AJUSTE DE CUENTAS
En tiempos de bonanza ya se estimaba que la economía sumergida suponía el 23% de la riqueza de España. Imagínense cuál será la situación ahora cuando la Administración calcula que en verano se disparó un 30% la actividad informal y cuando la tasa de personas que se acogen a la ayuda de 420 euros a cambio de realizar un cursillo es apenas de uno de cada 10 eventuales beneficiarios.
En la década de los 70, cuando se hablaba de economía informal se ponían como ejemplos a España, Italia y Grecia. En la época de Felipe González se utilizaba la economía sumergida como argumento para justificar que España no ardiera socialmente. Más o menos lo mismo que se dice ahora, con la diferencia de que los sindicatos son agentes de la sofronización colectiva, tal como la introdujo en España el neuropsiquiatra colombiano Alonso Caycedo en los años 60.
El número de parados de larga duración y el paro estructural son elementos que nos dan indicios del tamaño de la economía sumergida. En España ya había casi un millón de personas en esa situación en los buenos tiempos. Ahora, la cifra se ha disparado. El asunto es alarmante incluso en economías más flexibles que la nuestra. En EEUU, un tercio de los 15,1 millones de desempleados llevan más de 27 semanas en el paro, periodo que para ellos es una eternidad (aquí los observadores nos empezamos a alarmar en la semana que se pierde la prestación, que puede llegar a ser la 104º).
La economía informal tiene mucho que ver con el respeto que los países guardan a sus leyes. Ya decía Paul Samuelson que si la gente no respetara las luces rojas, sería antieconómico utilizar semáforos. Uno de los grandes problemas de España es que el Gobierno y el Parlamento dictan leyes que no se cumplen porque presuponen una infinita bondad humana. Así ocurrió durante años con el Tráfico. Hasta que alguien descubrió que había un sistema coercitivo (radares) lo suficientemente barato como para que la ley dejara de ser papel mojado. Más o menos lo mismo ocurre con la norma sobre el aborto que va a ser modificada. Era imposible hacer cumplir la antigua ley, así que se ha optado por una menos estricta. Desgraciadamente no hay radares capaces de detectar si uno estaba en uno u otro supuesto, o en ninguno.
España es terreno abonado para la economía sumergida. No sólo la prostitución o el crimen organizado generan dinero B. También los que hacen chapuzas, los que pactan bajas y despidos, los que hacen trampas a la Seguridad Social. La subida del IVA que impulsa el Gobierno es un incentivo enorme para la economía sumergida. Los partidos políticos no son ejemplares en esta materia precisamente. El PP reclama medidas contra la economía informal en el Congreso cuando en sus aledaños ha florecido esa cosa llamada Gürtel. El Bigotes, por ejemplo, tenía una auténtica factoría que transformaba gastos del PP valenciano en facturas de empresas metiendo y sacando dinero de cajas A(licante) y B(arcelona).
Se sabe que en Levante la economía informal siempre ha sido fuerte. La Inspección de Trabajo de Alicante reveló, hace dos semanas, que entre enero y marzo obligó a dar de alta a 1.083 trabajadores sumergidos. Esta cifra supera al trabajo ilegal descubierto en ese periodo en toda la comunidad de Cataluña o Madrid. Alguien ha dicho que la economía sumergida es la Sicav de los pobres. No es verdad. La economía sumergida es insolidaria y es la de los tramposos. Pero su existencia es el humo que delata un incendio aún mayor.
© Mundinteractivos, S.A.
En tiempos de bonanza ya se estimaba que la economía sumergida suponía el 23% de la riqueza de España. Imagínense cuál será la situación ahora cuando la Administración calcula que en verano se disparó un 30% la actividad informal y cuando la tasa de personas que se acogen a la ayuda de 420 euros a cambio de realizar un cursillo es apenas de uno de cada 10 eventuales beneficiarios.
En la década de los 70, cuando se hablaba de economía informal se ponían como ejemplos a España, Italia y Grecia. En la época de Felipe González se utilizaba la economía sumergida como argumento para justificar que España no ardiera socialmente. Más o menos lo mismo que se dice ahora, con la diferencia de que los sindicatos son agentes de la sofronización colectiva, tal como la introdujo en España el neuropsiquiatra colombiano Alonso Caycedo en los años 60.
El número de parados de larga duración y el paro estructural son elementos que nos dan indicios del tamaño de la economía sumergida. En España ya había casi un millón de personas en esa situación en los buenos tiempos. Ahora, la cifra se ha disparado. El asunto es alarmante incluso en economías más flexibles que la nuestra. En EEUU, un tercio de los 15,1 millones de desempleados llevan más de 27 semanas en el paro, periodo que para ellos es una eternidad (aquí los observadores nos empezamos a alarmar en la semana que se pierde la prestación, que puede llegar a ser la 104º).
La economía informal tiene mucho que ver con el respeto que los países guardan a sus leyes. Ya decía Paul Samuelson que si la gente no respetara las luces rojas, sería antieconómico utilizar semáforos. Uno de los grandes problemas de España es que el Gobierno y el Parlamento dictan leyes que no se cumplen porque presuponen una infinita bondad humana. Así ocurrió durante años con el Tráfico. Hasta que alguien descubrió que había un sistema coercitivo (radares) lo suficientemente barato como para que la ley dejara de ser papel mojado. Más o menos lo mismo ocurre con la norma sobre el aborto que va a ser modificada. Era imposible hacer cumplir la antigua ley, así que se ha optado por una menos estricta. Desgraciadamente no hay radares capaces de detectar si uno estaba en uno u otro supuesto, o en ninguno.
España es terreno abonado para la economía sumergida. No sólo la prostitución o el crimen organizado generan dinero B. También los que hacen chapuzas, los que pactan bajas y despidos, los que hacen trampas a la Seguridad Social. La subida del IVA que impulsa el Gobierno es un incentivo enorme para la economía sumergida. Los partidos políticos no son ejemplares en esta materia precisamente. El PP reclama medidas contra la economía informal en el Congreso cuando en sus aledaños ha florecido esa cosa llamada Gürtel. El Bigotes, por ejemplo, tenía una auténtica factoría que transformaba gastos del PP valenciano en facturas de empresas metiendo y sacando dinero de cajas A(licante) y B(arcelona).
Se sabe que en Levante la economía informal siempre ha sido fuerte. La Inspección de Trabajo de Alicante reveló, hace dos semanas, que entre enero y marzo obligó a dar de alta a 1.083 trabajadores sumergidos. Esta cifra supera al trabajo ilegal descubierto en ese periodo en toda la comunidad de Cataluña o Madrid. Alguien ha dicho que la economía sumergida es la Sicav de los pobres. No es verdad. La economía sumergida es insolidaria y es la de los tramposos. Pero su existencia es el humo que delata un incendio aún mayor.
© Mundinteractivos, S.A.
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