Las familias de los discapacitados psíquicos de Euskadi reclamaron ayer a las instituciones que reconozcan el esfuerzo económico que están obligadas a realizar de su propio bolsillo, un gasto que cifraron entre 17.500 y 33.500 euros anuales por término medio y que, en el tramo elevado, es el quinto más alto de España, superado ligeramente por Baleares, Cataluña, Aragón y Cantabria. Así se desprende de un exhaustivo informe presentado por Fevas, una federación vasca en la que están integradas las asociaciones que atienden a 13.457 ciudadanos vascos aquejados de algún tipo de minusvalía intelectual.
Según el estudio, elaborado por la consultora catalana Antares para todas las comunidades autónomas, la labor que realizan los hogares españoles que cuidan a una persona con una minusvalía psíquica podría valorarse en 4.374 millones de euros, lo que equivale al 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB). El vicepresidente de Fevas, Diego Zumárraga, subrayó que esas familias, tanto en el País Vasco como en el resto de España, sufren un «agravio» respecto a las demás y aseguró que el conjunto de la sociedad ha contraído una «deuda moral» con ellas, razón por la cual los poderes públicos deben ayudarlas más, «a pesar de la crisis económica y precisamente por ella».
En este sentido, Fevas recordó que el 87% de los discapacitados intelectuales de Euskadi son atendidos por sus familiares directos. El 26% de estos cuidadores informales dedican tantas horas a esas tareas que no pueden plantearse la búsqueda de un trabajo, un problema que afecta especialmente a las mujeres. El 11% incluso ha tenido que renunciar al empleo que ya tenía para consagrarse al cuidado de la persona dependiente, y el 12,4% ha solicitado reducciones de jornada en su empresa, una decisión que acabará repercutiendo en el futuro, cuando llegue la hora de cobrar la pensión de jubilación.
«Calidad de vida»
El director de Fevas, Pedro Fernández, pidió al futuro Gobierno vasco que desarrolle la recién aprobada Ley de Servicios Sociales para reducir el «déficit» que afrontan las familias de los discapacitados. También reclamó a las diputaciones y a los ayuntamientos que ofrezcan más prestaciones específicas para las minusvalías intelectuales, ya que mitigarían el esfuerzo de los hogares y les ayudaría a mejorar su «calidad de vida», un concepto que no ha sido incluido en el informe de Fevas porque resulta imposible de valorar en términos económicos.
La federación ha calculado el coste que suponen los discapacitados psíquicos, dependiendo de su grado de minusvalía. Los leves, por ejemplo, son parcialmente autónomos y pueden desempeñar algún trabajo. Los moderados necesitan ayuda en casi todas sus actividades, aunque acuden a talleres y centros de día. Los severos, en cambio, están ingresados en residencias, excepto los fines de semana y durante las vacaciones. No obstante, algunos viven con su familia, que asume buena parte de los cuidados.
Según esta tipología, la atención que requiere un discapacitado intelectual leve puede costar entre 7.160 y 19.900 euros en el País Vasco. La que necesita uno moderado, entre 7.000 y 32.500 euros. La exigida por un discapacitado severo que vive en una residencia, entre 22.250 y 22.260; y si permanece en su casa, entre 59.300 y 33.810. La media calculada por Fevas para los cuatro supuestos oscila entre 17.500 y 33.500 euros.
Compensaciones
En todos esos supuestos, la primera cifra, la más baja, incluye los gastos directos (ortopedia, farmacia, ropa, copagos), así como el tiempo dedicado a la persona dependiente (valorado a diez euros la hora). A la suma resultante se le descuentan las ayudas públicas (subvenciones, prestaciones económicas y exenciones fiscales). Precisamente, Euskadi es la cuarta comunidad autónoma con compensaciones públicas más altas (una media de 15.303 euros), por detrás de Navarra (18.168), Galicia (17.149) y Cataluña (15.597).
El segundo apartado del esfuerzo económico, el más elevado, añade a los conceptos anteriores los denominados costes de oportunidad; es decir, el dinero que el discapacitado no puede ingresar cuando es mayor de edad a causa de las limitaciones que tiene para adaptarse al mercado laboral. Pero aquí también se contabilizan los ingresos que sus padres u otros parientes dejan de percibir cuando sacrifican sus oportunidades laborales, bien renunciando a un empleo, bien trabajando menos horas para estar más tiempo en casa.
Igualmente, el coste de oportunidad incorpora el desgaste emocional que supone ocuparse de un discapacitado intelectual, puesto que el 48% de los cuidadores familiares no tiene vacaciones; el 31% sufre procesos de depresión y el 27,7% ve cómo se deteriora su salud.
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