno empleo, se destruyó la oferta de bienes públicos (se privatizó la educación y la salud), se gestó una distribución del ingreso vergonzosa y se confinó el aumento de la productividad, en el mejor de los casos, a algunos sectores de servicios (p.ej. comunicaciones); y se puso la responsabilidad del crecimiento y de los equilibrios macroeconómicos en manos de los términos del intercambio o a la suerte del mercado mundial.
La destrucción de las condiciones del Estado de Bienestar inició con el auge del cuenta propismo, el empleo informal y el desempleo. Con la destrucción de los objetivos, las políticas y los valores del Estado de Bienestar, sobrevino la explosión de la informalidad y la pobreza. El “cambio de sistema” fue la preocupación de los “Los jueces de Berkshire”. Las regulaciones de la sociedad del pleno empleo y la formalidad no podían resolver los problemas sociales del desempleo y la informalidad. Peor, contribuyeron a formar el abismo social entre formales y desempleados e informales.
Con esta decisión llega una respuesta a algunos de los daños del “cambio de sistema” de Bienestar por el sistema de derrame. Se trata de una política de “control de daños” que no apunta al corazón de las causas.
La decisión K de introducir este paliativo – palabras de Cristina Fernández – debemos celebrarla. Pero nada cambia porque seguimos necesitando del pleno empleo y del incremento sostenido de la productividad. Para ello necesitamos más puestos de trabajo en los sectores industriales avanzados y exportadores capaces de pagar salarios propios de esas actividades. Y para ello necesitamos que los excedentes (salieron 45 mil millones de dólares en los últimos dos años y hay 160 mil millones de stock afuera del sistema) en lugar de fugar o volver en especulación inmobiliaria tipo Puerto Madero, se incorporen a la producción reproductiva. Nada de ello ocurrirá sin políticas activas masivas, contundentes y de largo plazo. Lo que no ocurre hace 35 años. Y así nos va.
Una frase divide las aguas: ¿da igual producir caramelos que acero? Haga un inventario de las actividades a las que se dedica – con las que hace fortuna rápida – la nueva oligarquía de los concesionarios y entenderá por qué, después de tanto crecimiento chino, seguimos mirando una foto inmutable cuestión social. La productividad real no mueve el amperímetro.
Por esto es urgente terminar con la ausencia de Estado en la Política Magna. Terminar con la negación a pensar y actuar, en términos del Proyecto nacional de largo plazo concertado.
O seguimos en la misma foto y le hacemos fotoshop a la realidad.