El Congreso de Bolivia aprobó este viernes una nueva ley de pensiones, impulsada por el presidente Evo Morales, que baja la edad de jubilación de 65 a 58 años y que crea una gestora estatal en reemplazo de administradoras privadas europeas que funcionaban hasta ahora.
El gobierno de Bolivia promulgó la nueva Ley de Pensiones, que reestructura el sistema de jubilaciones que rige desde 1996 y que va a contramano de lo que ocurre en Europa, donde el sistema provisional es parte del ajuste que se implementa para paliar la crisis. Entre los principales cambios, la nueva norma impulsada por el presidente Evo Morales reduce la edad de jubilación a 58 años, aunque la de las mujeres baja a 55 años si tienen tres hijos nacidos vivos y la de los mineros a 51, si sus condiciones de trabajo son insalubres.
Además, la norma establece la “renta solidaria” para todos los “trabajadores informales”, como comerciantes o personas de bajos aportes, sobre la base de un fondo solidario, con lo que se espera duplicar en un plazo breve la cantidad de jubilados.
A ese fondo aportarán el sector patronal público y privado (3% del total ganado por sus trabajadores), un descuento del salario mensual de los trabajadores (0,5%), recaudación de primas de riesgos previsionales (20%) y un aporte solidario de todos los trabajadores con ingresos mayores a 13 mil bolivianos (1700 dólares).
El régimen vigente hasta ahora fue promulgado en 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre la base del sistema de “capitalización” individual, mediante el ahorro en empresas administradoras de fondos de pensiones, que pasarán ahora todos sus activos a una gestora social estatal. El sistema vigente tiene 1,2 millón de afiliados (30% de la población activa) pero menos de la mitad realizan aportes de manera regular a sus cuentas individuales. (
La nueva ley nacionaliza los fondos de pensiones y crea una nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo que reemplazará a las administradoras de pensiones española Previsión (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA) y Futuro (Zurich-Suiza) que manejan hasta ahora los aportes de 1,3 millones de personas en un país de un total de 10 millones.
Entre las dos administradoras manejan unos 4.400 millones de dólares de aportes laborales. Ninguna de las compañías emitió comentarios sobre la nueva Ley, aunque el gobierno boliviano dijo días atrás que se entablaron negociaciones para la transferencia de la información sobre los aportantes y la tecnología y los recursos económicos que se encuentran en la banca privada o en bonos del tesoro.
El Ministerio de Economía señaló este viernes que la nueva Ley de Pensiones, que reemplazará a un sistema vigente desde mediados de la década de 1990, cuando en el país se produjo una ola privatizadora, permitirá crear un Fondo Solidario para mejorar las rentas de trabajadores con jubilaciones bajas.
"El Fondo Solidario se nutrirá de estas fuentes: 3% de aporte patronal (la ley anterior no establecía esto), 0,5% del trabajador, 20% de las primas de Riesgos Previsionales (profesional y común) y el aporte solidario de los trabajares con altos ingresos" con sueldos de más de 13.000 bolivianos (cerca de 1.900 dólares) mensuales, señaló ese portafolio.
La reforma implica un retorno del actual sistema privado de jubilación al anterior de reparto estatal que justamente estuvo vigente hasta mediados de la década de 1990.
Tras la aprobación de la ley el presidente del Senado, el oficialista René Martínez, aseguró que el nuevo sistema será transparente y permitirá que los trabajadores puedan jubilarse en mejores condiciones que el anterior sistema. "La sanción es histórica y cambiará la realidad de toda la generación de jubilados que estaba esperando esta ley", acotó.
"Elaborada por los ciudadanos"
Morales destacó en un acto en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país que el contenido de la norma fue elaborado por los trabajadores por primera vez en la historia del país:
"Es una prueba de que Bolivia vive una nueva era de fortalecimiento democrático en la que los ciudadanos son protagonistas de las decisiones", dijo el mandatario, cuyo gobierno pactó la ley con la COB.
"Estamos cumpliendo con el pueblo boliviano. Estamos creando un sistema de pensiones que incluye a todos", afirmó y se refirió a la época en que Bolivia "seguía los dictados de organismos internacionales para elaborar sus leyes", en alusión indirecta a la ley de pensiones anterior, elaborada durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Aquella ley privatizó los fondos de pensiones después de que el sistema estatal entrara en bancarrota. Los críticos, en particular los líderes empresariales, dicen que Bolivia tendrá dificultades para financiar el sistema a largo plazo.
El gobierno aún no ha explicado al detalle cómo financiará el nuevo sistema, pero Morales ha insistido en ocasiones en que usará la riqueza del gas natural boliviano para ayudar a los desfavorecidos.
El gobierno de Bolivia promulgó la nueva Ley de Pensiones, que reestructura el sistema de jubilaciones que rige desde 1996 y que va a contramano de lo que ocurre en Europa, donde el sistema provisional es parte del ajuste que se implementa para paliar la crisis. Entre los principales cambios, la nueva norma impulsada por el presidente Evo Morales reduce la edad de jubilación a 58 años, aunque la de las mujeres baja a 55 años si tienen tres hijos nacidos vivos y la de los mineros a 51, si sus condiciones de trabajo son insalubres.
Además, la norma establece la “renta solidaria” para todos los “trabajadores informales”, como comerciantes o personas de bajos aportes, sobre la base de un fondo solidario, con lo que se espera duplicar en un plazo breve la cantidad de jubilados.
A ese fondo aportarán el sector patronal público y privado (3% del total ganado por sus trabajadores), un descuento del salario mensual de los trabajadores (0,5%), recaudación de primas de riesgos previsionales (20%) y un aporte solidario de todos los trabajadores con ingresos mayores a 13 mil bolivianos (1700 dólares).
El régimen vigente hasta ahora fue promulgado en 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre la base del sistema de “capitalización” individual, mediante el ahorro en empresas administradoras de fondos de pensiones, que pasarán ahora todos sus activos a una gestora social estatal. El sistema vigente tiene 1,2 millón de afiliados (30% de la población activa) pero menos de la mitad realizan aportes de manera regular a sus cuentas individuales. (
La nueva ley nacionaliza los fondos de pensiones y crea una nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo que reemplazará a las administradoras de pensiones española Previsión (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA) y Futuro (Zurich-Suiza) que manejan hasta ahora los aportes de 1,3 millones de personas en un país de un total de 10 millones.
Entre las dos administradoras manejan unos 4.400 millones de dólares de aportes laborales. Ninguna de las compañías emitió comentarios sobre la nueva Ley, aunque el gobierno boliviano dijo días atrás que se entablaron negociaciones para la transferencia de la información sobre los aportantes y la tecnología y los recursos económicos que se encuentran en la banca privada o en bonos del tesoro.
El Ministerio de Economía señaló este viernes que la nueva Ley de Pensiones, que reemplazará a un sistema vigente desde mediados de la década de 1990, cuando en el país se produjo una ola privatizadora, permitirá crear un Fondo Solidario para mejorar las rentas de trabajadores con jubilaciones bajas.
"El Fondo Solidario se nutrirá de estas fuentes: 3% de aporte patronal (la ley anterior no establecía esto), 0,5% del trabajador, 20% de las primas de Riesgos Previsionales (profesional y común) y el aporte solidario de los trabajares con altos ingresos" con sueldos de más de 13.000 bolivianos (cerca de 1.900 dólares) mensuales, señaló ese portafolio.
La reforma implica un retorno del actual sistema privado de jubilación al anterior de reparto estatal que justamente estuvo vigente hasta mediados de la década de 1990.
Tras la aprobación de la ley el presidente del Senado, el oficialista René Martínez, aseguró que el nuevo sistema será transparente y permitirá que los trabajadores puedan jubilarse en mejores condiciones que el anterior sistema. "La sanción es histórica y cambiará la realidad de toda la generación de jubilados que estaba esperando esta ley", acotó.
"Elaborada por los ciudadanos"
Morales destacó en un acto en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país que el contenido de la norma fue elaborado por los trabajadores por primera vez en la historia del país:
"Es una prueba de que Bolivia vive una nueva era de fortalecimiento democrático en la que los ciudadanos son protagonistas de las decisiones", dijo el mandatario, cuyo gobierno pactó la ley con la COB.
"Estamos cumpliendo con el pueblo boliviano. Estamos creando un sistema de pensiones que incluye a todos", afirmó y se refirió a la época en que Bolivia "seguía los dictados de organismos internacionales para elaborar sus leyes", en alusión indirecta a la ley de pensiones anterior, elaborada durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Aquella ley privatizó los fondos de pensiones después de que el sistema estatal entrara en bancarrota. Los críticos, en particular los líderes empresariales, dicen que Bolivia tendrá dificultades para financiar el sistema a largo plazo.
El gobierno aún no ha explicado al detalle cómo financiará el nuevo sistema, pero Morales ha insistido en ocasiones en que usará la riqueza del gas natural boliviano para ayudar a los desfavorecidos.
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