Hace unos días he podido constatar mediante una publicación en el diario La Segunda que la derecha económica ha vuelto a la carga con la idea de la hipoteca reversa, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei la califica como una idea interesante y le pide a la Superintendencia de Bancos que estudie el tema.
¿De qué se trata este tipo de hipoteca?, es un tipo de préstamo que se puede conseguir principalmente en Estados Unidos, y que permite a personas mayores de 62 años convertir su vivienda en dinero en efectivo. Es decir, el propietario puede optar por recibir una suma en efectivo, una línea de crédito o pagos mensuales a cambio de la entrega de la vivienda cuando fallezca.
A primera vista podría parecer atractivo y envolvente, como un canto de sirena, ¿por qué no resolver de una vez por todas las estrecheces de la vejez? ¿cuántas personas mayores que conocemos son propietarios de una casa o de un departamento y no tienen lo suficiente para mantenerse?
Es precisamente ese el espejismo que se escondería en este tipo de hipoteca tras esta “política de seguridad social”. Una medida altamente regresiva, por ser individualista; una medida que favorecería aun más a quienes tienen mayor capacidad adquisitiva –futuros compradores de esas viviendas a los bancos-, y que por sobre todo, atentaría contra el patrimonio de las familias de menores ingresos.
Es curioso que exista interés y coincidencia de la Ministra del Trabajo y Previsión Social e instituciones como el CIEDESS, centro de estudios en seguridad social dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción por impulsar modalidad de crédito para personas mayores, en circunstancia que para cualquier otro tipo de financiamiento, la edad es una barrera limitante.
En nuestro país, uno de los principales esfuerzos de acumulación patrimonial de las familias se traduce en la propiedad de una vivienda, empresa que en muchos casos toma a una familia entre 15 a 25 años. La aplicación de este tipo de créditos prendarios puede contribuir a concentrar el patrimonio en las familias de mayores ingresos, rompiendo la cadena de transmisión patrimonial intergeneracional.
Donde existe es considerada como la última alternativa por los altos costos que presenta, en Estados Unidos la tarifa de entrada es de un 5% del valor de la vivienda. Además, se enfrenta a potenciales problemas de valorización de las viviendas usadas. También puede verse afectada por el estado de necesidad o de lucidez de la persona mayor solicitante, lo que puede llevar a una negociación asimétrica entre las partes, generando una potencial distribución inequitativa de los beneficios de la transacción.
Aquí se pone de manifiesto las diferencias evidentes respecto del foco y sentido de las políticas de seguridad o protección social, pues, la nueva forma de gobernar parece manifestarse proclive, al igual que en otros ámbitos, a anteponer una mala “solución de mercado” a políticas de aseguramiento de ingresos y calidad de vida.
La diferencia de enfoque habla por sí sola: la respuesta a los problemas de ingresos de las personas mayores dado por la Concertación fue el impulso a la pensión básica solidaria y el complemento solidario implementado durante la última reforma previsional, con una cobertura superior al millón de personas.
A esta altura, en lo único que se puede estar de acuerdo es que exista preocupación por la calidad de vida de las personas mayores, pero no se puede hacer a costa del patrimonio de las familias y por cierto existen soluciones alternativas de las cuales me referiré en una próxima ocasión.
Por ahora, reitero mi preocupación y espero que este canto de sirena de la derecha económica, que pretende ser vestido como seguridad social, NO prospere en nuestro país.
Víctor León Ossandón
Víctor León Ossandón
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