De acuerdo con la CNA, el artículo 16 de la Ley de Soberanía Alimentaria, determina que “se reviertan al Estado las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por las empresas camaroneras y acuícolas para garantizar procesos de recuperación y repoblamiento del manglar, de conformidad con la ley”.
Esta disposición -según la CNA- destruiría el empleo en las camaroneras y perjudicaría a la producción nacional; ya que se eliminaría una tercera parte de las hectáreas de producción camaronera en el país, y por ello se estima que el país perderá 34.000 plazas de trabajo, es decir una tercera parte de la mano de obra que hoy subsiste de esta dinámica actividad productiva.
Al respecto, César Monge, presidente de la CNA señaló que la mencionada Ley, contradice el Decreto Ejecutivo 1391 firmado por Correa y sus Ministros de Agricultura, de Ambiente, y de Defensa de Patrimonio Cultural y Natural, el 15 de Octubre del 2008, el cual establece la implementación de un proceso de regularización y reforestación en todo el territorio nacional.
“Según ese Decreto iba a haber una regularización, acompañada por un esquema de sanciones que incluyen procesos de reforestación para aquellas unidades productivas que por más de una década -por la falta de una autoridad competente que ejerza un control sectorial- han operado de manera informal”, comentó Mongue.
Recordó el presidente de la CNA que según la Dirección General de la Marina Mercante, DIGMER, en el Ecuador existen 44.000 hectáreas de camaroneras en estado irregular o ilegal.
Siendo así, Mongue consideró que una tercera parte de las aproximadas 150.000 hectáreas de camaroneras en el país deberán cerrar sus operaciones al revertirse al Estado, “perdiéndose miles de plazas de trabajo, millones de dólares en infraestructura, millones de dólares en exportaciones y décadas de esfuerzo productivo”.
También la CNA recalcó que el cálculo para establecer el número de hectáreas camaroneras en estado irregular, realizado por la DIGMER y puesto a conocimiento del presidente Correa, considera el total de una unidad camaronera como ilegal en el caso de que una porción o porcentaje de la misma, se encuentra en estado irregular. Es decir que si a una extensión de 100 hectáreas de camaroneras con una concesión entregada legalmente para operar se le hubiese agregado 5 hectáreas más de extensión sin regularización, se considerará a toda el área como ilegal.
O sea que utilizando las cifras oficiales esta ley revertiría al estado inclusive operaciones cuyo porcentaje mayoritario operativo se encuentra legalmente registrado.
Ante esta situación los miembros de la Cámara Nacional de Acuacultura se han preguntado “¿por qué la autoridad acuícola del país no informó oportunamente a la Comisión Legislativa que el articulado de la Ley de Soberanía Alimentaria contradecía la disposición del presidente Correa decretada con anterioridad?”.
La CNA solicitó además al Jefe de Estado que se tomen las medidas necesarias para que exista un defensa permanente por parte de la autoridad que debe no solo regular sino también precautelar la supervivencia de esta actividad productiva. Los datos oficiales de la Subsecretaria de Acuacultura, el sector acuícola ecuatoriano genera en el país 102.100 plazas de trabajo directo, a través del cultivo de camarón.
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