Dependencia y empleo

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GABRIEL GALLARDO Un nuevo informe hecho público por el Eurostat ha vuelto a poner de manifiesto el rápido envejecimiento que experimenta la población europea. Según este organismo, el 32% de la población española será mayor de 65 años en 2060, casi el doble que ahora, y se espera que el número de personas de más de 80 años supere el triple en esa misma fecha.

Quiero recordar con esto que la crisis no ha reducido el envejecimiento de la población y que, por tanto, la actividad socioasistencial resulta necesaria. Los países nórdicos son los que más y mejor están trabajando por el sector de las personas dependientes y de ellos tenemos que aprender. El desarrollo de la ley de Dependencia tiene que convertirse en uno de los motores para salir de la crisis. Su puesta en marcha es un desafío para el Gobierno nacional y las comunidades autónomas.

No olvidemos que el 35% de las personas reconocidas como beneficiarias está a la espera de recibir algún tipo de prestación en Asturias, según los datos, a 1 de septiembre, del Imserso.

Somos muchos los que consideramos que constituye una fuente de creación de empleo, hasta el punto de que, cuando se aprobó dicha ley, las primeras valoraciones que hicimos elevábamos a 300.000 los puestos de trabajo que se podrían impulsar con este marco regulatorio. El problema radica en que la ley de Dependencia no goza ni del desarrollo que reclamábamos ni del que pedía la sociedad en general. Si queremos que el SAAD se convierta en el cuarto pilar del Estado del bienestar tiene que haber un dispositivo asistencial con el aval de un equipo profesionalizado.

Y a las pruebas me remito, uno de los pocos sectores productivos que genera empleo es el sociosanitario. Pero el objetivo no debe ser que sólo se creen puestos de trabajo, sino que, además, éstos sean cualificados. Más que nada porque, según la ley, dentro de dos años, al menos un 30% de los trabajadores de este sector deberá acreditar su formación, una cifra que alcanzará el 100% en el año 2015.

Imaginemos por un momento que se cumpliera escrupulosamente la ley de Dependencia y la inmensa mayoría del dinero (51,4%) invertido en prestaciones económicas para el cuidador no profesional se destinase a la contratación de servicios (vía conciertos o prestaciones vinculadas). La repercusión sobre las cifras de paro podría ser muy considerable.

Es cierto que las personas piden la ayuda económica y, también, que para muchas familias los 525 euros suponen una gran ayuda «para ir tirando», pero lo cierto es que el «dinero de la dependencia» no tiene esa función, sino la de ofrecer servicios de calidad a las personas dependientes.

Recordemos que la ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados. Ahora, los responsables de la Consejería de Bienestar Social, en múltiples entrevistas, jornadas y demás encuentros, dicen que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa (hace un año esa elección de los familiares era duramente criticada por neoliberal cuando los actuales responsables estaban en la oposición).

Lo que no es discutible es que la opción de ayuda al familiar es la más económica y quizá la que añade más complejidad a la garantía de calidad. También queda claro, a tenor del proceder que evidencian los datos, que la ley de Dependencia, aunque la gestione en Asturias Izquierda Unida, se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas.

El Gobierno del Principado tiene tres asuntos muy importantes encima de la mesa. El primero, ser fiel a la ley de Dependencia y reducir la incidencia del cuidador informal o familiar para los casos que requieren otro tipo de asistencia profesional, ya no sólo residenciales, sino también complementarios como centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia. Un asunto en el que empresarios y sindicatos defienden la misma postura.

En segundo lugar, impulsar y colaborar en la búsqueda de una solución a la financiación de la ley. Resulta vital que se aporten nuevos recursos con el fin de evitar retrasos en la prestación de servicios, en un sector que es generador de empleo intensivo, que provoca retorno social y económico, que ayuda a reactivar otros sectores como la alimentación, la tecnología y la construcción y que, además, reduciría la factura sanitaria.

Y, por último, debe agilizar la implantación de la ley para reducir las listas de espera y desarrollar otros aspectos de la norma como la prevención de la dependencia, la coordinación sociosanitaria y poner en marcha la ley de Calidad de los Servicios Sociales que figura en el pacto de gobierno. Es preciso terminar de crear una red pública integradora -imitando el modelo del norte de Europa- que garantice la libertad de elección de plaza, la cobertura geográfica y la atención profesional de calidad para todos.