sábado, 11 de septiembre de 2010

La Jornada en Internet

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México, DF. El líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, presentó la iniciativa de Ley de Fomento al Primer Empleo, que prevé deducir impuestos a los empleadores que contraten jóvenes en su primer trabajo y los registren en el Seguro Social.

Al presentar la iniciativa, Beltrones dijo que los empleadores que concedan su primer trabajo a jóvenes tendrán una deducción fiscal ligeramente mayor a lo que pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Precisó que dicho incentivo fiscal conlleva una deducción en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

El ex gobernador de Sonora indicó que la deducción adicional será 25 por ciento menor cuando los nuevos empleos sean creados un año después de la entrada en vigor de la ley, para impulsar significativamente dicha legislación.

"Con esto se incorporará al mercado laboral a un número significativo de mexicanos que nunca ha trabajado formalmente", consideró el legislador priísta.

Beltrones Rivera afirmó que se trata de una medida emergente y de carácter temporal con vigencia de tres años, pues pretende ser una respuesta a la situación económica actual, marcada por el desempleo y el subempleo.

Con esta ley, dijo, se regularizará a un gran número de trabajadores que están en la economía informal y se incorporará a quienes nunca han cotizado en el IMSS, con los beneficios que ello representa incluso para los organismos de seguridad social.

"Ésa es la diferencia entre salir a buscar una chamba y tener un empleo: la chamba con seguridad social hacen el empleo", añadió.

Señaló que en México más de siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan, la mitad de la población entre 14 y 29 años de edad está desocupada, y que "85 por ciento de los miembros del crimen organizado pertenecen a estos jóvenes".

La iniciativa, firmada por toda la bancada del PRI, fue turnada a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos del Senado, que tienen un mes para dictaminar dicha propuesta.

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