Instituto Peruano de Economía » Comentario Diario » Tolerancia Infinito

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El MEF promulgó en el diario El Peruano de ayer el Decreto Supremo (DS Nº 145-2010-EF) que reglamenta la Ley Nº 29815, la cual “establece medidas para promover la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros y de carga” por tres años supuestamente. En esencia, el DS autoriza la devolución del 30% del ISC al petróleo diésel a aquellos transportistas: (1) que están al día con SUNAT y las autoridades sectoriales, (2) que le compran el combustible a estaciones de servicios que están en la misma condición y (3) que cumplen con una serie de procedimientos burocráticos, típicamente diseñados para “evitar el abuso” o desincentivar el uso de la norma.
La lógica de la medida, si cabe la palabra, se entiende mejor si se la acompaña con una noticia publicada en el diario Gestión precisamente de hoy, titulada “Hasta en 14% caen márgenes en transporte interprovincial” y subtitulada “Costos se elevaron por reposición de flota y consumo de combustible, pero no se pudieron trasladar al consumidor por la fuerte competencia”. La medida entonces persigue dos fines. Primero, evitar que quiebren transportistas interprovinciales. Segundo, promover la formalización de algunos transportistas (y grifos) al introducir un beneficio tributario al que solo pueden acceder los formales que compran a proveedores de combustibles formales.
Seguimos pensando que la medida es una mala idea (CD 18/03/2010), que parece motivada por consideraciones políticas y el accionar de grupos que gestionan intereses particulares. El exceso de oferta en el transporte interprovincial es obvio desde hace años. Tanto siendo parte del mismo como reaccionando al mismo, un grupo importante de transportistas operan en la informalidad. A inicios de este gobierno se decidió enfrentarlos con el llamado Plan Tolerancia Cero. En el Congreso se intentó restringir seriamente -con poco éxito dado que los intereses en juego están muy bien representados- la operación de los buses camión. Así, persiste una importante oferta informal que no solo compite deslealmente con el resto de la industria, sino que es la principal responsable de más pérdidas de vidas humanas que las asociadas a la violencia terrorista.
El gobierno ha optado por abaratar los costos de los productores formales y promover la formalización, lo cual difícilmente ocurrirá con una medida supuestamente temporal. Alternativamente, debió insistir en que los transportistas cumplan la ley y reducir los costos de salida del mercado, para que éste se ajuste hacia un equilibrio que no sea tan precario como el actual. También debe relanzar el programa de concesiones de carreteras, concursando su diseño y ejecución, utilizando los recursos públicos para cofinanciar estas obras. Adicionalmente, el gobierno ha optado por introducir una distorsión adicional en la política ambiental. El ISC al diésel ya es bajo cuando se considera lo contaminante qué es y lo que pagan otros combustibles más limpios. Ahora contribuyentes y destinatarios del gasto público que no lo reciben financiaremos a transportistas que ya contaminaban, para que contaminen más y puedan competir con informales a los que no se quiere regular. Finalmente, ha introducido otro beneficio tributario, con lo que su política de racionalización de exoneraciones, uno de los principales vehículos para la búsqueda de rentas en nuestro país, se vuelve aún menos creíble.