Hace pocos días visité la Comuna 9, más concretamente el barrio Loreto, situado en uno de los sectores más elevados del oriente de Medellín, y pude observar que en solo una cuadra funcionan hasta diez pequeñas tiendas, cuando hace quince años apenas funcionaba una. Así que el antiguo mercado potencial de un negocio, con un escaso crecimiento de la demanda barrial, hoy es disputado por una decena de lánguidas ofertas de similares productos.
Es indudable que la carencia de empleo es una de las tantas dificultades por las que atraviesan los habitantes de estas comunas. A ello se agregan las actividades propias del empleo informal y el subempleo y las ejercidas por personas que definitivamente abandonaron la esperanza de trabajar de manera estable. Las mismas que para el Dane no representan mano de obra desocupada.
Al drama de las pocas ventas e ingresos que perciben se agrega el pago de la 'vacuna' a las bandas y 'combos', que puede oscilar entre cinco mil y quince mil pesos diarios.
Quien regresa al barrio luego de varios años de ausencia, de inmediato echa de menos la caravana de buses que antes recorría sus calles para recoger a los trabajadores vinculados a las diferentes fábricas y empresas de Medellín y el valle de Aburrá. Hoy casi no se ven, porque la mano de obra fue desplazada por la tecnología, porque se han cerrado muchas industrias, porque impera la tercerización de la mano de obra y porque apenas si se ofrecen cicateros contratos a término fijo, ya que las agencias de empleo se apropian de los ingresos que antes percibían los trabajadores. Por estas y muchas otras causas, el desempleo pulula en la ciudad; entonces, proliferan las pequeñas iniciativas de negocios, la venta de empanadas y de otros comestibles, o de cachivaches en los semáforos o en cualquier esquina: el caleidoscopio del rebusque.
A ello se agrega la constante zozobra que se vive en las calles, debido a las balaceras que casi siempre arrojan víctimas inocentes. Los padres de familia no saben qué hacer con sus hijos y, dizque por seguridad, optan por retirarlos de la escuela, lo que a la postre los deja a merced de riesgos mayores.
Otro componente de este panorama consiste en que una parte de quienes integran las bandas y 'combos' de la ciudad eran desmovilizados de las Auc, de los bloques 'cacique Nutibara' y 'héroes de Granada' e, incluso, de otros frentes que antes operaban en Antioquia. A propósito, desconocemos por qué en el reciente consejo de seguridad, presidido por el ministro Rodrigo Rivera, no se evaluó el impacto del proceso de desmovilización y el hecho de que muchos de sus integrantes volvieran a la confrontación armada. Recordemos que, en lo fundamental, los 'combos' y bandas manejan la extorsión de los buses y taxistas, así como de los establecimientos comerciales, controlan las 'casas de vicio' y hasta una parte de las organizaciones sociales, todo ello al servicio del narcotráfico.
Resulta evidente que todos los espacios que dejó la transformación de nuestro aparato productivo y las políticas de reducción de empleos y, en general, los que han dejado las instituciones resultaron copados por el narcotráfico y sus diversas expresiones. Es un fenómeno que se remonta a la época de Pablo Escobar, que se repitió con el paramilitarismo y continúa con las actuales expresiones delictivas.
Quiere esto decir que el tratamiento del conflicto urbano debe ser integral y múltiple, como lo dijo el Ministro de Defensa: no puede reducirse a un problema de tipo jurídico o solo de represión.
El empresariado antioqueño debería entender que este tema también le concierne, porque la institucionalidad y la fuerza pública solas no pueden atenderlo. Pero si bien se requiere el concurso de más instrumentos y medidas de orden jurídico para combatir los 'combos' y bandas, resulta desacertado pensar que es solo allí donde están las soluciones. Bien dijo el Mindefensa: pueden existir muchos problemas en ese campo, pero la legislación colombiana cuenta con suficientes instrumentos jurídicos para combatirlos. Estamos ante la combinación de problemas estructurales con algunos de corto y mediano plazo, los que a la vez exigen unas estrategias más integrales. ¿Qué nos pasa, entonces?
Punto final. Con gran satisfacción se debe recibir la propuesta del presidente Santos y los empresarios de desmontar la deducción tributaria del 30 por ciento por la reinversión de utilidades en activos fijos para ayudar a la creación de empleos. Otra buena del gobierno que comienza y del empresariado colombiano.
fajardolan@une.net.co
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