La Asignación por Hijo como derecho « Centro de Estudios para el Cambio Social

La Asignación por Hijo como derecho « Centro de Estudios para el Cambio Social

A fines del año pasado, el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), respondiendo a una demanda impulsada por diversos sectores de la sociedad, desde hace más de una década. El consenso acerca de los resultados positivos de la medida, impone la necesidad de discutir su consagración como derecho, más allá de los gobiernos por venir. El presente artículo se dividirá en dos partes, en primer lugar nos proponemos evaluar críticamente los fundamentos que existen detrás de la Asignación. En la segunda parte, debatiremos cuestiones específicas de su implementación, de cara a su sostenimiento en el tiempo.

El Decreto que promulgó la AUH, sostiene que la solución estructural de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de “trabajo decente”. De esta manera, la Asignación se entiende como una medida temporaria, hasta tanto tasas sostenidas de crecimiento resuelvan de manera concluyente las condiciones de pobreza y precariedad en la que vive buena parte de la sociedad. En definitiva, se vuelve necesario discutir los postulados que existen detrás de la implementación de la medida, los cuales precisan un determinado funcionamiento del mercado de trabajo en particular, y de la economía en general.

La economía política de la asignación por hijo

La lectura post-keynesiana del funcionamiento económico -afín al diagnóstico gubernamental-, sostiene la existencia de un problema de demanda efectiva insuficiente, es decir, insuficientes niveles de inversión pública, privada y/o exportaciones, implican exiguas oportunidades de empleo y, a su vez, generación de empleos de baja calidad.

Siguiendo esta línea argumental, la actual política económica se serviría de un equilibrio macroeconómico orientado básicamente a la resolución del problema del desempleo: un tipo de cambio real elevado y estable permitiría aumentar la inversión y el empleo en las actividades comercializables internacionalmente (transables), lo cual mejoraría la distribución del ingreso y disminuiría los niveles de pobreza. De esta manera, la ampliación de la demanda de trabajo de la economía –reducción del desempleo-, implicaría iniciar una trayectoria con “trabajo decente”, es decir, empleos registrados y bien remunerados.

La pregunta que aquí se plantea tiene que ver con los plazos necesarios para que se produzca este proceso auspicioso del devenir económico. Habiendo transitado el proceso de valorización del capital más exitoso de la historia económica reciente (2003-2008), con tasas de crecimiento promedio del producto mayores al 8% anual, ¿cómo se entienden los sostenidos niveles de desocupación y subocupación que mantienen al 20% de la población económicamente activa con problemas laborales?