Republicanismo y Renta Básica de Ciudadanía | ATTAC Madrid

Republicanismo y Renta Básica de Ciudadanía | ATTAC Madrid

Si algo caracteriza al republicanismo democrático es la defensa de un concepto de ciudadanía plena y la afirmación del monopolio del poder civil para la determinación del interés público, frente a la pretensión de disputárselo por parte de poderosos grupos privados, económicos o ideológicos.

Son los viejos principios republicanos que se basan en la identificación de la libertad con la ausencia de dependencia o dominación y de su fundamento en la independencia material o en el autogobierno en lo público y en lo privado. Y en que la libertad así entendida, la libertad republicana, no podrá mantenerse si la propiedad estuviera desigual y polarizadamente distribuida, en exceso.

Así, un Estado republicano tiene que favorecer formas alternativas de propiedad colectiva y todos aquellos mecanismos institucionales que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos sin exclusión.

Esos principios se materializan en el jacobino derecho a la existencia social públicamente garantizado (Robespierre) o en un ingreso material incondicionalmente asignado a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (Tom Paine), conceptos ambos que hoy están presentes en lo que llamamos renta básica de ciudadanía o ingreso ciudadano.

El empleo como eje del Estado social

Es indudable que en el siglo XX ese derecho a la existencia de todos tuvo un importante avance, al menos desde un punto de vista formal, con la constitucionalización del Estado social, en sus distintas formas, en las Constituciones del periodo de entreguerras y en las normas fundamentales posteriores a al fin de la II Guerra Mundial.

Sobre este trasfondo de la postguerra mundial, justamente se consolida el Estado Social como una especie de acuerdo o compromiso implícito de clases, expresado en un pacto asimétrico entre capital y trabajo: lo que se ha llamado pacto keynesiano o fordismo.

A tenor de dicho pacto que permitió al capitalismo disfrutar durante tres décadas de una expansión sin precedentes, el trabajo acepta la lógica de la ganancia y del mercado, a cambio de un capitalismo regulado, la consolidación del derecho del trabajo y la seguridad social, límites a la autonomía contractual civil, el desarrollo de criterios objetivos de responsabilidad, la previsión de riesgos y la juridificación de intereses colectivos hasta entonces excluidos del contrato social mediante el reconocimiento constitucional de los derechos sociales clásicos (sanidad, seguridad social, vivienda, educación, etcétera)