US$625.000 millones al año.
El dato ilustra, por un lado, el auge de esta lucrativa industria en expansión y, por otro, la informalidad con que se regula.
Según el CNSP, de las 8.000 compañías de seguridad privada que se estima operan actualmente en el país, sólo 659 están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que es el organismo que cuenta con facultades de verificación a nivel nacional.
Entre las más de 7.000 restantes, sólo unas 200 cuentan con alguna certificación de calidad.
Y el resto, un 80% según el informe, opera únicamente con “permisos locales”, otorgados por alcaldías o estados, o funciona al margen de la ley, sin registro.
Es en este contexto en el que surgen las conocidas coloquialmente en México como “empresas patito”: compañías fantasma que buscan permisos a nivel local para operar, pero que no cumplen con los estándares de calidad requeridos a nivel federal o internacional.
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