La Organización Internacional del Trabajo y la provincia realizarán un diagnóstico sobre la realidad del trabajo informal la provincia. En una primera etapa elaborarán una encuesta para detectar las condiciones de vida de los empleados en negro del ámbito privado, urbano y rural, y a partir de allí delinear políticas que apunten a su erradicación.
La Organización Internacional del Trabajo y la provincia realizarán un diagnóstico sobre la realidad del trabajo informal la provincia. En una primera etapa elaborarán una encuesta para detectar las condiciones de vida de los empleados en negro del ámbito privado, urbano y rural, y a partir de allí delinear políticas que apunten a su erradicación.
La primera etapa es de diagnóstico y luego de ello recién se comenzará a materializar el trabajo conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno provincial, que apunta a erradicar -o al menos disminuir- situaciones de trabajo irregular en el sector privado. Esto incluye trabajo en negro, trabajo forzado y trabajo infantil.
Se trata de un covenio firmado -el viernes pasado- por el gobierno local y la oficina de la OIT de Argentina, con sede en Buenos Aires, por el cual el organismo internacional hará su aporte intelectual y técnico, vinculado a los aspectos laborales y las políticas públicas tendientes a combatir prácticas irregulares que deberían implementarse en la provincia.
La primera etapa, de diagnóstico, estará concluída en marzo y se espera que en la tercera semana de ese mes, en ocasión de un foro, se expongan los resultados de ese análisis detallado de la situación laboral en el sector privado de toda la provincia.
"Una vez que tengamos el diagnóstico definiremos cuáles son los pasos a seguir, qué acciones tendremos que aplicar para luchar contra esto", señaló el ministro de Producción, Raúl Merca.
De acuerdo a la información dada por Mercau, la etapa de diagnóstico consta de la elaboración de una encuesta de condiciones de vida, que incluirá a toda la provincia. Es decir que con esto se profundizará sobre los datos que quedan afuera de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En esa encuesta se pondrá atención en el área urbana y rural con igual profundidas, y se indagará sobre las características de la informalidad de los trabajadores en particular y de los sectores en general.
"Pondremos atención al género, a los sectores productivos, a la edad de las personas", entre otras cosas, ejemplificó Mercau, al momento de explicar que se trata de un trabajo "territorial", para conocer la verdadera matriz del trabajo informal en la provincia.
En tanto, Mercau explicó que se trabajará sobre la informalidad laboral en el sector público y no el privado debido a que las condiciones en ambos son "totalmente diferentes", y que en el caso del Estado no está vinculado a la explotación -como suele darse en algunos casos del ámbito privado-, sino que tiene que ver con flexibilización y ajustes presupuestarios.
Por su parte, el el director de la oficina de la OIT en la Argentina, Javier González Olaechea, admitió que Argentina -y Mendoza- no cumple todas las normas impuestas por el organismo.
Mucho de ello, dijo, tiene que ver con el trabajo infantil, que "es una gran preocupación porque todavía no está erradicado" y con trabajos forzados, entre otros.
"Mendoza es una provincia asimétrica, tiene muchas realidades", expresó González Oelechea, quien agregó que con este convenio apuntan a que Mendoza tome el camino correcto para reducir su déficit en cuanto a la informalidad laboral, aumentar inversiones y hacer sostenible el empleo.
Políticas inversas
A pesar de que el director de la oficina de la OIT en Argentina evitó dar opiniones respecto a las políticas de empleo actuales, tanto a nivel nacional como local, dejó entrever que -a su criterio- vamos por el camino equivocado.
Según González Oelechea, en una época de crisis los gobiernos deben reducir las cargas impositivas para los empleadores, en lugar de aumentarlas (como sucede en Argentina) para hacer sostenible el empleo y atraer más inversiones que generen mano de obra.
Por otra parte, señaló que el empleo en negro en el ámbito público corresponde a un “problema estructural”, en el que los gobiernos deben trabajar para revertir.
Se trata de un covenio firmado -el viernes pasado- por el gobierno local y la oficina de la OIT de Argentina, con sede en Buenos Aires, por el cual el organismo internacional hará su aporte intelectual y técnico, vinculado a los aspectos laborales y las políticas públicas tendientes a combatir prácticas irregulares que deberían implementarse en la provincia.
La primera etapa, de diagnóstico, estará concluída en marzo y se espera que en la tercera semana de ese mes, en ocasión de un foro, se expongan los resultados de ese análisis detallado de la situación laboral en el sector privado de toda la provincia.
"Una vez que tengamos el diagnóstico definiremos cuáles son los pasos a seguir, qué acciones tendremos que aplicar para luchar contra esto", señaló el ministro de Producción, Raúl Merca.
De acuerdo a la información dada por Mercau, la etapa de diagnóstico consta de la elaboración de una encuesta de condiciones de vida, que incluirá a toda la provincia. Es decir que con esto se profundizará sobre los datos que quedan afuera de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En esa encuesta se pondrá atención en el área urbana y rural con igual profundidas, y se indagará sobre las características de la informalidad de los trabajadores en particular y de los sectores en general.
"Pondremos atención al género, a los sectores productivos, a la edad de las personas", entre otras cosas, ejemplificó Mercau, al momento de explicar que se trata de un trabajo "territorial", para conocer la verdadera matriz del trabajo informal en la provincia.
En tanto, Mercau explicó que se trabajará sobre la informalidad laboral en el sector público y no el privado debido a que las condiciones en ambos son "totalmente diferentes", y que en el caso del Estado no está vinculado a la explotación -como suele darse en algunos casos del ámbito privado-, sino que tiene que ver con flexibilización y ajustes presupuestarios.
Por su parte, el el director de la oficina de la OIT en la Argentina, Javier González Olaechea, admitió que Argentina -y Mendoza- no cumple todas las normas impuestas por el organismo.
Mucho de ello, dijo, tiene que ver con el trabajo infantil, que "es una gran preocupación porque todavía no está erradicado" y con trabajos forzados, entre otros.
"Mendoza es una provincia asimétrica, tiene muchas realidades", expresó González Oelechea, quien agregó que con este convenio apuntan a que Mendoza tome el camino correcto para reducir su déficit en cuanto a la informalidad laboral, aumentar inversiones y hacer sostenible el empleo.
Políticas inversas
A pesar de que el director de la oficina de la OIT en Argentina evitó dar opiniones respecto a las políticas de empleo actuales, tanto a nivel nacional como local, dejó entrever que -a su criterio- vamos por el camino equivocado.
Según González Oelechea, en una época de crisis los gobiernos deben reducir las cargas impositivas para los empleadores, en lugar de aumentarlas (como sucede en Argentina) para hacer sostenible el empleo y atraer más inversiones que generen mano de obra.
Por otra parte, señaló que el empleo en negro en el ámbito público corresponde a un “problema estructural”, en el que los gobiernos deben trabajar para revertir.
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