A partir del primero de enero comenzó a regir el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil de 1.500 pesos, una cifra insuficiente para afrontar el alza del costo de vida, que percibe un universo acotado de trabajadores y que casi duplica las actuales jubilaciones mínimas. En la última reunión de julio pasado del Consejo del Salario Mínimo, conformado por entidades empresarias, la CTA, la CGT y el Ministerio de Trabajo, se acordó, con la oposición de la Central de Trabajadores de la Argentina, elevar ese mínimo desde los entonces 1.240 a los 1.500 actuales.
Esa actualización se cumplió en tres etapas, elevando esa remuneración a 1.400 pesos en agosto, a 1.440 pesos en octubre pasados, y a 1.500 pesos en enero de este año. El salario mínimo alcanza a alrededor de 300.000 trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio laboral, y quedan al margen quienes se desempeñan en tareas rurales y en el servicio doméstico, donde existen mecanismos especiales de actualización de las remuneraciones.
No alcanza a los trabajadores en negro porque al no estar registrados, los empleadores evitan pagarles el salario mínimo, sector en el que se encuentra alrededor del 40 por ciento de los trabajadores en actividad. Se calcula que hay más de tres millones de personas que se desempeñan en el mercado informal y que perciben un sueldo menor al mínimo. Tampoco repercute en los haberes de la mayoría de los trabajadores municipales de nuestro país y en los sueldos de los empleados de buena parte de las administraciones provinciales.
Actualmente, ese nivel de salario mínimo duplica al haber mínimo de jubilados y pensionados, alrededor de seis millones de personas, que perciben una jubilación mínima de 827,23 pesos, o de 872, los que perciben los 45 pesos adicionales que otorga el PAMI, según el último aumento dispuesto por el gobierno en septiembre pasado.
Memoria activa
Con el voto unánime de las patronales de la industria, el agro, las finanzas y los servicios, de la CGT y el Gobierno y con el rechazo de la delegación de la CTA, el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario resolvió el 28 de julio de 2009 elevar el salario mínimo en forma escalonada: 1.400 pesos en agosto; 1.440 en octubre hasta llegar a los 1.500 a partir del 1° de enero de 2010. No se discutieron otros puntos planteados por la Central como las asignaciones familiares o el cese de los despidos.
En lugar de aprovechar esa oportunidad para fijar un funcionamiento regular de un espacio de concertación social tripartito con el propósito de tratar los graves problemas que provoca la crisis, se lo utilizó una vez más espasmódicamente para anunciar un incremento al Salario Mínimo que es a todas vistas absolutamente insuficiente y descartando de plano el debate de políticas públicas de carácter universal para dotar de blindaje social a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Al argumentar su voto negativo, la delegación de la CTA representada por Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pedro Wasiejko, no sólo explicó su postura contraria al aumento escalonado que recién se redondeaba en enero de este año, sino que además denunció que no hubo ninguna posibilidad de debatir acerca de otros puntos importantes, como la sanción de una Ley de Emergencia Ocupacional que impida los despidos por 180 días.
Yasky, secretario general de la CTA, declaró en la oportunidad que "creemos que tiene que haber una batería de medidas que diga: ataquen el grave problema que significa la pérdida de puestos de trabajo que se está produciendo en industrias como la agroindustrial o la construcción. Necesitamos universalizar el seguro de desempleo. Se tiene que universalizar el salario por hijo y cobrar un ingreso asegurado para la familia de los desocupados y los trabajadores no registrados, un piso de ingreso”.
Micheli, secretario adjunto de la CTA, indicó que “a la hora de establecer un nuevo salario mínimo que no satisface a la inmensa mayoría de los trabajadores del país, el Gobierno, la CGT y los empresarios de la industria, el campo y los bancos actuaron en bloque sin mostrar fisuras ni contradicciones. Los únicos que planteamos con coherencia la necesidad de debatir a fondo las políticas económicas y sociales de carácter universal que hoy necesitamos para afrontar la crisis fue la representación de la CTA”.
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