Salud y pensión en colombia. ¡Seamos serios, por favor! - LAREPUBLICA.COM.CO

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Hace algunos días, escuché en Cartagena a un experto en seguridad social (S.S) afirmar que el problema en materia de salud y pensión era el mismo: la equivocada estimación de parámetros que sirven para otorgar derechos siguiendo una relación
aporte/subsidio-beneficio.

En palabras más claras, lo que quiso decir fue que el ingreso que sirve para liquidar los aportes en salud y pensión, junto a la edad y semanas cotizadas para la pensión, son los parámetros que tienen el sistema en bancarrota. Para explicar esta afirmación, presentó el ejemplo de algunos países “de avanzada” que poseen parámetros más ajustados a las realidades económicas de los aportantes y del Estado, teniendo una convergencia entre aportes al sistema y garantía de derechos.

Esta afirmación, que de entrada nos resulta trillada, resulta interesante para que el lector se lleve una idea más concreta sobre el problema de la seguridad social en Colombia. En la Constitución de 1991, la S.S fue definida como un servicio público de carácter obligatorio bajo la dirección y coordinación del Estado; a partir de esta atribución, la expedición de la ley 100 reglamentó y generó toda una institución denominada Régimen de la S.S. y dividió el universo de afectación en tres subsistemas: salud, pensión y riesgos profesionales, todos ellos con el propósito de cubrir las contingencias generadas por la enfermedad, la vejez y el riesgo de accidentes de trabajo.

A su vez, y para nuestro interés, la salud dividió la población en contribuyentes y subsidiados por parte del Estado, garantizando una bolsa de servicios básicos (POS) para ambos grupos, y en lo pensional el Estado se volvió subsidiario de las obligaciones dinerarias de mesadas que no son cubierta con el aporte de sus beneficiarios. Estas dos simples atribuciones, aumentaron el gasto del Estado colombiano en S.S de 1991 a 2009 en 250%, y representan, hoy en día, cerca de 70 billones de pesos anuales.

Se estima que por cada peso que se recibe en el subsistema de salud por contribuyentes, el Estado debe poner tres pesos para los subsidiados; y que cada 3 pesos aportados por la dualidad trabajador/empleador en el sistema pensional, el Estado debe hacerse cargo de 10 pesos. Ello, sin tener en cuenta el crecimiento de la población y los fallos de los jueces en materias como la declaración de la salud como derecho fundamental y el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.

Muchos economistas han concluido que la estructura del empleo informal es la principal responsable del hueco fiscal. Pero a mi entender, el sistema pide a gritos no solo una reforma estructural en cuanto a la responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles territoriales, y un cambio en los parámetros en el sistema ajustándolo a la realidad nacional; sino un cambio de visión en el tema presupuestal.

Y es que si bien la reducción de garantías por parte del Estado puede resultar un criterio injusto en términos eminentemente jurídicos y desde la perspectiva de los derechos individuales; el impacto en el presupuesto, que es limitado, debe pensar en la garantía de las generaciones vigentes y futuras, aceptando que es importante mantener el gasto público dentro de una regla fiscal, desde donde se garantizan todas las obligaciones contractuales del Estado, manteniendo una senda convergente y estable del gasto público, haciendo que cualquier choque generado por presiones legales y constitucionales respete este criterio económico.

Así pues, la garantía del derecho asociado a la SS no solo debe tener en cuenta la garantía del derecho hoy, sino debe pensar en la garantía del derecho del mañana. Esta lógica debe ser entendida no solo por los que reglamentan el sistema de SS, sino debe hacer parte del criterio de decisión de autoridades administrativas y de jueces que reconocen estos derechos a diario.

Si continuamos con un sistema que posee crecimientos exorbitantes del 25% anual en la demanda del servicio de SS, y los recaudos no lo hacen a una tasa mayor del 5% anual, en cinco años se estaría duplicando el gasto en SS del Estado, sin tener una correspondencia en su financiación. Esto no solamente representaría la destrucción del sistema, sino la pérdida de derechos de toda la ciudadanía. (...)