Los responsables de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la Comunitat, Arturo León y Miguel Usó, y el presidente de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunitat (Aerte), Alberto Giménez, defendieron hoy la prestación profesional para personas dependientes, algo que en su opinión "garantiza la calidad y el empleo con todos los derechos, frente a otras figuras excepcionales como el cuidador informal", aseguraron en un comunicado.
Patronal y sindicatos resaltaron que la ley "pretende dar servicio a personas que lo necesitan", si bien criticaron "la incorrecta aplicación de la misma, que esta provocando empleo de baja calidad, especialmente en el caso de las mujeres". Asimismo, consideraron "todavía más peligroso, el déficit de control en la atención a dependientes graves y severos", manifestaron.
Del mismo modo, coincidieron en que la figura del cuidador informal "esta provocando cierto 'clientelismo', al aplicarse en casos que requieren atención 24 horas". "Otra cuestión es que el cuidador, debidamente formado y articulando sistemas de control de la atención, pueda ser una figura útil para casos de dependientes moderados", añadieron al respecto.
Las organizaciones explicaron que el sector de la dependencia "genera retorno económico y social, empleo estable y, sobre todo, permite ceñirse a la definición exacta del concepto de salud en el siglo XXI". En su opinión, este concepto "implica atención social pero también sanitaria, ayuda a evitar fórmulas de vinculación pseudo laborales y garantiza que los trabajadores cuenten con todos sus derechos", manifestaron.
Por su parte, el responsable de la patronal autonómica, Alberto Giménez, explicó que ni la ley vigente ni las normativas autonómicas "permiten que las personas dependientes tengan derecho a optar entre la recepción de servicios profesionalizados y la recepción de ayudas económicas, que servirían para el apoyo informal por familiares o personas del entorno del beneficiario".
Según relató, esta decisión "corresponde a las administraciones, que son quienes deben resolver la ayuda que se presta en función del catálogo de servicios establecidos". "De manera manera excepcional, si no es posible la prestación de servicios, entonces se reconoce de una prestación económica para el cuidado del dependiente por sus familiares o personas de su entorno", agregó.
En este sentido, instó a la Administración "a cumplir la Ley, sin que ésta pueda quedar a expensas de la voluntad de un particular ni, mucho menos, amparándose en ella". "Una cosa es consensuar con el usuario la prestación y otra muy distinta incumplir la norma vigente", apostilló Giménez
El representante de CCOO Arturo León también defendió esta postura, además de incidir en que, en el contexto actual, "hay que apostar por garantizar empleo y servicios de calidad". Así, recordó que atendiendo "escrupulosamente" a la ley, "cada dos dependientes se debería crear un puesto de trabajo".
Finalmente, su compañero Miguel Usó, apostó porque la prestación del servicio en el entorno del ciudadano "se realice con la calidad de los profesionales dotados para ello". En este sentido, destacó "la importante creación de empleo que supone la prestación de este servicio, si se realiza mediante personal cualificado". Por ello, instó a la administración "a disponer los recursos suficientes para que los profesionales tengan buenas condiciones retributivas de trabajo", ya que según concluyó, "es difícil que el cuidador informal pueda atender con la misma calidad que lo hace un profesional".
No hay comentarios:
Publicar un comentario