Página/12 :: Economía :: En la búsqueda de los recursos

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Por Nicolás Arceo y Mariana L. González *

Desde hace algunos meses se presentaron en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley que plantean modificaciones, tanto al valor de la jubilación mínima como al mecanismo de actualización de los haberes (movilidad jubilatoria). A partir de estas iniciativas, llegaron a consensuarse algunos puntos básicos entre los distintos bloques opositores y la semana pasada la Comisión de Presupuesto del Senado emitió el dictamen necesario para habilitar su tratamiento. El punto más importante es el que propone que se fije el monto de la jubilación mínima en un valor equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

En la actualidad, el salario mínimo se ubica en 1500 pesos, de modo que si se aplicara esta propuesta la jubilación mínima ascendería a 1230 pesos. Ello representa un aumento de 335 pesos (37,4 por ciento) sobre el valor actual de la jubilación mínima, que es de 895 pesos. A su vez, también implicaría un aumento para los jubilados que actualmente cobran más de la mínima pero se ubican por debajo de los 1230 pesos.

Esta medida alcanzaría a unos 5 millones de jubilados y pensionados, ya que aproximadamente 4,2 millones están cobrando el haber mínimo y otros 800 mil reciben más que el mínimo pero menos de 1230 pesos. No resulta difícil calcular que dicho incremento requeriría de un flujo de fondos anual superior a los 20 mil millones de pesos para poder financiarlo. La cuestión acerca del financiamiento no es menor, aunque no es tomada en consideración en las propuestas presentadas por la oposición.

Entre las alternativas que se barajan aparecen los rendimientos que dan los activos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Su uso, sin embargo, se enfrenta con varios problemas. Esos rendimientos provienen en buena medida de la valorización de los títulos y acciones que componen ese fondo; es decir, no se trata de fondos líquidos. Más aún, el 62 por ciento de la cartera del FGS se compone de títulos públicos. Por lo tanto, la venta de esos títulos y acciones –si efectivamente fuera realizable– tendría consecuencias negativas sobre el mercado financiero local. Además, si se utilizara la totalidad de los rendimientos del FGS se estaría impidiendo que el mismo se capitalice, de modo tal que se iría licuando su valor real con el correr del tiempo. Finalmente, hay que mencionar que las utilidades del FGS sólo cubrirían parcialmente el incremento, ya que se plantea un aumento del gasto de al menos 20 mil millones de pesos cuando éstos no alcanzaron los 8 mil millones de pesos en 2009.

Otra de las fuentes que desde algunos sectores se propone es el superávit corriente de la Anses, es decir, el sobrante de sus ingresos sobre sus gastos corrientes, más allá de los rendimientos del FGS. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para este año 2010 la Anses tendría un superávit estimado de 7500 millones de pesos, que estaría básicamente explicado por la contabilización como ingresos corrientes de los rendimientos del FGS. Es decir, el resto de los ingresos y las erogaciones brindarían un resultado equilibrado, lo que marcaría el fin del superávit que la Anses venía teniendo en los últimos años.

A partir de 2003, el sistema de seguridad social vio incrementados sus ingresos gracias al fuerte crecimiento del empleo registrado. En efecto, los aportantes al sistema pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre del año pasado. Este proceso se vio robustecido a su vez por la recuperación que experimentaron las remuneraciones nominales durante este período. De este modo, se mantuvieron superávit en la Anses en todo este período, a pesar de que el número de beneficiarios se incrementó en casi 2 millones y las jubilaciones –en especial las mínimas– tuvieron una importante, aunque insuficiente, recomposición.

La ampliación del régimen de asignaciones familiares, así como el ajuste periódico de los haberes jubilatorios a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria implicarían una aguda disminución en el superávit del sistema previsional que, como se dijo, se estima que para este año obedezca íntegramente de las utilidades del FGS.

¿La inexistencia de un superávit significativo en la Anses significa que no deba o no pueda ser incrementada la jubilación mínima? En absoluto. Lo que marca es la necesidad de aumentar los fondos del sistema. En los años noventa, la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales supuso una significativa pérdida de recursos para el sistema de seguridad social, que sería equivalente, sólo en el año 2009, a una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos. Por lo tanto, un aumento de las alícuotas de las contribuciones patronales permitiría dotar de recursos genuinos al sistema para alcanzar un incremento en los haberes jubilatorios que sea sustentable en el tiempo. La restitución de las alícuotas de sus valores de inicios de los años noventa permitiría financiar casi en su totalidad el aumento en la jubilación mínima que supondría el atarla al 82 por ciento del salario mínimo.

* Investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.