La conclusión fue tajante. “No hay estadísticas sobre cuánto dinero fluctúa en la venta de objetos robados en Quito”. En eso coincidieron ayer académicos expertos en seguridad ciudadana, en el foro sobre El mercado de bienes robados y seguridad ciudadana, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Según los datos expuestos, el 20% de los delitos contra las personas, en el 2007, se concentró en Iñaquito; el 10%, en la parroquia Mariscal Sucre, y un 30% se repartió en las parroquias Rumipamba, Belisario Quevedo, Kennedy y La Concepción.
Según los datos expuestos, el 20% de los delitos contra las personas, en el 2007, se concentró en Iñaquito; el 10%, en la parroquia Mariscal Sucre, y un 30% se repartió en las parroquias Rumipamba, Belisario Quevedo, Kennedy y La Concepción.
95 personas detenidas
Según la Policía, el robo de celulares se procesa en una comisaría por ser una contravención. Los delincuentes son apresados durante días y sin juicio.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana afirma que en el robo a cabinas telefónicas las víctimas pierden un promedio de USD 2 377 por atraco.
Hace 15 días, los uniformados del Regimiento Quito No. 2 atraparon a 95 delincuentes arranchadores en el Centro Histórico.
Según la Policía, el robo de celulares se procesa en una comisaría por ser una contravención. Los delincuentes son apresados durante días y sin juicio.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana afirma que en el robo a cabinas telefónicas las víctimas pierden un promedio de USD 2 377 por atraco.
Hace 15 días, los uniformados del Regimiento Quito No. 2 atraparon a 95 delincuentes arranchadores en el Centro Histórico.
Juan Carlos Parra, director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), reveló las cifras y aseguró que el Centro Histórico concentra un 5% de nivel delictivo en los atracos contra la propiedad. “Los objetos que se roban se convierten en los insumos de las llamadas tiendas de cachinerías, por lo cual los delitos van de la mano con el mercado”.
El 26% de artículos robados corresponde a objetos con tecnología, como celulares y ‘laptops’. En el 2006, cada robo a la propiedad significó, en promedio, USD 3 466 de pérdida para la víctima. Ahora, de enero a junio del 2008, el monto asciende a USD 4 1 44 por cada atraco.
“Estamos preocupados por el aumento de la inseguridad en La Mariscal, queremos capacitar a los jóvenes en medidas preventivas”, dijo Lida Pozo, docente.
Según la investigación de la Senacyt, los objetos robados se expenden en espacios móviles no autorizados, pese a que hay la tendencia de trasladar los artículos fuera del perímetro urbano.
Juan Rivadeneira, representante del Boletín Democracia, Seguridad y Defensa de la Universidad Católica, teoriza sobre el tema. “Al mercado de objetos robados se debe entender como una economía subterránea o ilegal, porque hay evasión de impuestos y de marcos regulatorios de la Economía. El aumento de ese mercado informal implica una reducción de ingresos al Estado”.
El académico reconoció que hay incapacidad de gestión y que no es asunto solo de la Policía, ya que el problema de la cachinería “se debe entender desde el punto de vista económico”.
Con él coincidió Fernando Carrión, edil y coordinador del área de Estudios de la Ciudad de la Flacso. “Es necesario que se establezcan políticas comerciales para reducir el crecimiento de este negocio ilegal en la ciudad”.
El académico citó ejemplos como el robo de cerebros de autos que mermó, según él, luego de que Toyota aplicó una política de seguridad para esos objetos. “Si nos apoyamos así, a los delincuentes se les cae el negocio. Desde la perspectiva del mercado hay soluciones comerciales”.
El concejal reconoció que el sector de La Marín es un foco de inseguridad, por lo cual considera que se requiere aplicar regulaciones estrictas sobre el uso de los espacios en el Centro Histórico, ya que es facultad del Cabildo.
Según Rivadeneira, en la ciudad hay incentivos para este tipo de economía informal, porque la demanda de estos productos es alta, debido a sus bajos costos.
En la cita también estuvieron delegados de la Policía, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, del colegio Manuela Cañizares y académicos.
El 26% de artículos robados corresponde a objetos con tecnología, como celulares y ‘laptops’. En el 2006, cada robo a la propiedad significó, en promedio, USD 3 466 de pérdida para la víctima. Ahora, de enero a junio del 2008, el monto asciende a USD 4 1 44 por cada atraco.
“Estamos preocupados por el aumento de la inseguridad en La Mariscal, queremos capacitar a los jóvenes en medidas preventivas”, dijo Lida Pozo, docente.
Según la investigación de la Senacyt, los objetos robados se expenden en espacios móviles no autorizados, pese a que hay la tendencia de trasladar los artículos fuera del perímetro urbano.
Juan Rivadeneira, representante del Boletín Democracia, Seguridad y Defensa de la Universidad Católica, teoriza sobre el tema. “Al mercado de objetos robados se debe entender como una economía subterránea o ilegal, porque hay evasión de impuestos y de marcos regulatorios de la Economía. El aumento de ese mercado informal implica una reducción de ingresos al Estado”.
El académico reconoció que hay incapacidad de gestión y que no es asunto solo de la Policía, ya que el problema de la cachinería “se debe entender desde el punto de vista económico”.
Con él coincidió Fernando Carrión, edil y coordinador del área de Estudios de la Ciudad de la Flacso. “Es necesario que se establezcan políticas comerciales para reducir el crecimiento de este negocio ilegal en la ciudad”.
El académico citó ejemplos como el robo de cerebros de autos que mermó, según él, luego de que Toyota aplicó una política de seguridad para esos objetos. “Si nos apoyamos así, a los delincuentes se les cae el negocio. Desde la perspectiva del mercado hay soluciones comerciales”.
El concejal reconoció que el sector de La Marín es un foco de inseguridad, por lo cual considera que se requiere aplicar regulaciones estrictas sobre el uso de los espacios en el Centro Histórico, ya que es facultad del Cabildo.
Según Rivadeneira, en la ciudad hay incentivos para este tipo de economía informal, porque la demanda de estos productos es alta, debido a sus bajos costos.
En la cita también estuvieron delegados de la Policía, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, del colegio Manuela Cañizares y académicos.
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