El país tiene perspectiva en empleo, pero va detrás de otras naciones :: El Informador
Sea por iniciativa propia o un avance sobre la agenda de la oposición, lo cierto es que el Gobierno anunció el plan de "Universalización de las Asignaciones Familiares". La medida busca extender el beneficio de la asignación familiar que procura el Estado a todos los trabajadores registrados, ahora también a trabajadores que se desempeñan en la economía informal o se encuentran desempleados. Actualmente la asignación familiar tiene un máximo de $180 mensuales por cada hijo menor de 18 años a cargo del trabajador. El sistema cubre a 4,3 millones de menores de edad, con un costo anual cercano a los $10.000 millones, equivalente al 0,8% del PBI. Ahora bien, la población menor de 18 años en Argentina supera los 12,4 millones, lo que implica que el actual sistema de seguridad social sólo cubre al 35% del grupo etario.
Escribe: Ramiro Castiñeira
El 65% restante (equivalente a 8,1 millones de menores), no acceden al beneficio bien porque sus padres se desempeñan en la economía informal o se encuentran desempleados, o en el otro extremo y siendo los menos, no acceden por estar a cargo de trabajadores registrados con salarios superiores a $4.800. Tampoco acceden si no están bajo relación de dependencia por ser monotributista, cuenta propia, profesional, patrón, etc.
De este universo de 8,1 millones de menores, está claro que el Gobierno estableció requisitos para focalizar la nueva asignación familiar sólo a los menores más vulnerables. Con tal objetivo se exige un certificado que acredite que el menor está al día con el cronograma nacional de vacunación, y para los mayores de cinco años de edad, también se exigirá un certificado de asistencia regular a establecimientos educativos públicos. Pero aún cumpliendo dichos requisitos sólo tendrán acceso los padres que trabajando en la economía informal, tengan ingresos inferiores al salario mínimo vigente.
Las exigencias tienden a focalizar la asistencia en los hogares pobres al mismo tiempo que otorga incentivos económicos para el cuidado de la salud y educación de menores en hogares vulnerables. Pero lo cierto es que también conlleva una discriminación horizontal dado que para el trabajador registrado no operan dichos requisitos, al mismo tiempo que el tope de ingreso mensual para acceder al beneficio supera más de tres veces al salario mínimo vigente.
En suma, actualmente existe cierto consenso social en la necesidad de otorgar una respuesta desde el Estado a los menores de 18 años. Pero las diferencias en como hacerlo no son menores dado que unos apuntan a una asistencia en forma universal sin requisito alguno, mientras que otros apuntan en otorgar un subsidio más focalizado que permita asistir sólo a los menores más vulnerables, advirtiendo la presencia de una restricción presupuestaria en el Estado.
El presente informe tiene como objetivo profundizar el análisis. Para ello, primero se presentará un cuadro de situación de la estructura social Argentina. Luego se proseguirá con un análisis de los actuales programas asistencia social del Estado que tengan el objetivo explícito de paliar la pobreza en hogares con menores. Por último, se realizará un análisis del reciente programa lanzado por el Gobierno, como también se estimará la cantidad de hogares y menores que se verán favorecidos por la nueva asignación universal, así como también su costo fiscal y forma de financiamiento.
Fuente: Economoetría
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