.: Business News Americas - Columna de Opinión - Sistema de contribuciones definidas: no le apuestes tu jubilación

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El sistema de pensiones privadas definidas con aportes obligatorios, introducido por primera vez en Chile hace casi 30 años e imitado de una u otra forma en una serie de países latinoamericanos y en otras naciones, ha sido considerado todo un éxito, no solo por entregar a la gente una jubilación aceptable, sino también por impulsar los mercados de capitales y el desarrollo económico en general gracias a las inversiones de las empresas que administran estos fondos. A fin de cuentas, y siendo realistas, es muy difícil esperar que el Estado se haga cargo de la población al llegar a la vejez.

Sin embargo, el sistema dista mucho de ser perfecto y, si bien los gobiernos son concientes de sus limitaciones y, en algunos casos, han tomado medidas para rectificar la situación, es mucho lo que queda por hacer. Uno de los temas más evidentes es el del riesgo. Como vimos el año pasado con la crisis y el desplome de los mercados bursátiles, todo lo que sube puede bajar. Se nos dijo que, a la larga, si teníamos inversiones bien diversificadas terminaríamos obteniendo rentabilidad, ya que en algún momento las acciones se recuperarían. Pero eso no ayuda a quienes perdieron la mitad de su pensión y están próximos a jubilarse. En reconocimiento de este problema, muchos países introdujeron los denominados "multifondos", que permiten a los contribuyentes elegir entre distintos fondos con diferente perfil de riesgo, y en el caso de quienes no pueden decidirse, se les asigna el fondo según su edad: los más jóvenes en fondos más expuestos a los mercados bursátiles y la población de mayor edad en aquellos con retornos fijos. No obstante, el pago de las pensiones sigue sujeto a un factor de riesgo.

En segundo lugar, está el tema de la competencia, o más bien la falta de competencia, entre las distintas administradoras de fondos de pensiones, las llamadas AFP o sus variantes. En teoría, la competencia existe, pero en la práctica, para el contribuyente promedio, hay poca o nada de diferencia entre una AFP y otra. Producto de ello, las administradoras de fondos recurrieron en el pasado a todo tipo de medios no tradicionales, por no decir antiéticos, para quitar clientes a sus rivales, lo que incluso llevaba a sus vendedores a ofrecer regalos y hasta favores sexuales. Los gobiernos han tomado medidas para poner fin a estas prácticas, en especial restringiendo la cantidad de veces que una persona se puede cambiar de AFP, pero limitar la posibilidad de elegir del consumidor difícilmente puede fomentar la competencia y la apertura del mercado.

Para ser justos, algunos gobiernos han aplicado medidas que obligan a las AFP a publicar información más simple y clara, de manera que resulte más fácil comparar los fondos y su rentabilidad. Sin duda se puede argumentar que el desafío es concienciar a los contribuyentes respecto de la importancia de su pensión e informarlos adecuadamente para que puedan analizar el rendimiento de los fondos. Eso está bien para una pequeña mayoría, pero lamentablemente va en contra de la naturaleza de la mayoría, en especial de los jóvenes, a quienes no les preocupa su jubilación.

Por otro lado, podría decirse que si la gente estuviera dispuesta a interiorizarse de toda esa información financiera y a decidir por su cuenta en qué invertir, entonces el gobierno no tendría para qué obligarlos a invertir en estos fondos de ahorro.

Otro tema es el de los aportes. Muchas veces ni siquiera existen, ya sea porque la gente no trabaja o no tiene un empleo formal, o porque son independientes y no están obligados a aportar. Si bien algunos reguladores han tomado medidas para impulsar, e incluso obligar, a los independientes a contribuir a estos fondos, la economía informal está más extendida en Latinoamérica que en otros países industrializados. ¿El resultado de esto? A los jubilados no les alcanza para vivir y el gobierno debe ponerse con lo que falta o, lisa y llanamente, deben arreglárselas con lo que tienen.

También está el hecho de que muchos empleadores no pagan a las AFP las contribuciones de sus trabajadores, pero de todas maneras las deducen de sus sueldos. Esto se llama robo, pero los reguladores no cuentan con los recursos para hacer cumplir la ley, y para cuando el trabajador o ex trabajador se da cuenta de que su patrón se quedó con ese dinero, debe superar un sinnúmero de trámites burocráticos para presentar una queja o una demanda judicial, lo que hace que el proceso se extienda durante años.

Y además está el tema de las comisiones, que son astronómicas. Ningún fondo no obligatorio podría cobrar sin recibir sanción ese 20-25% que las AFP suelen aplicar como comisión a los contribuyentes. Por cierto, las administradoras de fondos no lo presentan de esa forma, sino como un 2-2,5%, pero del sueldo total, mientras que los empleados están obligados a pagar, en Chile por ejemplo, un 10% de su salario a una AFP. En este caso también ha habido intentos de los gobiernos por cambiar las cosas. En México, donde estas entidades reciben el nombre de afores, hoy en día las comisiones solo se cobran sobre los activos y no sobre los aportes, algo que las AFP han pedido se haga en Chile a fin de que sus antiguos contribuyentes -quienes ya no aportan al sistema- sigan llenando los bolsillos de las administradoras. Quizá tenga más sentido permitir solo que las comisiones se apliquen sobre las ganancias, pero sea como fuere que se estructuren, el hecho es que son demasiado altas.