Los europeos que desconocen la realidad de Nicaragua debieron pensar que este país está cerca de ser el más desarrollado de Centroamérica, cuando la ministra de Gobernación nicaragüense, Ana Isabel Morales, dijo la semana pasada en Ginebra que el gobierno de Daniel Ortega ha conseguido logros sociales trascendentales.
Aseguró, por ejemplo, que la tasa de desempleo es del ocho por ciento de la población económicamente activa y que el Estado “procura la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses”.
Si la población en edad de trabajar es de 2.5 millones en Nicaragua, significa que sólo 200 mil de esos ciudadanos están sin trabajo, pero la mayoría, 2.3 millones están estables en términos laborales.
Diferentes economistas y centros de investigación han advertido que en Nicaragua el desempleo abierto es mayor que lo estimado por el gobierno y, algo importante, el empleo informal es predominante. Cada año 118 mil jóvenes nicaragüenses se integran al mercado laboral y la mayoría sólo encuentra opciones en el sector informal, según informes del Ministerio del Trabajo citados por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg).
Si no es así, porqué tantos nicaragüenses se interesan en emigrar. Comenzaron yendo a trabajar a Costa Rica y Estados Unidos, luego a Guatemala y El Salvador y ahora están entrando a España. Las encuestas periódicas de la empresa MyR han indicado en los últimos tres años que entre 50 y 60 por ciento de los nicaragüenses desean emigrar y señalan el desempleo como su problema principal.
Sólo alguien que vive mal en su país, que carece del empleo y el ingreso deseados, puede estar pensando en recomenzar su vida en otra nación, con todos los sacrificios y riesgos que implica dejar a la familia y permanecer indocumentado.
Al menos el 20 por ciento de la población de Nicaragua, más o menos 1.1 millones de habitantes, depende de las remesas de familiares en el exterior. Si no fuera por ese dinero, esos nicaragüenses tendrían mayores problemas para alimentarse, cubrir gastos de estudios de los hijos y recibir atención médica, porque en los centros asistenciales públicos las medicinas son escasas.
Sin embargo, la ministra Morales, quien representó al gobierno de Daniel Ortega en el primer Examen Periódico Universal (UPR) que le hacen a Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dio a entender que en este país se acabaron los motivos para que los ciudadanos emigren.
Expuso que ahora “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud” y lamentó que Nicaragua haya sido víctima durante 16 años (1990-2006) “de un sistema que limitó a todo un pueblo del pleno goce de sus derechos”, por lo que “la pobreza imperó” y miles de nicaragüenses fueron “obligados a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida”.
Lo que olvidó decir es que en 1990, cuando Ortega fue sacado del poder la primera vez, después de gobernar diez años, Nicaragua quedo en la ruina económica. El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, que en 1980 era de 914 dólares, había caído a 582 dólares; y la migración de nicaragüenses, que en los años 80 fue en promedio de 40 mil personas por año, se elevó a partir de 1990 por la miseria y porque los ciudadanos, en especial los jóvenes, recuperaron la libertad de salir del país de forma legal. Fue en los años 90 que la economía volvió a crecer.
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