En días recientes se ha discutido por diversos medios impresos, radiofónicos y audiovisuales la posibilidad de que exista una reforma fiscal. Lo anterior a consecuencia de que, actualmente, el gobierno enfrenta una escasez de recursos debido a que el precio del petróleo está en niveles bajos entre otras. El ejecutivo federal no ha hecho esperar y ha mandado una iniciativa de ley al poder legislativo para su aprobación intentando con esto resolver el problema financiero. Entre los principales puntos que contiene la reforma se encuentra un aumento del impuesto sobre la renta del 2% y un incremento a alimentos y medicinas de 2%, este último recaudado específicamente para el combate a la pobreza. En momentos en donde la economía no marcha bien la simple idea de un aumento a los impuestos parece risible.
El sistema fiscal mexicano se ha destacado a nivel internacional por ser uno de los peores. Según datos de la OCDE, México recauda alrededor de 18% del PIB, mientras que otros países recaudan aproximadamente el doble. Inclusive en Latinoamérica países como Brasil recaudan 10% más que México. En ese sentido podemos identificar a México con un país donde se pagan pocos impuestos. Esto nos lleva a la interrogante de sobre quién recae la carga tributaria en México.
La respuesta a la pregunta es sencilla. Dadas sus características socioeconómicas la clase media mexicana es la principal fuente de ingresos del gobierno. En primer lugar la mayoría de los trabajadores de clase media laboran en una empresa lo que los hace contribuyentes cautivos dado que en su condición de empleados es imposible evadir impuestos ya que las deducciones se hacen automáticamente al recibir su pago de nómina. En ese sentido un aumento al impuesto sobre la renta le cobraría más a los que ya están pagando dejando fuera otros grupos sociales que no contribuyen al erario.
Por otra parte según datos de la ENIG (Encuesta nacional de ingreso-gasto de las familias) podemos observar que el decil más pobre es el que menos dinero gasta en alimentos y medicinas, pero como proporción de sus ingresos estos productos son su mayor gasto. A su vez el decil más alto es el que mayor cantidad de dinero gasta en comida y medicamentos, pero la proporción de su ingreso que destina a tal fin es menor. En este sentido un incremento en los impuestos a estos bienes traería como resultado una disminución en el consumo de las clases bajas, pero una mayor recaudación dado que se le estaría cobrando a los que más gastan. Diversos investigadores sugieren que el efecto negativo de esta política fiscal sobre las clases más desprotegidas no sería tan pronunciado. En primer lugar este grupo maneja economías de autoconsumo donde cultivan sus propios alimentos y por otro su único acceso a salud es a través del IMSS o alguna otra institución que no están gravados por el gobierno.
Sin embargo existe otro problema que parece aún más grave. En efecto el gobierno necesita recursos para continuar con cierto nivel de gasto. Las condiciones de opacidad y poco acceso a la información que hay actualmente sobre el manejo de los recursos hacen poco creíble los fines para los cuales se pretende recaudar los nuevos impuestos. Es claro que a los ojos de la sociedad el gobierno goza un desprestigio brutal, poca legitimidad y poca credibilidad de que una reforma fiscal ayudará a combatir la pobreza y en general tener un mejor país.
En momentos en donde los recursos escasean es fácil tomar decisiones que van encaminadas a tomar la salida simple y cobrar más a las personas que actualmente ya están pagando. En ese sentido se antoja más que el gobierno enfrente de forma frontal el problema de la evasión fiscal cobrando impuestos a las grandes empresas nacionales y combatiendo la economía informal. La propuesta del gobierno federal nació muerta y no se le augura ningún futuro, sin embargo preocupa la poca visión de largo plazo de las autoridades actuales de no enfrentar el problema de fondo. Más bien se propone un remiendo a las condiciones actuales que se ve como una solución poco viable en largo plazo.
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