Quien se deja timar por las mercancías piratas y por los alimentos contaminados, clientes de la economía informal, merece las consecuencias derivadas: corrupción, ilegalidad y falta de seguridad pública.
No toda la culpa es de las autoridades, pero sin duda tienen la mayor responsabilidad, porque permiten la impunidad
Sumándome a la opinión de los expertos que opinan que la causa principal del deterioro en el sistema de seguridad pública es la tolerancia e impunidad cotidiana de faltas, infracciones de policía y hasta delitos, cometidos tanto por ciudadanos como por las autoridades encargadas de aplicar la ley, quisiera hoy presentar algunos de esos actos de incumplimiento de la ley que según los que saben, y en mi opinión con razón, han deteriorado el estado de Derecho en México y propiciado el caos urbano que tenemos y que estimula la impunidad y la inseguridad que ésta causa.
1._ En primer lugar, por supuesto, la impunidad de las infracciones de tránsito, que en todas las ciudades del país y en especial en las de Sinaloa y en todos los casos, ponen en peligro o molestan a algunas personas o a muchas, según la infracción, pero que son toleradas por las autoridades de tránsito, a pesar de las quejas de los conductores cumplidos, de los vecinos y de las organizaciones de ciudadanos, las cuales, ante la complicidad evidente de las autoridades, ya optaron por ser simples observadores de la impunidad, de la corrupción de los policías de tránsito y de sus jefes que toleran todo lo anterior.
2._ Otro importante problema social que padecemos en la tolerancia ilegal de bloqueos de avenidas y hasta de carreteras estatales y federales, ocupación ilegal de las oficinas de cobro de carreteras federales y estatales, que además de ser delitos federales o locales, ocasionan graves problemas a los usuarios de las vialidades cuyo uso impiden los protestantes con piedras y otros obstáculos. Generalmente son pocos manifestantes que causan problemas , daños y perjuicios a cientos y a miles de conductores de vehículos cuyo tránsito es impedido. Las autoridades consideran estos problemas como un complicado "problema político", cuando en la realidad se trata de un asunto menor y de un delito que debe ser impedido de inmediato por la autoridad competente, sea municipal, estatal o federal.
Hace algunos meses un pequeño grupo de personas impidieron el paso de vehículos en la carretera que conecta a la Carretera Internacional con el Aeropuerto de Mazatlán, obligando a muchos turistas a perder su vuelo y a caminar los cuatro o cinco kilómetros que median entre el lugar del bloqueo y el aeropuerto. Terrible. Las autoridades federales de la Policía de Caminos, (ahora Policía Federal Preventiva), sólo "dialogaron" con los manifestantes, pero no despejaron la carretera, como era su obligación. Dos o tres horas de ilegalidad consentida. Los bloqueos generalmente impiden el paso durante esas dos o tres horas, con las consecuencias negativas para los que necesitan llegar a su destino. Más terrible que se fomente la impunidad y la ilegalidad. Los afectados exigen que la autoridad cumpla con su deber, no que "dialogue" con los causantes de los actos ilícitos, sin aplicar la ley.
3._ Policía que no es policía. No es necesario insistir mucho en esto. Basta ver en cualquier ciudad de Sinaloa a los policías en sus camionetas haciendo equilibrio con sus rifles, con el peligro que ello implica, para apreciar la prueba evidente de la incapacidad de sus superiores para organizar cuerpos de policía capaces de ayudar a la sociedad en su seguridad pública.
Baja escolaridad, falta de preparación técnica y cívica, malos sueldos y nada de prestaciones que atraigan a personas con intención de hacer una carrera profesional cuidando a los ciudadanos. Todos los defectos antes señalados son culpa de la autoridad, que no tiene interés en mejorar un servicio que es indispensable para que los ciudadanos no se hagan justicia por sí mismos o más frecuentemente, para que los delitos, atracos, robos y sobre todo los homicidios violentos no queden impunes.
4._ La orden administrativa de las autoridades federales de Pesca, de salir a pescar camarón cuando menos un mes antes de lo dictaminado y recomendado por el Instituto Nacional de Pesca, por razones "políticas", aunque se trate de pesca depredadora porque el camarón no ha terminado su proceso de reproducción y crecimiento apropiado, tanto en bahías como en alta mar. La presión que cada año ejercen los pescadores ribereños sobre las autoridades les obliga año tras año a autorizar lo que la biología y el sentido común indican que no debe autorizarse sino hasta cuando lo indiquen los expertos. Cientos de "pangas" o embarcaciones ligeras salen a pescar en las aguas de esteros y ribereñas y capturan camarón pequeño, antes de tiempo. El "diálogo y la negociación" sustituyen a la ciencia y el resultado es el mismo cada año. Se pesca camarón pequeño.
5._ Los retenes de policías y soldados. Todos son ilegales porque están prohibidos por la Constitución. Han sido causa de errores y arbitrariedades que han provocado personas muertas porque las víctimas piensan que quienes los detienen son delincuentes que desean asaltarlos. La autoridad argumenta que son necesarios y que han permitido decomisar importantes cantidades de drogas. Suponiendo que eso es verdad, lo cual poca gente cree, entonces que se modifique la ley y que se permita bajo ciertas circunstancias y nunca en la noche, que se detenga a personas que son sorprendidas por encapuchados y con uniformes de policías o de soldados que sugieren un asalto, más que una revisión de la autoridad. Lo que importa es que ahora se incumple la ley que prohíbe que se detenga a los ciudadanos en la ciudad o en caminos y carreteras, para revisar sus vehículos y exigir la identificación de las personas que viajan en ellos. Incumplir la ley es más reprobable cuando quien lo hace es la autoridad encargada de hacer cumplir la ley y por ello, debería ser la primera en cumplirla.
6._ Compra de bienes y servicios por la autoridad, sin licitación pública. Vehículos, computadoras, obras de construcción, pavimentación de calles y sobre todo, gasto en publicidad innecesaria y costosa y sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, la cual es inapropiada y ayuda a la corrupción en todo el país, no sólo en Sinaloa. Aquí sólo servimos para copiar las barbaridades ilegales que se inventan en otros estados. Los diputados locales de todos los estados aprueban leyes con criterio amplio, muy amplio, cuando se trata de regular las licitaciones públicas o de evitarlas, pero siempre de gastar dinero pagado por los contribuyentes.
7._ Cantinas y casas de juego que no cumplen los requisitos legales. Permisos de construcción que no deberían otorgarse conforme a la ley. Topes en las calles para que los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad, porque uno de los vecinos tiene "influencia" en el Municipio. Exceso de personal en todas las oficinas públicas, sean federales, estatales o municipales, para ayudar a amigos y parientes. La crisis, obviamente. Solidaridad fraternal con mi compadre.
8._ Finalmente, para acortar la interminable lista, la cereza del pastel. El comercio ambulante o fijo, pero en la vía pública. Acto siempre ilegal. Se les cobra un "derecho de piso", según la superficie que ocupan. El Municipio cobra porque no tiene dinero, según sus voceros. Los comerciantes informales son fuente de enfermedades, porque la mayoría vende alimentos. Tamales, tacos, tortas, pan de dulce y golosinas, frutas verdes y maduras con sal, limón y chile, que presagian la diarrea seis horas después. Mariscos y pescados crudos y cocidos o guisados.
No pagan impuestos ni a la Federación, ni al estado. Sólo pagan al Municipio que de ese modo se convierte en cómplice del comercio ilegal informal y nos uniforma con la apariencia ante los turistas con todos los países subdesarrollados de Asia, África y Latinoamérica, que a pesar de las leyes y reglamentos en vigor, venden alimentos y toda clase de mercancías, algunas de ellas copias ilegales de las verdaderas, es decir, es mercancía "pirata".
En algunas ciudades se vende públicamente en las calles y banquetas mercancía robada. En otras se autoriza en las plazas públicas el juego prohibido por la ley. En todos los casos, hay corrupción, impunidad y se incumple la ley. Los clientes de esos comerciantes ilegales y ellos mismos ensucian las calles y banquetas que utilizan como drenaje al aire libre, en perjuicio de los comercios legales que tienen frente a esas calles y banquetas malolientes y que sí pagan impuestos y seguro social para sus trabajadores, pero sus banquetas y calles están "rentadas" por la autoridad municipal para que se cometan actos ilegales públicamente. Los clientes de los comercios legales no pueden llegar a comprarles su mercancía, por lo tanto pierden ventas y utilidades.
Las autoridades argumentan que el comercio informal es una fuga de presión a la pobreza y a la marginación. La realidad es que es un gran negocio para las autoridades que cobran a los informales. Multiplique 50 o 100 pesos diarios por comerciante por diez o veinte mil casos en Guadalajara, Monterrey o Tijuana; o por 70 o 90 mil comerciantes en el centro histórico del Distrito Federal, cuando menos, y podemos apreciar la magnitud del negocio diario y de la corrupción que implica.
Los municipios de Sinaloa no llegan a tanto. Su cobro diario oscila entre los 20 y los 100 pesos, pero nada más son unos cuantos cientos de personas en cada ciudad, salvo cuando llegan las "ferias" y carnavales, que ensucian las calles y banquetas por una semana o más. En ningún país civilizado hay comercio informal, salvo los mercados de "pulgas" los domingos en algunas ciudades, pero principalmente se venden antigüedades o artesanías.
En Asia, sólo Japón, país ordenado, educado y civilizado, aunque agresivo y abusivo, y Singapur y Hong Kong -el primero colonia inglesa por 110 años y el segundo por 99 años- se salvan de esa lacra urbana derivada de la corrupción que es el comercio informal en las calles y banquetas de las ciudades. El resto de los países comparten con México el honor de permitir que la corrupción sea más importante que la limpieza de las ciudades y el orden urbano que eliminan los vendedores informales. No tenemos remedio. Quien se deja timar por las mercancías piratas y por los alimentos contaminados, clientes de la economía informal, merece las consecuencias derivadas: corrupción, ilegalidad y falta de seguridad pública. No toda la culpa es de las autoridades, pero sin duda tienen la mayor responsabilidad, porque permiten la impunidad.
No toda la culpa es de las autoridades, pero sin duda tienen la mayor responsabilidad, porque permiten la impunidad
Sumándome a la opinión de los expertos que opinan que la causa principal del deterioro en el sistema de seguridad pública es la tolerancia e impunidad cotidiana de faltas, infracciones de policía y hasta delitos, cometidos tanto por ciudadanos como por las autoridades encargadas de aplicar la ley, quisiera hoy presentar algunos de esos actos de incumplimiento de la ley que según los que saben, y en mi opinión con razón, han deteriorado el estado de Derecho en México y propiciado el caos urbano que tenemos y que estimula la impunidad y la inseguridad que ésta causa.
1._ En primer lugar, por supuesto, la impunidad de las infracciones de tránsito, que en todas las ciudades del país y en especial en las de Sinaloa y en todos los casos, ponen en peligro o molestan a algunas personas o a muchas, según la infracción, pero que son toleradas por las autoridades de tránsito, a pesar de las quejas de los conductores cumplidos, de los vecinos y de las organizaciones de ciudadanos, las cuales, ante la complicidad evidente de las autoridades, ya optaron por ser simples observadores de la impunidad, de la corrupción de los policías de tránsito y de sus jefes que toleran todo lo anterior.
2._ Otro importante problema social que padecemos en la tolerancia ilegal de bloqueos de avenidas y hasta de carreteras estatales y federales, ocupación ilegal de las oficinas de cobro de carreteras federales y estatales, que además de ser delitos federales o locales, ocasionan graves problemas a los usuarios de las vialidades cuyo uso impiden los protestantes con piedras y otros obstáculos. Generalmente son pocos manifestantes que causan problemas , daños y perjuicios a cientos y a miles de conductores de vehículos cuyo tránsito es impedido. Las autoridades consideran estos problemas como un complicado "problema político", cuando en la realidad se trata de un asunto menor y de un delito que debe ser impedido de inmediato por la autoridad competente, sea municipal, estatal o federal.
Hace algunos meses un pequeño grupo de personas impidieron el paso de vehículos en la carretera que conecta a la Carretera Internacional con el Aeropuerto de Mazatlán, obligando a muchos turistas a perder su vuelo y a caminar los cuatro o cinco kilómetros que median entre el lugar del bloqueo y el aeropuerto. Terrible. Las autoridades federales de la Policía de Caminos, (ahora Policía Federal Preventiva), sólo "dialogaron" con los manifestantes, pero no despejaron la carretera, como era su obligación. Dos o tres horas de ilegalidad consentida. Los bloqueos generalmente impiden el paso durante esas dos o tres horas, con las consecuencias negativas para los que necesitan llegar a su destino. Más terrible que se fomente la impunidad y la ilegalidad. Los afectados exigen que la autoridad cumpla con su deber, no que "dialogue" con los causantes de los actos ilícitos, sin aplicar la ley.
3._ Policía que no es policía. No es necesario insistir mucho en esto. Basta ver en cualquier ciudad de Sinaloa a los policías en sus camionetas haciendo equilibrio con sus rifles, con el peligro que ello implica, para apreciar la prueba evidente de la incapacidad de sus superiores para organizar cuerpos de policía capaces de ayudar a la sociedad en su seguridad pública.
Baja escolaridad, falta de preparación técnica y cívica, malos sueldos y nada de prestaciones que atraigan a personas con intención de hacer una carrera profesional cuidando a los ciudadanos. Todos los defectos antes señalados son culpa de la autoridad, que no tiene interés en mejorar un servicio que es indispensable para que los ciudadanos no se hagan justicia por sí mismos o más frecuentemente, para que los delitos, atracos, robos y sobre todo los homicidios violentos no queden impunes.
4._ La orden administrativa de las autoridades federales de Pesca, de salir a pescar camarón cuando menos un mes antes de lo dictaminado y recomendado por el Instituto Nacional de Pesca, por razones "políticas", aunque se trate de pesca depredadora porque el camarón no ha terminado su proceso de reproducción y crecimiento apropiado, tanto en bahías como en alta mar. La presión que cada año ejercen los pescadores ribereños sobre las autoridades les obliga año tras año a autorizar lo que la biología y el sentido común indican que no debe autorizarse sino hasta cuando lo indiquen los expertos. Cientos de "pangas" o embarcaciones ligeras salen a pescar en las aguas de esteros y ribereñas y capturan camarón pequeño, antes de tiempo. El "diálogo y la negociación" sustituyen a la ciencia y el resultado es el mismo cada año. Se pesca camarón pequeño.
5._ Los retenes de policías y soldados. Todos son ilegales porque están prohibidos por la Constitución. Han sido causa de errores y arbitrariedades que han provocado personas muertas porque las víctimas piensan que quienes los detienen son delincuentes que desean asaltarlos. La autoridad argumenta que son necesarios y que han permitido decomisar importantes cantidades de drogas. Suponiendo que eso es verdad, lo cual poca gente cree, entonces que se modifique la ley y que se permita bajo ciertas circunstancias y nunca en la noche, que se detenga a personas que son sorprendidas por encapuchados y con uniformes de policías o de soldados que sugieren un asalto, más que una revisión de la autoridad. Lo que importa es que ahora se incumple la ley que prohíbe que se detenga a los ciudadanos en la ciudad o en caminos y carreteras, para revisar sus vehículos y exigir la identificación de las personas que viajan en ellos. Incumplir la ley es más reprobable cuando quien lo hace es la autoridad encargada de hacer cumplir la ley y por ello, debería ser la primera en cumplirla.
6._ Compra de bienes y servicios por la autoridad, sin licitación pública. Vehículos, computadoras, obras de construcción, pavimentación de calles y sobre todo, gasto en publicidad innecesaria y costosa y sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, la cual es inapropiada y ayuda a la corrupción en todo el país, no sólo en Sinaloa. Aquí sólo servimos para copiar las barbaridades ilegales que se inventan en otros estados. Los diputados locales de todos los estados aprueban leyes con criterio amplio, muy amplio, cuando se trata de regular las licitaciones públicas o de evitarlas, pero siempre de gastar dinero pagado por los contribuyentes.
7._ Cantinas y casas de juego que no cumplen los requisitos legales. Permisos de construcción que no deberían otorgarse conforme a la ley. Topes en las calles para que los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad, porque uno de los vecinos tiene "influencia" en el Municipio. Exceso de personal en todas las oficinas públicas, sean federales, estatales o municipales, para ayudar a amigos y parientes. La crisis, obviamente. Solidaridad fraternal con mi compadre.
8._ Finalmente, para acortar la interminable lista, la cereza del pastel. El comercio ambulante o fijo, pero en la vía pública. Acto siempre ilegal. Se les cobra un "derecho de piso", según la superficie que ocupan. El Municipio cobra porque no tiene dinero, según sus voceros. Los comerciantes informales son fuente de enfermedades, porque la mayoría vende alimentos. Tamales, tacos, tortas, pan de dulce y golosinas, frutas verdes y maduras con sal, limón y chile, que presagian la diarrea seis horas después. Mariscos y pescados crudos y cocidos o guisados.
No pagan impuestos ni a la Federación, ni al estado. Sólo pagan al Municipio que de ese modo se convierte en cómplice del comercio ilegal informal y nos uniforma con la apariencia ante los turistas con todos los países subdesarrollados de Asia, África y Latinoamérica, que a pesar de las leyes y reglamentos en vigor, venden alimentos y toda clase de mercancías, algunas de ellas copias ilegales de las verdaderas, es decir, es mercancía "pirata".
En algunas ciudades se vende públicamente en las calles y banquetas mercancía robada. En otras se autoriza en las plazas públicas el juego prohibido por la ley. En todos los casos, hay corrupción, impunidad y se incumple la ley. Los clientes de esos comerciantes ilegales y ellos mismos ensucian las calles y banquetas que utilizan como drenaje al aire libre, en perjuicio de los comercios legales que tienen frente a esas calles y banquetas malolientes y que sí pagan impuestos y seguro social para sus trabajadores, pero sus banquetas y calles están "rentadas" por la autoridad municipal para que se cometan actos ilegales públicamente. Los clientes de los comercios legales no pueden llegar a comprarles su mercancía, por lo tanto pierden ventas y utilidades.
Las autoridades argumentan que el comercio informal es una fuga de presión a la pobreza y a la marginación. La realidad es que es un gran negocio para las autoridades que cobran a los informales. Multiplique 50 o 100 pesos diarios por comerciante por diez o veinte mil casos en Guadalajara, Monterrey o Tijuana; o por 70 o 90 mil comerciantes en el centro histórico del Distrito Federal, cuando menos, y podemos apreciar la magnitud del negocio diario y de la corrupción que implica.
Los municipios de Sinaloa no llegan a tanto. Su cobro diario oscila entre los 20 y los 100 pesos, pero nada más son unos cuantos cientos de personas en cada ciudad, salvo cuando llegan las "ferias" y carnavales, que ensucian las calles y banquetas por una semana o más. En ningún país civilizado hay comercio informal, salvo los mercados de "pulgas" los domingos en algunas ciudades, pero principalmente se venden antigüedades o artesanías.
En Asia, sólo Japón, país ordenado, educado y civilizado, aunque agresivo y abusivo, y Singapur y Hong Kong -el primero colonia inglesa por 110 años y el segundo por 99 años- se salvan de esa lacra urbana derivada de la corrupción que es el comercio informal en las calles y banquetas de las ciudades. El resto de los países comparten con México el honor de permitir que la corrupción sea más importante que la limpieza de las ciudades y el orden urbano que eliminan los vendedores informales. No tenemos remedio. Quien se deja timar por las mercancías piratas y por los alimentos contaminados, clientes de la economía informal, merece las consecuencias derivadas: corrupción, ilegalidad y falta de seguridad pública. No toda la culpa es de las autoridades, pero sin duda tienen la mayor responsabilidad, porque permiten la impunidad.
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