Luego de conocer que en el proyecto de ley del nuevo sistema de jubilación parte del financiamiento para la pensión solidaria, que impulsa el Estado, provendrá de los trabajadores y del empresariado, éstos indicaron que esta medida tendrá un impacto negativo en la economía de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
Enrique García, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, señaló que la propuesta de un aporte patronal del 3% deja a muchas empresas en una situación difícil y complicada en el ámbito financiero, sobre todo a las medianas y pequeñas, y recordó que en la actualidad los empleadores aportan con el 1,71% para las AFP y el 2% para pro vivienda.
“Es un asunto social muy delicado y se debe buscar un equilibro entre las partes. No es justo poner la carga sólo en los privados, pues cuando se actúa en forma unilateral y sin lograr los consensos necesarios, cualquier imposición tiende a colapsar en el corto y mediano plazo”, señaló García.
El mismo criterio tuvo la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, que lamentó que para realizar una mejora social se tenga que recurrir al capital privado y que de forma unilateral se tome un 3% de lo que genera la actividad empresarial.
En Santa Cruz, distintos empresarios que operan en el Parque Industrial remarcaron que una mayor presión a la capacidad financiera puede provocar una menor rentabilidad y una inestabilidad laboral.
Por su parte, Nicanor Baltazar, secretario de Empleo y Desocupación de la Central Obrera Boliviana (COB), precisó que el nuevo aporte del 0,5% para los trabajadores es un porcentaje en negociación. “El viceministro de Pensiones se adelanta al afirmar que ya hay una acuerdo eso no es cierto. No hay nada definitivo”, dijo.
EN DETALLE
Informales. Según García, en el país existe alrededor del 75 al 80% de emprendimientos que deben ser incorporados y formalizados, y que antes de hacerlo, hay que crear las condiciones necesarias. De otro modo, se alerta sobre serias dificultades al momento de incorporarlos al universo de aportantes.
Castigo. Para los empresarios (en referencia a que la nueva ley de pensiones contempla un proceso penal a los que no presenten los descargos sociales de la jubilación) todo cobro que tenga que ver con la legislación laboral debe situarse en la esfera jurisdiccional de los jueces laborales. Tergiversar una norma laboral en acción penal no parece correcto, pues provoca incertidumbre.
Burocracia. De acuerdo con los empresarios consultados, en Bolivia se ha avanzado mucho en la simplificación de trámites, pero todavía no se ha llegado a sólo cinco pasos para ser formales, como ocurre en Estados Unidos.
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