DAVID NAVARRO La economía sumergida ya genera cada año más de 10.600 millones de euros en la provincia, según las estimaciones del Colegio de Economistas de Alicante, que alerta del fuerte incremento del número de negocios informales y del trabajo en negro como consecuencia de la crisis. El vicedecano de esta institución, Vicente Llopis, asegura que alrededor del 30% de toda la riqueza que se genera en la zona ya escapa del control de la hacienda pública, un porcentaje seis puntos superior al que se registraba antes del inicio de la recesión.
La crisis, además, ha provocado que las grandes bolsas de fraude hayan cambiado de negocio. Durante los años de bonanza buena parte del dinero negro que circulaba estaba localizado en la construcción, pero el descenso de actividad del sector inmobiliario también ha supuesto una caída de las operaciones irregulares ligadas al ladrillo. Por el contrario, el fraude "se ha generalizado" en el resto de sectores, según Llopis, aunque se deja sentir con mayor intensidad en la hostelería, las profesiones liberales, los autónomos y las pequeñas empresas. También se mantiene el mal endémico del trabajo clandestino en la industria del calzado y, en menor medida, en la agricultura.
Este auge de la economía sumergida tiene un fuerte impacto sobre la recaudación del Estado, como explican desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Los cálculos de esta organización son más prudentes con el volumen de dinero que mueve el mercado negro en la provincia, que estiman en unos 8.500 millones de euros, pero, aún así, esto supone que sólo el año pasado el fisco dejó de ingresar 3.115 millones de euros en la provincia. De esa cifra la mayoría corresponden al IVA, el impuesto de sociedades y otros tributos mientras que las cotizaciones de los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social representarían alrededor de un tercio del total.
"Cuando una empresa tiene dificultades lo más sencillo es defraudar a Hacienda. Si quiere seguir funcionando no puede dejar de pagar a sus trabajadores, ni al banco, ni a sus proveedores porque les cortarían el suministro. Es mucho más fácil escapar de los impuestos", asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Además, los defraudadores tienen muchas posibilidades de salir impunes. "Las declaraciones de la Renta y Sociedades de 2008 no se cierran hasta junio y hasta el segundo semestre no se empiezan a realizar controles aritméticos sobre un porcentaje muy pequeño de ellas. Luego pasa un año hasta que se practican controles informáticos... Así, los empresarios consiguen retrasar el problema como mínimo dos años y, si se cumplen los cuatro años, la deuda prescribe", denuncia Mollinedo. Vicente Llopis apunta, sobre este tema, que la Agencia Tributaria "ha avanzado mucho" en la lucha contra el fraude pero que "también es cada vez mayor el ingenio de los defraudadores".
La crisis, además, ha provocado que las grandes bolsas de fraude hayan cambiado de negocio. Durante los años de bonanza buena parte del dinero negro que circulaba estaba localizado en la construcción, pero el descenso de actividad del sector inmobiliario también ha supuesto una caída de las operaciones irregulares ligadas al ladrillo. Por el contrario, el fraude "se ha generalizado" en el resto de sectores, según Llopis, aunque se deja sentir con mayor intensidad en la hostelería, las profesiones liberales, los autónomos y las pequeñas empresas. También se mantiene el mal endémico del trabajo clandestino en la industria del calzado y, en menor medida, en la agricultura.
Este auge de la economía sumergida tiene un fuerte impacto sobre la recaudación del Estado, como explican desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Los cálculos de esta organización son más prudentes con el volumen de dinero que mueve el mercado negro en la provincia, que estiman en unos 8.500 millones de euros, pero, aún así, esto supone que sólo el año pasado el fisco dejó de ingresar 3.115 millones de euros en la provincia. De esa cifra la mayoría corresponden al IVA, el impuesto de sociedades y otros tributos mientras que las cotizaciones de los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social representarían alrededor de un tercio del total.
"Cuando una empresa tiene dificultades lo más sencillo es defraudar a Hacienda. Si quiere seguir funcionando no puede dejar de pagar a sus trabajadores, ni al banco, ni a sus proveedores porque les cortarían el suministro. Es mucho más fácil escapar de los impuestos", asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Además, los defraudadores tienen muchas posibilidades de salir impunes. "Las declaraciones de la Renta y Sociedades de 2008 no se cierran hasta junio y hasta el segundo semestre no se empiezan a realizar controles aritméticos sobre un porcentaje muy pequeño de ellas. Luego pasa un año hasta que se practican controles informáticos... Así, los empresarios consiguen retrasar el problema como mínimo dos años y, si se cumplen los cuatro años, la deuda prescribe", denuncia Mollinedo. Vicente Llopis apunta, sobre este tema, que la Agencia Tributaria "ha avanzado mucho" en la lucha contra el fraude pero que "también es cada vez mayor el ingenio de los defraudadores".
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