Empresarios piden reducir beneficios laborales de los empleados a cambio de no hacer recortes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Debido a que las condiciones económicas y legales del país no son las de 1992, los empresarios piden una modificación del Código de Trabajo (Ley 16-92) para reducir los beneficios laborales de los empleados.

Marisol Vicens, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), argumentó este martes que esta disposición ayudaría a reducir el número de despidos en el sector laboral, además de que incentivaría el crecimiento de los sectores productivos del país.

“El nuevo entorno internacional nos exige promover una adecuación de nuestra legislación laboral, con la finalidad de fomentar un clima de inversiones que permita preservar y crear nuevos empleos”, expresó Vicens.

En comparación con los demás países de Latinoamérica (donde tienen un porcentaje menor de beneficios laborales para los empleados, pero ofrecen sueldos más competitivos), República Dominicana es la nación con mayor costo laboral (65%), seguido de Brasil (55.04%), Colombia (53.71%), Ecuador (53%), Perú (45.97%), Panamá (43.82%), según las estadísticas mostradas por los empresarios.

Asimismo, en Venezuela el costo laboral representa el 43.61%, Guatemala un 43.22%, Argentina el 40%, en México 37%, Paraguay el 32%, Costa Rica el 28%, El Salvador el 26% y en Chile el 20.27%, detallaron los empresarios durante un almuerzo al que convocaron a los ejecutivo de medios en el restaurante Juan Carlos, de Naco.

Menos cesantía

Con base en estos resultados, los empresarios sugieren que se establezca un límite tope en el pago de la cesantía, ya que por concepto de las pensiones y de salud, los empleadores aportan 70% para el beneficio del trabajador y además, según destacan, al momento de crearse el Código de Trabajo en 1992 no existía un Sistema de Seguridad Social.

AMENAZAN CON RECORTES

Como sustento a las modificaciones que consideran necesarias dentro del Código de Trabajo, los representantes del sector privado revelaron que el año pasado sólo en el sector de zonas francas se perdieron 22 mil 977 puestos de trabajos.

Además, en el sector de la agricultura y ganadería cuatro mil 937 trabajadores se quedaron sin empleo, en la industria local esta cifra asciende a 11 mil 855 empleados y en las industrias manufactureras a 34 mil 832.

De no tomarse en cuenta sus sugerencias, según los empresarios, en los próximos meses se perderían más de 20 mil empleos formales, lo que contribuiría –tal como se reflejó en el 2008- a un aumento significativo del empleo informal.

Según añadió la presidente de COPARDOM, desde la creación del Sistema de Seguridad Social los empresarios han tenido que ejecutar aportes obligatorios del 100% para el seguro de riesgos laborales.

Sobre la cesantía, el artículo 80 del Código de Trabajo país indica que de 3 a 6 meses se le pagará una suma de seis días de salario; de seis meses a un año, una suma de 13 días de salario; de uno a cinco años, una suma de 21 días de salario por cada año de servicio, y después de cinco años, una suma de 23 días de salario, por cada año de servicio.

En este sentido, los representantes del sector privado entienden que debería eliminarse el efecto acumulativo a partir del quinto año con el pago de una única suma adicional a 23 días de salario ordinario.

“Para la cesantía en República Dominicana no existen topes en los montos por tiempo de antigüedad. En los demás países sus prestaciones se determinan en base a los 30 días del mes, en el país es en base a los 23.83 días”, resaltaron los dirigentes empresariales, tomando como referencia las consideraciones finales del informe de ADECCO.

Proyectan que para este año pagarían unos 44 millones 284 mil 404 pesos; para el próximo año 57 millones 554 mil 666 y para el 2011 aproximadamente 70 millones 487 mil 792.

Por concepto de preaviso, estiman para estos próximos tres años un pago total de 46 millones 878 mil siete de pesos; por vacaciones R26 millones 113 mil 526 y por regalía pascual, 40 millones 371 mil 318.

Otras sugerencias

El artículo 88 del Código Laboral establece “una penalidad sin límite de un día de salario por cada día de retardo en pagar las prestaciones. El retardo en el pago puede ser producto de un diferendo judicial propiciado incluso por el propio trabajador. Lo justo es que esta penalidad tenga el mismo límite que utiliza el Código caído de seis meses”, consideraron los empresarios.

DESMPLEO

74,621

Puetos trabajadores fueron despedidos durante el 2008 en el pais.

En este sentido, el sector empresarial propone que la suma dejada de pagar por concepto de estas indemnizaciones sea una diferencia y no la totalidad, y además que el día de salario por cada jornada de atraso sea aplicado en proporción a la suma dejada de pagar, la cual no exceda al equivalente a seis meses de salario.

“La práctica judicial ha demostrado que demandas por sumas insignificantes de diferencias en el cálculo de las prestaciones laborales se convierten en sumas exorbitantes y desproporcionadas por la aplicación de las actuales disposiciones”, detallan los empresarios.

En cuanto a las jornadas de trabajo, el marco actual señala que no se puede exceder a más de ocho horas diarias ni 44 horas semanales, salvo excepciones, por lo que los dirigentes empresariales entienden que debería establecerse un marco “flexible” y con unos topes de máximos de horas trabajadas diariamente y al mes, y no de manera semanal.

Sobre las sentencias de los juzgados de trabajo (que en materia de conflictos de derecho serán ejecutorias al contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones), el sector privado del país propone un plazo de 10 días después de la notificación, para que la sentencia se haga ejecutoria y también el plazo de una suma equivalente al monto de las condenaciones pronunciadas.

Argumentaron que los tres días actuales de las sentencias “se han prestado a abusos y el duplo de las condenaciones resulta demasiado oneroso”.

La presidenta de Copardom ofreció sus declaraciones mediante un encuentro con los medios de comunicación, en compañía de los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona); de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD); Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), entre otros gremios.

Pamela Castillo/Clave Digital