Buenas intenciones, malos resultados

Por

Francisco Martín Moreno

A Santiago Levy, un mexicano valioso.

La semana pasada comprobé personalmente las tesis cargadas de información y de reveladoras conclusiones económicas y sociales sostenidas valiente y talentosamente por Santiago Levy en su libro Good Intentions, Bad Outcome, una obra cuya traducción inmediata se impone para inducir el cambio de la política tributaria y estimular realmente el desarrollo social.

En el Centro Histórico me encontré con un vendedor callejero que enajenaba productos de contrabando, desde discos y películas extranjeras, hasta todo género de aparatos eléctricos que resulta inútil detallar. Al conversar con este pequeño empresario comprobé cómo el gobierno de la República estimulaba, sin proponérselo, la economía informal con sus erráticas políticas sociales en lugar de ampliar las filas de los trabajadores formales. Obviamente se enajenaban productos de contrabando en plena vía pública y ante la mirada disimulada de la autoridad. ¿Para qué tratar de convencer al sujeto de marras de que al introducir ilegalmente mercancías al país no solamente lastimaba al fisco y a las empresas mexicanas, sino que con sus compras en el extranjero financiaba la contratación de mano de obra en los países productores de los bienes?

Al inquirir sobre la rentabilidad de su negocio, me hizo saber que éste le reportaba los suficientes ingresos para sobrevivir y que, sobre todo, “también” disfrutaba de los beneficios del Seguro Popular para hacer frente a los problemas personales de salud, como de su propia familia… O sea, un sujeto que se dedica al contrabando, que lastima al fisco y a las empresas mexicanas, que ayuda a la creación de empleos en otros países, que no paga impuestos por las operaciones mercantiles que lleva a cabo, un delincuente vulnerable en diversos aspectos de su quehacer económico, era premiado, además, por el gobierno federal, con el seguro de gastos médicos, entre otras ventajas. Era evidente que resultaba muy rentable vivir en la economía informal por todas los privilegios que esto reporta.

Obviamente quise saber las razones por las cuales no pagaba impuestos, a lo que él me respondió que “si bien, güerito, no los pago como tales, tengo que dar mordidas en las aduanas mexicanas, además de los sobornos a repartir entre las distintas policías para poder vender los artículos contrabandeados en plena vía pública”. Para mí esos son los impuestos, me dijo cínicamente para concluir la conversación. Más dinero negro a la economía, me dije, más corrupción, más descomposición, más podredumbre. Por algo tienen toda la razón los chinos cuando aseveran que “lo primero que se pudre del pescado es la cabeza…”

Fue entonces cuando recordé el trabajo escrito por Santiago Levy, un ilustre mexicano que tendría que haber sido llamado por Calderón dentro de la fórmula de una coalición de gobierno y no dentro del esquema de un exclusivo club de amigos de don Felipe, cuyo requisito de ingreso es la lealtad y la amistad y no así el talento ni las agallas ni el amor a México.

Levy propone la imposición de un gravamen al consumo de alrededor de 8%, protegiendo, desde luego, a las familias de escasos recursos. Se trata de modificar la estructura tributaria, sustituyendo los impuestos al trabajo por impuestos al consumo. Uno de los grandes obstáculos de la contratación de trabajadores formales lo constituyen las pesadísimas cargas tributarias a las nóminas que van de 30 a 35%, situación que orilla a cientos de miles de empresarios a contratar mano de obra informal, ilegal, evadiendo a los fiscos, para poder ser más competitivos y lograr la supervivencia de sus empresas. El impuesto de 8% al consumo permitiría extender el seguro de invalidez y el de vida a 41 millones de trabajadores en comparación con 14 millones que hoy lo disfrutan; facilitaría la contratación de decenas de millones de trabajadores incorporándolos a la formalidad para poder disfrutar legalmente de las prestaciones del IMSS y del Infonavit, etcétera…; se protegería a todos los trabajadores asalariados con un seguro de desempleo; se reducirían los costos laborales de carácter tributario de aproximadamente 800 mil empresas legalmente establecidas; se facilitaría la legalización de cientos de miles de empresas que ya podrían acceder al crédito y a la banca; se incorporarían 26 millones de trabajadores al sector formal con las consecuentes ventajas en el ahorro nacional a través de las afores. En síntesis, al desplomar el costo de contratación legal de trabajadores se disparará el empleo, uno de los objetivos de Calderón, y se incrementará el ahorro y sus enormes beneficios. Cada mexicano asalariado debería tener su propia cuenta de afore. Una maravilla, ¿no…?

¿Queremos más empleo de cara a la crisis? Pues desaparezcamos las cargas tributarias a las nóminas sustituyendo dichos gravámenes por medio de impuestos al consumo, siguiendo la tendencia mundial de gravar el gasto y no el ingreso. La solución ahí está, sobre la mesa, ahora bien, ¿quién se atreve a instrumentarla..?

fmartinmoreno@yahoo.com

Uno de los grandes obstáculos de la contratación de trabajadores formales lo constituyen las pesadísimas cargas tributarias a las nóminas que van de 30 a 35 por ciento...