Florencia Donovan
LA NACION
Hay una Argentina que tiene para alardear que gracias a la explosión de la soja y al boom del consumo mostró un crecimiento de más del 8% de su PBI en siete de los últimos ocho años; que bajó en menos de una década su tasa de desempleo del 21 al 8%; que registra récord de ventas de autos nuevos -sólo en 2010 serían más de 650.000, un 27% más que en 2009- y que logró llevar la población que está por debajo de la línea de pobreza de más de 50% en 2003 a entre el 20 y el 25%, según estimaciones privadas.LA NACION
Pero también hay una Argentina en las sombras, que todavía tiene un tercio de su población urbana excluida de los efectos del crecimiento económico y que, más allá de su déficit alimentario, sufre de una pobreza estructural en cuanto que tiene vulnerada la mayoría de sus derechos sociales básicos, como el de una vivienda digna, con servicios de agua, gas, saneamiento y electricidad; una educación integral; un sistema de salud pública o privada; un trabajo decente; la seguridad social; la vestimenta y el transporte digno. Es una Argentina que sólo sale a la luz en conflictos como el de la ocupación del parque Indoamericano, el reclamo gremial en favor de la incorporación de los trabajadores tercerizados, que impidió el funcionamiento del ex ferrocarril Roca y terminó en una batalla campal en la estación de trenes de Constitución, en la toma de los colegios porteños o el más reciente corte de tránsito en el Camino Negro, a metros del puente La Noria (entre Lomas de Zamora y la Capital Federal), en el cual decenas de vecinos se manifestaron en reclamo de agua potable.
"Ha habido importantes progresos en esta fase de crecimiento económico. Lo que se observa es que sectores medios y medios bajos, que habían dejado de acceder en la crisis de 2001-2002 a muchos de estos bienes y servicios, se recuperaron", apunta Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). "Pero el problema es que los beneficiados de este crecimiento son en gran medida asalariados; quedan todavía afuera quienes están en el sector informal, una masa de la población que fue perdiendo en los años 80, y en los 90, y que no logró en los 2000 incorporarse a la dinámica del crecimiento globalizado, y que ha quedado excluida del desarrollo económico argentino, que casi no la necesita."
De acuerdo con datos del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, todavía dos de cada 10 hogares urbanos no puede comprar ropa en invierno porque no les alcanza el dinero y 1,5 de cada diez experimenta situaciones de hambre severo. Casi 15% de la población urbana vive en situación irregular, esto es, en villas, asentamientos u ocupando tierras. De hecho, en la última década, el número de villas y asentamientos prácticamente aumentó: sólo en la provincia de Buenos Aires habitan este tipo de núcleos urbanos alrededor de 2 millones de personas.
Además, si bien mejoró el número de personas que acceden a un hábitat adecuado, todavía en 2009 un 50,3% de la población urbana -cuatro de cada 10 hogares- padece de algún déficit, ya sea la falta de agua corriente, electricidad y gas natural por redes, o de conexión a la red cloacal, de desagües pluviales en la cuadra, de acceso al alumbrado público, de la recolección regular de residuos, o padecía de hacinamiento y carecía de retrete con descarga de agua.
Para Ernesto Kritz, director ejecutivo de SEL Consultores, el origen de la pobreza estructural hay que buscarlo en la baja calidad del empleo -si es que se tiene-, que alcanza al cuarto de la población argentina de menores ingresos. En este cuartil, destaca Kritz, el desempleo asciende al 18%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una cifra a la que hay que sumarle un 16% de gente que tiene sólo un empleo ocasional informal, y otro 23% que tiene un trabajo estable, pero no registrado, por lo que no goza de seguridad social ni de cobertura de salud, y cuenta con un salario generalmente más bajo. En otras palabras, dos tercios de la población económicamente activa de este cuartil, que incluye unos 10 millones de personas, no tienen empleo formal.
"Si se compara con 2003, la desocupación bajó, en este segmento era del 35%. Pero lo que se ha cambiado es desempleo por empleo de baja calidad", sentencia Kritz. "Tampoco le llega a esta gente la mejora del ingreso per cápita, que fue del 50% en los últimos siete años."
La paradoja es que la Argentina es desde hace ya algunos años el país de la región que mayor cantidad de fondos públicos destina al gasto social, medido tanto per cápita como con respecto al PBI. Un informe reciente de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) ubicaba en 2008 a la Argentina como el líder de la región -seguido por Brasil, Cuba y Uruguay-, ya que volcaba más de 24% de su PBI a gasto social, lo que equivalía a cerca de US$ 2300 por habitante.
Cantidad, no calidad
Según detalla Gisell Cogliandro, directora ejecutiva de la Fundación Siena, el gasto consolidado ejecutado en conjunto por la Nación, las provincias y los municipios fue en 2008 -último dato disponible- de 93.920 millones de pesos constantes (a valores de 2001), de los cuales la mayor parte (31.979 millones) se destinó a previsión social (23.153 millones), a educación, cultura y ciencia y técnica, y a salud (20.460 millones).
"Lo que pasa es que somos un país en desarrollo con desafíos muy grandes y le falta generar productividad para que redunde en mejores salarios, mejor coordinación entre sector público y privado", opina Luciana Díaz Frers, directora de política fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). "Obviamente, hay baches en el presupuesto, que tiene poca transparencia, y hay áreas que sí se podrían mejorar mucho, tanto en equidad como en eficiencia. Pero las prioridades dentro del presupuesto están en el gasto social", concede.
El país se comprometió en la aplicación de muchos de estos derechos económicos y sociales que hoy siguen insatisfechos cuando firmó en 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la iniciativa de carácter global que se creó a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas, a la que suscribieron otras 188 naciones, y que contempla una serie de metas de cara a 2015 (muy pocas de las cuales tendrían posibilidades de alcanzarse).
Mientras que la administración Kirchner ha hecho de la política social una de sus banderas, con planes como la moratoria previsional, que permitió la jubilación de millones de personas que no habían cumplido con los años requeridos de aportes, o la Asignación Universal por Hijo, los datos del Indec al primer semestre de 2010 muestran que tuvo un impacto algo menor de lo esperado, ya que muchos de los individuos que la recibieron la utilizaron para reemplazar algún otro ingreso que tenían, dice Salvia.
Tampoco ayuda la inflación, fenómeno que los economistas describen como "el impuesto a los pobres", ya que les resta capacidad de consumo a todos aquellos que menos tienen.
El problema es, según expertos, la discrecionalidad que se utiliza para definir las partidas de fondos públicos, lo que atenta contra la eficiencia del gasto social. En muchas ocasiones, el dinero se distribuye de acuerdo con las necesidades políticas, privilegiando a las provincias amigas, sin importar las necesidades reales de cada caso. Asimismo, apunta Marcelo Capello, presidente del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, existen gastos con "dudosos efectos sobre la distribución del ingreso", ya que no necesariamente van a las familias más carenciadas, como sucede con el transporte, donde hay una estructura de subsidios que favorece a la Capital y al Gran Buenos Aires, y en menor medida a otros centros urbanos.
Las políticas sociales en la Argentina han adquirido, a su vez, el vicio de responder a la demanda, más que a establecerse en función de una planificación integral y de largo plazo. "En pos de la pacificación social, cuando uno protesta, el Estado interviene para atenderlo", señala Salvia. Así, tras la toma de las escuelas en la Capital, el gobierno de Mauricio Macri se comprometió a iniciar obras de mejoramiento de la infraestructura educativa, o después de acampar en la avenida 9 de Julio y complicar uno de los principales accesos a la ciudad, el gobierno nacional aceptó incorporar a piqueteros antikirchneristas al plan de cooperativas.
Según Salvia, para que el gasto social surta efecto, el Gobierno debería fijar una política estratégica integral de desarrollo social. Hoy, dice el también investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el problema es que el gasto social opera de forma sectorial, atendiendo "por distintas ventanillas, distintos problemas". "Pero -ejemplifica Salvia-, un plan de viviendas debería estar acompañado en los mismos barrios por un plan de educación, con centros asistenciales para adictos, con fuentes de empleo que fomenten la actividad comunitaria, y planes en donde se forme a las mujeres para que hagan guarderías."
Claro, para ello se requieren gobiernos que piensen más allá de sus mandatos. Y asuman riesgos que puedan no redituarles a corto plazo.
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- Son los años de esperanza de vida del segmento de la población urbana argentina de menores ingresos, casi ocho años menos que el resto de las clases sociales.
- En noviembre, una familia tipo necesitaba $ 1090 para no caer en la indigencia y 2020 para evitar la pobreza, según la media de las estimaciones privadas
La mayoría de los derechos económicos sociales está consignada en la Constitución Nacional o en pactos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La idea es que un individuo necesita para desarrollarse económica y socialmente mucho más que sólo una alimentación adecuada. Así, se consigna el derecho a un trabajo decente, a la salud, a la vivienda, a la educación, a un nivel de vida digno -lo que incluye acceso a vestimenta, agua y saneamiento, y servicios sociales-, el derecho a la vida y a la integridad física. La crisis de 2001 provocó que mucha de la población argentina que estaba en estado de vulnerabilidad sufriera el déficit de alguno de estos derechos.
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