El Financiero en línea
México, 27 de marzo.- El diputado perredista, José Antonio Almazán González, presentó su iniciativa para crear Ley de Emergencia para la Protección del Empleo, que establece que ninguna compañía puede despedir a su personal y que el gobierno debe comprometerse a subsidiar a pequeñas y medianas empresas para cubrir el ingreso de sus trabajadores.
De acuerdo con el diputado perredista, el objetivo principal de la iniciativa es tutelar el derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 constitucional bajo las actuales circunstancias de emergencia, producto de la actual crisis económica.
Se indica que quedará terminantemente prohibido que cualquier patrón despida a sus trabajadores, sobre todo cuando se trate de mujeres embarazadas, y sólo procederá por causa especialmente grave o que haga imposible la continuación de la relación de trabajo y previo permiso concedido por la Junta o Tribunal de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.
Almazán González resaltó que el fracaso del modelo neoliberal está a la vista de todos, pues de 106 millones de mexicanos, más de un 50 por ciento viven en condiciones de pobreza y cerca de un 20 por ciento en pobreza extrema.
En el documento se dice que en 2008, de 76 millones de mexicanos en edad de trabajar, entre un 50 y 60 por ciento se ubica en la economía informal, carentes de seguridad social, y de 43 millones de mexicanos que integran la población ocupada, un tercio de ella, más de 14 millones, perciben entre uno y dos salarios mínimos.
Enfatiza que de más de un millón de mexicanos que cada año se incorporan al mercado de trabajo, sólo 400 mil en los últimos 7 años encontró empleo.
Del resto, alrededor de 500 mil emigran al vecino país del norte en busca de trabajo y los que se quedan, pasan a formar parte del desempleo y constituyen el caldo de cultivo de lo que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas sociales: la creciente inseguridad y la delincuencia organizada.
Por ello, se propone que en apoyo a todas las empresas, especialmente pequeñas y medianas con problemas financieros, el gobierno federal deberá otorgar a éstas los recursos necesarios para cubrir total o parcialmente el salario a sus trabajadores, hasta por tres salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, ya sean de planta o base y de confianza, por el lapso de un año.
Del mismo modo, añade, deberá decretar a favor de estos patrones un programa de estímulos fiscales, y de reducción hasta de un cincuenta por ciento en el valor de todos los energéticos, y plantea congelar las rentas de los inmuebles en que operan centros de trabajo, por dos años. (Con información de Edgar Amigón/Finsat/CFE)
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