LUIS ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
Entendemos por economía sumergida o economía informal el sistema de intercambio de bienes que permanece ajeno al control de cualquier Estado. La mayoría de la población del mundo participa en algún grado y de forma alguna en las economías sumergidas existentes a escala local. La economía sumergida en España e Italia representa más del 20% del producto interior bruto (PIB). En España significa una actividad superior a los 90.000 millones de euros. El caso extremo en la Comunidad Europea lo encontramos en Grecia, con más del 30% del PIB.
A pesar de entender como principales generadores de subempleo y economía sumergida: el aumento de la demanda de servicios personalizados (limpieza, cuidados sanitarios...), las subcontratas desde las grandes industrias hacia pequeñas y medianas empresas, y la explotación del trabajo en casa por el gran desarrollo hoy en día de las telecomunicaciones. Sin embargo, sigue habiendo gran cantidad de trabajo sumergido, con mecanismos ya muy antiguos, en sectores tradicionales como la agricultura, el comercio al por menor, las comidas preparadas, el servicio doméstico, la hostelería, el textil y, en general, muchas industrias ligeras tradicionales, como es el caso de la construcción, donde se emplean con frecuencia a inmigrantes en situación irregular. Con respecto a la caracterización de los trabajadores, podemos señalar los siguientes grupos como los que más participan en la economía sumergida: trabajadores con dos o más empleos, parados, inactivos, e inmigrantes sin papeles. Hay que señalar que la mayor parte de los trabajadores en economía sumergida constan como inactivos y no como parados o activos. Por lo general, los que tienen dos o más empleos son hombres, y las mujeres suelen estar económicamente inactivas. Mujeres, jóvenes y jubilados son los que con más frecuencia participan en la economía sumergida trabajando en su domicilio.
Por lo que respecta a los trabajadores, hablamos de gentes que en su mayoría tienen un punto en común: se trata de colectivos mal colocados para ofrecerse en el mercado regular, ya sea por su retiro forzoso (jubilados), ya por las restricciones académicas (estudiantes), o del trabajo doméstico (amas de casa), ya porque su formación profesional ha quedado desfasada o tienen escasa capacidad competitiva. A esto se suma una necesidad compartida de aumentar ingresos percibidos como insuficientes (a veces de forma poco real, porque responden a estímulos consumisteis, pero otras muchas veces, la inmensa mayoría, bien reales porque responden a necesidades vitales de una mínima dignidad humana). Otros casos se hallan a mitad de camino entre el empleo regular y el irregular. Y en otros casos se trata de autónomos (sector de la construcción y en determinados ramos del sector servicios). El perfil mayoritario de los trabajadores de la economía sumergida indica una situación de indefensión y vulnerabilidad dentro del mercado de trabajo. Perfil del trabajador: mujer, menor de 25 años, que trabaja en una empresa pequeña (menos de seis trabajadores), y cambia frecuentemente de empleo.
El trabajo como fórmula de economía sumergida no sólo determina implicaciones de orden económico, sino que también presenta facetas de otra índole (psicológicas, sociológicas, políticas y éticas). Estas facetas hacen que el empleo irregular sea una parte de la economía sumergida con especiales repercusiones, porque afecta al conjunto de la sociedad (igual que el fraude fiscal), pero también a cada persona concreta que trabaja en esas circunstancias. Sea cual sea el motivo que le lleva a aceptarlas, es innegable que la primera perjudicada es ella misma. Es muy importante no perder nunca de vista que «la economía sumergida no es sólo economía».
Cuando a mediados de los 80 el empleo sumergido se transformó en un tema político de cierta importancia, el discurso oficial insistió en lo que el problema representa de fraude fiscal, en lo que sus altos niveles indicaban respecto a un paro que se consideraba sobredimensionado (no existe tanto paro como parece), y potenció la imagen del trabajador sumergido como un personaje antisocial, que cobra el subsidio de desempleo a la vez que realiza actividades remuneradas en la economía sumergida, con lo que, de paso, se desacreditaba a los parados. Esta visión, además de muy interesada ideológicamente, es enormemente simplista. Las consecuencias de la economía sumergida, que van mucho más allá de lo económico, son mucho más complejas: el fraude fiscal, el deterioro de las condiciones de trabajo, y el fraude social.
La economía sumergida afecta a las finanzas públicas. Es obvio que la economía sumergida afecta a las finanzas públicas. No hay que minimizar en absoluto la importancia de esta cuestión, tanto desde un punto de vista cuantitativo (dada la importante cantidad de dinero que mueve la economía sumergida) como cualitativo: sectores sociales que se aprovechan del conjunto de los servicios sociales financiados públicamente sin contribuir a su mantenimiento en la medida en que debieran. Todo ello supone la ruptura de una norma básica en una sociedad democrática, el principio de solidaridad.
Otra consecuencia evidente de la economía sumergida es el deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos laborales y sociales que comporta. Es indiscutible que las primeras y principales víctimas de la economía sumergida son los trabajadores que se ocupan de ella, especialmente aquellos que se ven obligados a recurrir a ella para vivir (la inmensa mayoría).
En lo que respecta al fraude social, su consecuencia más importante es que pone en cuestión el mismo derecho del trabajo (el trabajo con derecho y dignidad) del conjunto de la sociedad obrera: sus consecuencias más importantes son colectivas, no individuales, aunque afectan directamente más a las personas que forman parte de los sectores más débiles del empleo. La economía sumergida se inscribe en el marco de la precarización del trabajo dentro de la nueva configuración de las relaciones sociales, y en cierta manera viene a suponer una cierta deslegitimación de la democracia.
Por otro lado y para terminar convendría resumir que la economía sumergida viene a colaborar con la deslegitimación del llamado «Estado del bienestar» y con la supuesta crisis fiscal del Estado, trasladando al individuo, al trabajador autónomo, a la pequeña empresa, al cooperativista, a la familia, a la mujer, al parado, al joven, al anciano, en definitiva, a los sujetos con menor poder de negociación, los costes sociales de reproducción que hasta ese momento eran asumidos por la colectividad.
A pesar de entender como principales generadores de subempleo y economía sumergida: el aumento de la demanda de servicios personalizados (limpieza, cuidados sanitarios...), las subcontratas desde las grandes industrias hacia pequeñas y medianas empresas, y la explotación del trabajo en casa por el gran desarrollo hoy en día de las telecomunicaciones. Sin embargo, sigue habiendo gran cantidad de trabajo sumergido, con mecanismos ya muy antiguos, en sectores tradicionales como la agricultura, el comercio al por menor, las comidas preparadas, el servicio doméstico, la hostelería, el textil y, en general, muchas industrias ligeras tradicionales, como es el caso de la construcción, donde se emplean con frecuencia a inmigrantes en situación irregular. Con respecto a la caracterización de los trabajadores, podemos señalar los siguientes grupos como los que más participan en la economía sumergida: trabajadores con dos o más empleos, parados, inactivos, e inmigrantes sin papeles. Hay que señalar que la mayor parte de los trabajadores en economía sumergida constan como inactivos y no como parados o activos. Por lo general, los que tienen dos o más empleos son hombres, y las mujeres suelen estar económicamente inactivas. Mujeres, jóvenes y jubilados son los que con más frecuencia participan en la economía sumergida trabajando en su domicilio.
Por lo que respecta a los trabajadores, hablamos de gentes que en su mayoría tienen un punto en común: se trata de colectivos mal colocados para ofrecerse en el mercado regular, ya sea por su retiro forzoso (jubilados), ya por las restricciones académicas (estudiantes), o del trabajo doméstico (amas de casa), ya porque su formación profesional ha quedado desfasada o tienen escasa capacidad competitiva. A esto se suma una necesidad compartida de aumentar ingresos percibidos como insuficientes (a veces de forma poco real, porque responden a estímulos consumisteis, pero otras muchas veces, la inmensa mayoría, bien reales porque responden a necesidades vitales de una mínima dignidad humana). Otros casos se hallan a mitad de camino entre el empleo regular y el irregular. Y en otros casos se trata de autónomos (sector de la construcción y en determinados ramos del sector servicios). El perfil mayoritario de los trabajadores de la economía sumergida indica una situación de indefensión y vulnerabilidad dentro del mercado de trabajo. Perfil del trabajador: mujer, menor de 25 años, que trabaja en una empresa pequeña (menos de seis trabajadores), y cambia frecuentemente de empleo.
El trabajo como fórmula de economía sumergida no sólo determina implicaciones de orden económico, sino que también presenta facetas de otra índole (psicológicas, sociológicas, políticas y éticas). Estas facetas hacen que el empleo irregular sea una parte de la economía sumergida con especiales repercusiones, porque afecta al conjunto de la sociedad (igual que el fraude fiscal), pero también a cada persona concreta que trabaja en esas circunstancias. Sea cual sea el motivo que le lleva a aceptarlas, es innegable que la primera perjudicada es ella misma. Es muy importante no perder nunca de vista que «la economía sumergida no es sólo economía».
Cuando a mediados de los 80 el empleo sumergido se transformó en un tema político de cierta importancia, el discurso oficial insistió en lo que el problema representa de fraude fiscal, en lo que sus altos niveles indicaban respecto a un paro que se consideraba sobredimensionado (no existe tanto paro como parece), y potenció la imagen del trabajador sumergido como un personaje antisocial, que cobra el subsidio de desempleo a la vez que realiza actividades remuneradas en la economía sumergida, con lo que, de paso, se desacreditaba a los parados. Esta visión, además de muy interesada ideológicamente, es enormemente simplista. Las consecuencias de la economía sumergida, que van mucho más allá de lo económico, son mucho más complejas: el fraude fiscal, el deterioro de las condiciones de trabajo, y el fraude social.
La economía sumergida afecta a las finanzas públicas. Es obvio que la economía sumergida afecta a las finanzas públicas. No hay que minimizar en absoluto la importancia de esta cuestión, tanto desde un punto de vista cuantitativo (dada la importante cantidad de dinero que mueve la economía sumergida) como cualitativo: sectores sociales que se aprovechan del conjunto de los servicios sociales financiados públicamente sin contribuir a su mantenimiento en la medida en que debieran. Todo ello supone la ruptura de una norma básica en una sociedad democrática, el principio de solidaridad.
Otra consecuencia evidente de la economía sumergida es el deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos laborales y sociales que comporta. Es indiscutible que las primeras y principales víctimas de la economía sumergida son los trabajadores que se ocupan de ella, especialmente aquellos que se ven obligados a recurrir a ella para vivir (la inmensa mayoría).
En lo que respecta al fraude social, su consecuencia más importante es que pone en cuestión el mismo derecho del trabajo (el trabajo con derecho y dignidad) del conjunto de la sociedad obrera: sus consecuencias más importantes son colectivas, no individuales, aunque afectan directamente más a las personas que forman parte de los sectores más débiles del empleo. La economía sumergida se inscribe en el marco de la precarización del trabajo dentro de la nueva configuración de las relaciones sociales, y en cierta manera viene a suponer una cierta deslegitimación de la democracia.
Por otro lado y para terminar convendría resumir que la economía sumergida viene a colaborar con la deslegitimación del llamado «Estado del bienestar» y con la supuesta crisis fiscal del Estado, trasladando al individuo, al trabajador autónomo, a la pequeña empresa, al cooperativista, a la familia, a la mujer, al parado, al joven, al anciano, en definitiva, a los sujetos con menor poder de negociación, los costes sociales de reproducción que hasta ese momento eran asumidos por la colectividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario