Amylkar D. Acosta (especial para ARGENPRESS.info)
“cometer un error y no corregirlo es otro error”
Confucio
La economía colombiana después del auge en el quinquenio virtuoso (2003 – 2007), con crecimiento promedio del PIB del 5.5%, se vino a menos hasta languidecer en el año 2009 con un anémico crecimiento en términos reales de -0.3% en los primeros nueve meses, de tal suerte que se espera un crecimiento ligeramente negativo para el año completo. Lo más preocupante es que, según ANIF, “el país no estará en capacidad de retomar crecimientos del 4% hasta el año 2011 y tendrá que esperar los años 2012 – 2014 para meterse en la senda de crecimientos sostenidos del 5% anual” (2). Ello contrasta con la metas que se impuso el gobierno en su Plan Visión Colombia II Centenario 2019 a mediano plazo (al 2010) de un crecimiento del 5% anual y después del 2014 (largo plazo) del 6% sostenido durante una década.
La economía no levanta cabeza
El pronóstico de ANIF se fundamenta en el freno al crecimiento que representa el desaliento de la inversión productiva, la cual después de crecer durante los años de auge a un ritmo promedio de 16% anual, durante los primeros tres trimestres de 2009 decreció un 7.3% anual y estima que para todo el año su contracción sería del 3%, esperándose un ligero ascenso por debajo del 5%. Por ello concluye que “el país aún no cuenta con las condiciones macroeconómicas para sostener crecimientos del 5% del PIB…Este panorama nos indica que no sólo Colombia está lejos de emular los ‘milagros’ del crecimiento asiático, sino que aún dentro de la región vamos a la zaga respecto a Chile (nuestro referente) y también frente a Perú y Brasil. Estos últimos eran hasta hace poco nuestros ‘compañeros de lote’ y ahora nos han ‘botado del lote’ en la primera meta volante del crecimiento del siglo XXI”. (3)
En este contexto se explica que el principal freno a la generación de más empleo es el bajo crecimiento del PIB, máxime cuando ese precario crecimiento no va aparejado de la generación de más empleo debido al sesgo de la política económica que a través de las gabelas fiscales a las grandes empresas y la apreciación del peso con respecto al dólar favorece a los procesos productivos intensivos en capital (4). Y hablando de política económica, la Junta directiva del Banco de la República que tiene bajo su responsabilidad la política cambiaria y monetaria sigue sin tomar nota del fallo proferido por la Corte Constitucional (5) en el cual deja en claro que su misión debe ir más allá de garantizar la estabilidad de precios manteniendo a raya la inflación. En efecto, la Corte Constitucional dejó claramente establecido que “si bien la finalidad primaria de la actividad del Banco de la República es la estabilidad de precios, sin embargo, esta institución no puede ser indiferente a otros objetivos de política económica de raigambre constitucional, como pueden ser la búsqueda del pleno empleo o la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo” e insiste en que la Junta directiva del B de la R al tomar sus decisiones “también de considerar el desempleo (especialmente el que pueda causar con sus políticas), el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Es necesario, entonces, un mayor compromiso de la Junta directiva del Banco de la República en la obtención de tales fines que no le pueden ser ajenos y por lo tanto su manejo de las tasas de interés, su intervención en el mercado cambiario y de crédito no deben ir a contrapelo de los supremos fines de la política macroeconómica, el pleno empleo y el bienestar social.
Cunde la informalidad
Los niveles de la tasa de desempleo son aberrantes; según el último reporte del Dane, para enero de 2010 se situó en el 14.6%, la más alta de los últimos 6 años y equivale a 3’128.000 cesantes, afectando mayormente a los jóvenes y jefes de hogar. En momentos en que la tasa de desempleo había llegado al 18.3%, se promovió por parte de la administración Uribe una reforma al régimen laboral (6), apostándole a su flexibilización como medio expedito para generar más y mejor empleo. Esta reforma, de la misma estirpe de la Ley 50 de 1990, no sólo no cumplió su cometido pues el desempleo sigue siendo una de las peores lacras sociales, sino que contribuyó a precarizar el empleo aumentando ostensiblemente la informalidad. El año pasado el 58.3%, es decir 5’ 335.000 trabajadores eran informales, de los cuales el 85% carece de seguridad social, ello junto con el perverso asistencialismo por la vía del Sisben y el programa Familias en acción, muy propio del conservadurismo compasivo que profesa este gobierno, vienen afectando la sostenibilidad del Sistema General de Salud hoy en crisis, pues cada vez son menos los que cotizan y más lo que se recuestan al Estado a través del régimen subsidiado. (7)
Soluciones que no son soluciones
No entiendo para qué se está promoviendo otro referendo, esta vez para derogar la Ley 789 de 2002, cuando esta misma prevé un mecanismo más expedito para corregir su yerro. Esto sostiene la Corte Constitucional en su sentencia C-257 de 2008: “El Legislador fue consciente de la necesidad de evaluar luego de un tiempo razonable la eficacia real de las medidas adoptadas. Los artículos 45 y 46 de la ley 789 de 2002, establecieron una Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo, la cual habrá después de dos años de vigencia de la ley presentar una completa evaluación de los resultados y en ese momento el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo. Aunque esto no implica que la vigencia de las reformas sea temporal sí significa que en ese momento esas reformas están sujetas a una evaluación y debate, por mandato de la ley, y que esa evaluación debería conducir incluso a la derogación de aquellas medidas que no hayan sido eficaces en la promoción del empleo”.
Hay consenso entre los analistas sobre la necesidad de bajar la tasa de desempleo al tiempo que se reduzca a como de lugar la creciente informalidad del mercado laboral; las discrepancias empiezan cuando se tratan de abordar las soluciones. ANIF y la ANDI entre otros siguen proponiendo más de lo mismo; pese al fracaso de la flexibilización labor, plantean su profundización para superar el drama del desempleo, al tiempo que proponen la supresión de las “cargas” parafiscales por considerar que estas encarecen excesivamente los costos laborales. Se ha probado hasta la saciedad que este no es el camino. (8) Según el más reciente Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, la eliminación de las contribuciones parafiscales al Sena, al Icbf y a las cajas de compensación familiar tendría un leve efecto favorable sobre la marginalidad y un aumento irrisorio de sólo el 1% en la ocupación. Su conclusión no puede ser más disuasiva: “si aumentar la parafiscalidad reduce el número de ocupados, su disminución no llevaría a mayores ganancias en términos de empleos”. (9)
Discriminatorio y odioso
También se afirma que “el nivel del salario mínimo – muy alto frente al salario medio y a la productividad de la mano de obra” (10) es otro obstáculo para la generación de empleo y la formalización del mismo. Por eso se propone la eliminación del salario mínimo como ya lo hizo el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por considerar que es “ridículamente alto” (11). El Consejo Privado de Competitividad que preside Hernando José Gómez propone un salario mínimo diferencial para jóvenes, habida cuenta de que estos en gran proporción son los más afectados por el desempleo. Una propuesta similar a esta, la del Contrato del Primer Empleo (contrat premiére embauche), desató la furia de los franceses hace 4 años obligando al Presidente Jacques Chirac a promover la derogatoria de la Ley que lo estableció. Ahora es el Director del DNP, Esteban Piedrahíta, el que propone la implementación de salarios diferenciales pero ya no sólo por edades sino por actividad económica y regiones, como enantes se dio entre el urbano y el rural hasta 1983. Alega él para ello que hay una gran diferencia de productividad entre el campo y la ciudad, así como entre las distintas ramas de la economía y cree además que de esta manera se incentivaría la vinculación laboral de la población menor de 24 años. Ello, además de discriminatorio y odioso condenaría a segmentos muy importantes de la población a ser colombianos de segunda categoría, creando un círculo vicioso de menor remuneración – menor productividad – menor remuneración. Esto es indefensable; estas propuestas no pasan de ser globos de ensayo lanzados al espacio, pues no tienen mayor consistencia ni viabilidad.
El diablo haciendo ostias
Enhorabuena dos de los talibanes del Neoliberalismo, como lo son los ex ministros de Hacienda de Colombia y Argentina Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, han lanzado una propuesta de Incentivos al empleo formal, en la cual hacen suyas las formulaciones que desde la otra orilla, la de la Socialdemocracia, se han venido presentando desde hace mucho rato. Sin abandonar su tesis sobre la necesidad de desmontar las contribuciones parafiscales por considerarlas gravosas para el empleador, ellos proponen convertir “la actual deducción por inversión en una deducción de los impuestos sobre el incremento en la nómina salarial a que dan lugar las nuevas inversiones” (12). Según ellos “el reemplazo de la deducción del 40% del impuesto sobre la renta de la nueva inversión por una deducción del 120% del impuesto sobre el incremento de la nómina salarial alcanzaría a incorporar a la economía formal un número de trabajadores informales o desempleados prácticamente igual al número actual de trabajadores con empleo formal” (13). Esta propuesta, de redireccionar los incentivos al sector empresarial, es plausible y va en la dirección correcta, sólo que tropezaría con el obstáculo de la estabilidad fiscal que ha adquirido el grueso de las grandes empresas por vía de los contratos de estabilidad jurídica previstos en la Ley 963 de 2005. Este sería el primer escollo que encontraría la implementación de esta fórmula, el que ha dado en llamar el Presidente Uribe “confianza inversionista”, desde luego como la entiende él. Ellas, según esta propuesta “no tendrían que acogerse obligatoriamente al nuevo esquema” (14). Coincidimos con Rodrigo Botero en que “lo que hace atractiva la propuesta es que le abre camino a la reforma estructural laboral, precisamente porque no insiste en el objetivo inalcanzable de eliminar los parafiscales de inmediato” (15). A lo mejor lo intentarán después, pero no por ahora; ellos como el escritor y orador Carlista, Vásquez De Mella, podrán admitir “estar en el error, eso sí, firme”.
El gato escaldado
En todo caso, hay que estar precavidos para que no se repita la historia que está plagada de situaciones embarazosas, en las que medidas tan bien intencionadas como estas resultan desvirtuadas en la práctica. De allí la desconfianza con la que son recibidas propuestas como estas, dado que sucede igual que con el gato escaldado, el cual después de quemarse en una estufa caliente no se vuelve a subir a otra así esta esté helada. Y es que tenemos ejemplos al canto, veamos uno de ellos. A raíz de la norma expedida en la administración Pastrana para incentivar la generación de empleo productivo (16), en la declaración consolidada de renta para 1999 saltaba a la vista que el sector industrial llevaba implícito haber “creado” alrededor de 3.056 nuevos empleos, pero la Encuesta Nacional de Hogares del DANE los deenmascaró, al registrar que en lugar de aumentar la generación de empleo, lo que se dio fue una reducción de 16.504 plazas entre 1998 y 1999 lo cual terminó de corroborarse con la evolución de la tasa de desempleo para este último año. Esta fue una estratagema de los empresarios para acogerse a tal beneficio de la deducción de impuesto, por un monto aproximado a los $22.668 millones, que dejaron de pagar, metiéndole clavija al Estado, como lo pudo establecer la Contraloría General de la Nación (17). Por ello es fundamental ponerle dientes a la Ley para evitar que se le haga trampa al Estado, no vaya ser que nos quedemos con el pecado y sin la gracia.
La generación de empleo como política de estado
Finalmente, tenemos que decir que lo más rescatable de esta propuesta es su planteamiento en el sentido de “convertir la generación masiva de empleo formal en el objetivo central de la política económica, más bien que en el sub-producto de otro objetivo” (18). Ya lo había dicho Cecilia López, “tiene que eliminarse la dicotomía entre las políticas económicas y las políticas sociales, y el empleo es su vínculo natural” (19); es más, como dice ella “la creación de oportunidades de trabajo digno tiene que convertirse en una prioridad de la formulación de la política pública de los países. Esta es una decisión política y no sólo técnica” (20). De modo que dado el carácter crónico y estructural del desempleo y la incidencia de este en los alarmantes niveles de pobreza y exclusión, se impone la necesidad de un plan de choque para enfrentarlo en el que estén comprometidos tanto el sector público como el privado. Las políticas públicas deben tener en la generación de empleo un objetivo explícito y no debe ser el resultado de la supersticiosa creencia de que la mano invisible de Adam Smith se encargará de dicha tarea. Pero tal propósito sólo puede ser el resultado de un gran consenso nacional, término este que ha estado proscrito del lenguaje oficial en los últimos ocho años en este país, para hacer de la política de empleo una política de Estado.
Por fortuna con el fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la Ley mediante la cual se convocaba el referendo reeleccionista volvió a poner las cosas en su sitio, se restauró el Estado Social de Derecho e impidió que el fantasmagórico Estado “de opinión” se lo llevara de calle. Resuelta por parte de la Corte la encrucijada que tenía en su alma el Presidente Uribe, ya sabemos que su reelección no será posible ni en el 2010 ni en el 2014; ahora de lo que se trata es de no reelegir la onerosa “confianza inversionista” de las gabelas al gran capital y mucho menos la “cohesión social” como la ha entendido este gobierno, reduciéndola al humillante y envilecedor asistencialismo. Coincidimos con Botero y Caballo en que “la política social más efectiva es la creación masiva de empleo formal. Una fórmula de comprobada eficacia para reducir la incidencia de pobreza y elevar el bienestar de la población es promover el pleno empleo. Si se desea llevar a la economía colombiana hacia una trayectoria de bienestar social creciente, es necesario reformar aquellas políticas públicas que tienden a hacer inalcanzable el objetivo de lograr el pleno empleo” (21). Todo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Por lo tanto, rectificar es la opción!
Notas:
1) Amylkar D. Acosta M. Cuál cohesión social? Marzo, 7 de 2009/ El lastre del desempleo. Septiembre, 20 de 2009
2) ANIF. Informe Semanal. Enero, 25 de 2010
3) Idem
4) Amylkar D. Acosta M. Crecimiento sin empleo. Agosto, 1 de 2005/ Balance y perspectivas. Diciembre, 14 de 2009
5) Sentencia C – 481 de 1999
6) Ley 789 de 2002
7) Amylkar D. Acosta M. Recetando placebos. Febrero, 1 de 2010/ En qué quedamos por fin? Febrero, 12 de 2010
8) Amylkar D. Acosta M. Pescando en río revuelto. Abril, 9 de 2009
9) El Espectador. Febrero, 18 de 2010
10) Dinero. Editorial. Febrero, 19 de 2010
11) Portafolio. Enero, 23 de 2009
12) Fedesarrollo. Incentivos al empleo formal: una propuesta. Febrero, 1 de 2010
13) Idem
14) Idem
15) Dinero. Febrero, 19 de 2010
16) Ley 489 de 1999
17) Carlos Ossa E. Régimen tributario y déficit fiscal. Conferencia SEAP. Septiembre, 6 de 2001
18) Dinero. Rodrigo Botero Montoya. Febrero, 19 de 2010
19) Portafolio. Noviembre, 23 de 2004
20) El Nuevo Siglo. Octubre, 5 de 2005
21) Fedesarrollo. Febrero, 1 de 2010
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