Las estadísticas indican que un 80% de los pobres en edad de trabajar tiene un empleo informal, es decir, trabaja en negro.
Estos empleos son precarios e inestables, y las remuneraciones y condiciones de trabajo son muy inferiores a las de los trabajadores formales. La masiva informalidad laboral, que alcanza prácticamente a la mitad de la fuerza de trabajo, es la principal causa de la exclusión social en la Argentina.
El extraordinario crecimiento de la actividad económica que se observó en los últimos años permitió absorber parte de la alta desocupación prevaleciente a comienzos de la década y el ingreso de nuevos trabajadores, pero la cantidad de personas trabajando en la informalidad no disminuyó en términos absolutos. Los trabajadores informales en el sector privado eran 4,1 millones en 2004 y aumentaron levemente a 4,2 millones en 2009. Para disminuir la segmentación social y eliminar la pobreza hay que buscar políticas que remuevan algunas de las causas estructurales de la informalidad.
Es clave observar que un 52% de los informales trabaja en microempresas de hasta tres trabajadores. En las microempresas típicas el que lidera el emprendimiento es un trabajador más, que reúne algunas condiciones de liderazgo. El capital está constituido por los elementos básicos del trabajo y su función no es generar una renta como en la empresa tradicional. En estas microempresas la relación dominante no es la tradicional de capital y trabajo, sino de trabajo y trabajo. Las relaciones laborales en estas microempresas representan una particular forma de asociatividad entre quien ocupa el rol de trabajador principal y quienes colaboran con él, muy diferente a las que existen entre patrones y trabajadores en las empresas tradicionales.
En materia tributaria, el Estado ha reconocido las características peculiares de las microempresas y establecido el sistema de monotributo. Llama la atención que no se haya establecido ningún régimen especial para las microempresas en materia de relaciones laborales. Ellas deben cumplir los mismos requisitos legales y administrativos que las empresas medianas y grandes. Las microempresas, por ejemplo, tendrían que contratar los servicios de un contador para que todos los meses confeccione las requeridas declaraciones juradas sobre sus trabajadores, haga los pagos correspondientes a las cargas sociales a la AFIP e informe de las asignaciones familiares. Es evidente que esto representa un costo desmedido que la mayoría no puede afrontar.
En el contexto de las actuales normas y regulaciones laborales, las microempresas prefieren mantenerse en la informalidad y ocupar sólo trabajadores informales, con las consecuencias negativas que eso tiene para la sociedad. El desafío es crear un nuevo contexto en que sea simple, fácil y de reducido costo para que las microempresas se vuelvan formales y empleen trabajadores registrados. Este es el objetivo fundamental de un estatuto especial para las microempresas, que establecería un nuevo marco regulatorio integral para ellas, tanto en materia laboral como tributaria así como en los procedimientos administrativos y burocráticos.
En diversas oportunidades se han propuesto normas especiales en materia laboral para las microempresas. Estos intentos fracasaron o tuvieron impactos muy pequeños. Es conveniente que la introducción de un estatuto especial sea acompañada de programas de formación, crédito y otros que ayuden al desarrollo de las microempresas. Para que la Argentina crezca con equidad y se elimine la pobreza es necesario terminar con la segmentación que existe entre trabajadores formales e informales.
Patricio Millan
Director de la Escuela de Economía de la UCA
Para LA NACION
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