Sindicatos y Salud Laboral
Lea abajo la intervención del secretario general de la CSA, Víctor Báez Mosqueira, en el IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica.
El proceso de cambio que vive la región Latinoamericana está suponiendo la consecución de algunos avances en políticas sociales y laborales, relegadas a un segundo plano a lo largo de las últimas décadas en las que había imperado el neoliberalismo y la desregulación.
La Salud y Seguridad en el Trabajo constituye hoy, uno de los ejes centrales en las políticas sociales de los países. Sin embargo en América Latina se mantiene como uno de los problemas más lacerantes, tanto por sus efectos humanos y sociales como por el impacto económico que supone para cada uno de nuestros países.
Según estimaciones de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en el América Latina y el Caribe 105 millones de personas carecen de acceso regular a servicios de salud, mas de dos millones de mujeres por año dan a luz sin asistencia profesional. En 8 países el 40% de la población no tienen acceso a los servicios de salud y el 85% de los medicamentos se obtiene privadamente por los pacientes.
En nuestro continente, las muertes producidas en el trabajo, según estimaciones de la OIT (Organzación Internacional del Trabajo) y de la OISS (Organización Iberoamericana de la Seguridad Social), alcanzan la pavorosa cifra de 240.000 al año. Lo que equivale a unos 657 trabajadoras-es cada día. Un dato que a todos nos hace palidecer y que supone un fuerte aldabonazo a nuestra responsabilidad y a nuestras conciencias para hacer frente con decisión a está situación.
Los accidentes de trabajo y enfermedades son el resultado de unas condiciones de trabajo inaceptables y de una falta de acción preventiva por parte de los gobiernos y las empresas. Igualmente, la escasa cobertura de protección social por los riesgos del trabajo, hace que los trabajadores y sus familias que ven su salud dañada, queden en la mayor parte de los casos desprotegidos económica y sanitariamente.
Los daños provocados por el trabajo son el resultado de las malas condiciones de trabajo y de empleo y de la falta de políticas preventivas. Igualmente suponen la expresión de la exclusión y la desigualdad social, muy especialmente para los que se encuentran sumidos en la informalidad, los niños y niñas obligados a trabajar y las mujeres y personas migrantes.
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