Difícilmente el sistema de pensiones soportará el envejecimiento de la población trabajadora en el futuro, pero el asunto se ve negro si se considera a quienes están en la economía informal, porque carecen de protección social y serán una carga monumental para las finanzas públicas.
México es un país con trabajadores de bajos ingresos (según cifras del INEGI, que encabeza Eduardo Sojo, hoy 5.4 millones de trabajadores perciben un salario mínimo mensual, es decir mil 634 pesos; 10 millones de empleados ganan menos de 3 mil 200 mensuales (dos salarios mínimos) y 7.6 millones perciben entre 4 mil 902 y 8 mil 179 pesos, es decir entre 3 y 5 salarios mínimos. Sólo 4.5 millones de trabajadores ganan más de 8 mil 200 pesos. Se estima que al jubilarse esos trabajadores recibirán apenas una tercera parte de sus ingresos, es decir una pensión raquítica.
Eso si hablamos de los que tienen empleo formal, porque en este momento la mitad de los trabajadores de América Latina están excluidos de los derechos fundamentales a la seguridad social, alerta Helena Ribe, gerente regional del Banco Mundial para la protección social. En México la cifra es similar. Las pensiones, las prestaciones por desempleo, y los sistemas de seguro tienen déficit en muchos países, que serán financiados con los impuestos de las generaciones próximas, advierten la especialista del Banco Mundial.
Los programas de transferencia de efectivo condicionados con objetivos bien definidos que protegen a los más necesitados, como Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil, no han resuelto el problema estructural.
Estamos al cuarto para las 12 en diseño de políticas y oportunidad de incluir a los trabajadores informales en los programas de seguro social contributivo de manera opcional y también para llevarlos a los sistemas de pensiones. No hacerlo será un desastre para el país.
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