Un nuevo informe hecho público por el Eurostat ha vuelto a poner de manifiesto el rápido envejecimiento que experimenta la población eurpoea. Según este organismo, el 32% de la población española será mayor de 65 años en 2060, casi el doble que ahora, y se espera que el número de personas de más de 80 años supere el triple en esa misma fecha.
Quiero recordar con esto que la crisis no ha reducido el envejecimiento de la población y que, por tanto, la actividad socioasistencial resulta necesaria. Los países nórdicos son los que más y mejor están trabajando por el sector de las personas dependientes y de ellos tenemos que aprender. El desarrollo de la Ley de Dependencia tiene que convertirse en uno de los motores para salir de la crisis. Su puesta en marcha es und esafío para el Gobierno nacional y las comunidades autónomas.
No olvidemos que el 35% de las personas reconocidas como beneficiarias está a la espera de recibir algún tipo de prestación en Asturias, según los datos, a 1 de septiembre del Imserso.
Somos muchos los que consideramos que constituye una fuente de creación de empleo, hasta el punto de que cuando se aprobó dicha ley, las primeras valoraciones que hicimos la elevábamos a 300.000 los puestos de trabajo que se podrían impulsar con este marco regulatorio. El problema radica en que la Ley de Dependencia no goza ni del desarrollo que reclamábamos ni el que pedía la sociedad en general. Si queremos que el SAAD se convierta en el cuarto pilar del Estado de bienestar tiene que haber un dispositivo asistencial con el aval de un equipo profesionalizado.
El Gobierno del Principado tiene tres asuntos muy importantes encima de la mesa. El primero, ser fiel a la Ley de Dependencia y reducir la incidencia del cuidador informal o familiar para los casos que requieren otro tipo de asistencia profesional, ya no sólo residenciales, sino también complementarios como centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia. Un asunto en el que empresarios y sindicatos defienden la misma postura.
En segundo lugar, impulsar y colaborar en la búsqueda de una solución a la financiación de la ley. Resulta vital que se aporten nuevos recursos con el fin de evitar retrasos en laprestación de servicios, en un sector que es generador de empleo intensivo, que provoca retorno social y económico, que ayuda a reactivar otros sectores como la alimentación, la tecnología y la construcción y que, además, reduciría la factura sanitaria.
Y, por último, debe agilizar la implantación de la ley, para reducir las listas de espera y desarrollar otros aspectos de la norma como la prevención de la dependencia, la coordinación sociosanitaria y poner en marcha la Ley de Calidad de los Servicios Sociales que figura en el Pacto de Gobierno. Es preciso terminar de crear una red pública integradora -imitando al modelo norte-europeo- que garantice la libertad de elección de plaza, la cobertura geográfica y la atención profesional de calidad para todos.
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