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Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) propusieron financiar el proyectado incremento de las jubilaciones con un aumento de las contribuciones patronales, alternativa que fue criticada por los principales sectores empresarios.

Héctor Recalde, diputado y asesor de la CGT, consideró que una opción para evitar desfinanciar las cuentas públicas sería llevar los aportes patronales a los niveles previos a 1993, cuando Domingo Cavallo los redujo.

Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA, sostuvo en declaraciones al diario El Cronista Comercial que la vuelta al esquema de contribuciones de 1993 aportaría al sistema de seguridad social unos 20.000 millones de pesos más al año, un monto con el que se podría cubrir la suba de la jubilación mínima al 82 por ciento, tal como plantea el arco opositor.

En cambio para los sectores empresariales, esa solución profundizaría el empleo informal y perjudicaría los ingresos del Estado.

Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que el reclamo de los jubilados es justo pero pidió que se busque una solución intermedia porque "el bienestar general está por encima de cualquier bienestar particular".

Por su parte, Carlos de la Vega, presidente de la Cámara de Comercio (CAC), aseguró que aumentar las cargas patronales estimularía la idea de que "todo se resuelve aumentando impuestos a los que siempre pagan", propuesta que "no podemos aceptar".

Por otro lado, el titular de la UIA se manifestó a favor de determinar primero las fuentes de financiamiento antes de otorgar un aumento a los jubilados.

Ayer, el ministro de Economía, Amado Boudou, calificó como "irresponsable" la propuesta que se debate en el Parlamento y advirtió que "el Gobierno no va a permitir que se vuelva a jugar con los jubilados".

El funcionario explicó que elevar el haber mínimo a 1.230 pesos, el 82 por ciento del salario mínimo actual, llevaría a "la quiebra del sistema previsional, al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos".

Por su parte, Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), consideró que la medida propuesta por la oposición es "impracticable" y generaría "un déficit anual terrible para ANSeS, liquidando parcial o totalmente los recursos del Fondo de Garantía y poniendo en serio riesgo el pago de las jubilaciones actuales y futuras".

Para el Gobierno, llevar el haber mínimo al 82 por ciento del salario mínimo tendría un impacto fiscal anual de 22.406 millones de pesos, lo que representaría una suba de 25,1 por ciento en las erogaciones previsionales de 2010 y elevaría el déficit anual de la ANSeS al 2 por ciento del PBI.

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